La Red Nacional de Abogadas Indígenas -Capítulo Oaxaca- denunciaron a las autoridades de Santo Domingo Teojomulco, encabezadas por el edil Otoniel Cruz Díaz por haber sentenciado injusta y arbitrariamente a Érika Marina Díaz Martínez, a 15 años de prisión, ordenando que además pague 10 millones 546 mil 020 pesos en un plazo máximo de seis meses.
El organismo feminista, señaló que Érika fue retenida ilegalmente en la cárcel municipal desde hace 5 meses, acusada de desviar recursos provenientes de la administración de una gasolinera comunitaria de la que estaba encargada.
Explicaron que el pasado 23 de octubre, el munícipe junto con un supuesto auditor designado por él de nombre Mesinas Quero en asamblea comunitaria, resolvieron mantener encarcelada a Erika junto con Rubén Gutiérrez Silva a quien también acusan de desviar recursos de la misma gasolinera, imponiéndole una multa de un millón 595 mil 727 pesos, para ser pagados en un plazo máximo de seis meses.
No obstante, el organismo promotor de los derechos humanos de las mujeres, señaló que a ambos acusados se les impidió presentar las pruebas que acreditan que no hubo tal desvío de recursos y por el contrario se negaron a presentar una demanda formal y llevarlos a juicio, argumentando que por “usos y costumbre” resolverían directamente el caso.
La Red Nacional de Abogadas Indígenas denunció que las autoridades municipales no han rendido un informe a la comunidad sobre el monto que genera la venta de combustible ni tampoco a qué se destinan esos recursos, sin embargo rechazan informar para que solicitaban dinero en efectivo a quienes acusan ahora de desviar recursos de la comunidad.
Para las abogadas indígenas es un claro ejemplo de injusticia, “quieren culpar a quien sea, en este caso a los ex administradores usándolos como chivos expiatorios, tomando en cuanta que existe documentación que comprueba los movimientos financieros entregados, sin tener injerencia en el uso y aplicación de los recursos obtenidos en el referido negocio”.
Por ello, exigieron que los acusados sean liberados y en su caso denunciados ante las autoridades competentes para que se lleve un juicio legal, justo, expedito donde tengan oportunidad de exponer documentos que comprueban su inocencia.
