-No existen argumentos reales para que permanezcan en el Zócalo, a pesar de ser beneficiados con más de 50 mdp
-Dueños de viviendas, terrenos, invernaderos y hasta registro de marca como “Huipil Rojo”, para ellos es insuficiente, pretenden eternizarse
Cobijados por las medidas cautelares emitidas en 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las y los líderes triquis autodeclarados “desplazados” de San Juan Cópala, han hecho del chantaje su modus operandi para “vivir” a costa del gobierno de Oaxaca.
Sus privilegios, abusos y caprichos les han permitido fácilmente “amasar” propiedades (casas, locales comerciales y terrenos), equipos para la instalación de talleres de costura, carpintería, instalaciones para la cría de mojarra tilapia, un invernadero – que se encuentra abandonado- despensas, vehículos y dinero en efectivo, durante los últimos 11 años, de acuerdo con documentos y testimoniales en poder de Primera Línea MX.
La historia de los “desplazados” de San Juan Cópala, comenzó cuando el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) -primera organización indígena que surge en México en 1981- se divide y los inconformes crean el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), quienes acusan a los dirigentes del movimiento inicial de estrechar su relación con los gobiernos del PRI.
Los del MULTI establecen una alianza con la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), -organización creada por el PRI para contrarrestar el poder que habían adquirido los primeros- y declaran “autónomo al municipio de San Juan Copala”, sin embargo, poco tiempo después los del Ubisort rompen su alianza con el MULTI e ingresan violentamente al lugar dejando sin servicios a los habitantes de San Juan Copala.
Los tres grupos armados -se acusan de ser paramilitares- y sus enfrentamientos terminaron por asesinar a 25 de sus pobladores y dirigentes además de reportarse decenas de heridos entre el 2006 y el 2010.
Esta violencia excesiva propició que las y los habitantes de Copala y comunidades aledañas -todos- militantes del MULTI, huyeran del lugar y así llegaron a acampar por tiempo indefinido afuera del Palacio de Gobierno de la capital.
Es entonces cuando a propuesta de otras organizaciones sociales de Oaxaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al Estado Mexicano la adopción de medidas cautelares de derechos humanos para “proteger la vida y la integridad personal de 135 habitantes”, además de investigar los hechos que propiciaron su salida.
En enero de 2011, la misma CIDH emite una nueva resolución en la que solicita además “adoptar las medidas cautelares necesarias para brindar asistencia humanitaria a las personas beneficiarias, quienes se encontraban en situación de desplazamiento y para garantizar su retorno a San Juan Cópala en condiciones de dignidad y seguridad”.
LOS ENGAÑOS DE LOS LÍDERES “DESPLAZADOS”
Reyna Martínez Flores y Marco Albino Ortiz; Lorena Merino; Braulio Hernández Hernández; Jesús Martínez Flores en alianza con Fausto Merino Merced, se erigieron como líderes de los cuatro grupos que conforman a las y los “cautelados”, quienes han recurrido a todo tipo engaños para obtener prebendas y privilegios, argumentando ser víctimas.
Desde el inicio recurrieron al uso de nombres duplicados, ficticios y hasta de personas fallecidas a fin de “inflar” los censos de beneficiarios.
Reyna y Albino, quienes inicialmente habían sido los primeros representantes oficiales, recibieron apoyos de ayuda humanitaria para el total de 135 beneficiarios, para lo cual presentaron la lista, sin embargo, solo otorgaron recursos a 41 personas del total a la CIDH, de acuerdo con los recibos y testimonios, se quedaron con el resto de dinero, por eso los desconocieron y se formaron nuevos subgrupos.
Ante esta situación y después de 4 años de un plantón permanente, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, a través de la secretaría general, realizó un censo en 2014 para identificar y aplicar las medidas dictadas por la CIDH.
De las 135 personas que inicialmente se registraron, únicamente 102 eran de San Juan Copala, por lo que se redujo la cifra a 108 cautelados y se corroboró que en los 4 distintos grupos había personas que no eran beneficiarias.
El Estado Mexicano acordó que para resolver de forma duradera y definitiva la situación que dio origen a las medidas cautelares de las y los “desplazados” debía de proporcionar apoyos para la construcción o mejoramiento de viviendas a todos, después de realizar un nuevo censo.
Sin embargo, antes de lograrlo, el gobierno de Oaxaca habría erogado ya un promedio de 5 millones 223 mil 608 millones de pesos solo en rentas de viviendas y locales comerciales para todos los dirigentes en un periodo de siete años distribuidos de la siguiente manera:
Un millón 813 mil 368 pesos al alquiler de una casa habilitada como albergue para las 60 personas cauteladas y sus familias que representaba Braulio Hernández Hernández así como la renta de un local equipado para taller de carpintería y otro de costura desde el 2013 al 2020.
Además de que las materias primas para ambos talleres fueron proporcionadas gratuitamente por las autoridades estatales.
Otro pago por un millón 008 mil pesos fue destinado a la renta de una vivienda-albergue y un local comercial asignado a Reyna Martínez Flores. Adicionalmente, en el domicilio del padre de esta dirigente se instaló un taller de carpintería equipado y se mandó construir una barda frontal y un portón metálico “por seguridad” pagado con recursos del erario. Además, se amplió la red de energía eléctrica para que Jesús -hermano de Reyna- tuvieran luz.
Otros 112 mil pesos por la renta de una casa en beneficio del dirigente Marcos Albino Ortíz del periodo 2015 al 2020.
Entre 2011 y 2012 el Estado ya había otorgado 150 mil pesos por concepto de resarcimiento o “apoyo inicial humanitario” a 41 beneficiarios de este mismo grupo con lo cual se instalaron en domicilios particulares ubicados en Santa Cruz Xoxocotlán, esto es un monto total de 6 millones 150 mil pesos.
LORENA MERINO BENEFICIADA CON 2.29 MILLONES DE PESOS
Al grupo de Lorena Merino el gobierno estatal le ha pagado del 2013 al 2020, dos millones 290 mil 240 pesos por concepto de renta de una vivienda-albergue y un local comercial.
Aunque la dirigente sigue viviendo desde el 2010 en Santiago Juxtlahuaca, donde es la propietaria de una casa, sigue usando el costado del Palacio de Gobierno para vender productos y pretende que el Estado le compre otros 40 lotes de terreno para personas totalmente ajenas al conflicto del 2010.
De 108 beneficiados con medidas cautelares, la cifra disminuyó a 103 luego del fallecimiento de 5 personas. En un nuevo censo realizado en 2018, a fin de obtener un lugar donde vivir, solo se reinscribieron 67.
El resto – de acuerdo con documentos oficiales- ya cuenta con casas y viven en San Antonio de la Cal, Santa Cruz Xoxocotlán, Huajuapan de León, Juxtlahuaca, Querétaro, Ciudad de México, Baja California y Estados Unidos, 16 familiares de la dirigente Reyna Martínez y Marcos Albino Ortiz, así como cinco familiares de Lorena Merino se niegan a aceptar cualquier acuerdo y se mantienen ocupando los corredores de Palacio de Gobierno.
Las y los dirigentes han recibido todo lo solicitado, pero insistieron en permanecer y seguir “amasando” fortunas.
A CABALLO DADO… SÍ LE VEN COLMILLO
Entre los beneficios obtenidos, durante el periodo 2013 al 2020, el gobierno estatal entregó a los 108 cautelados y sus familias un total de 20 mil 392 despensas, cada una, con productos calculados para suministrar alimentos hasta para cinco personas mensualmente.
Adicionalmente, se otorgaron dotaciones complementarias en una segunda despensa que incluía además de abarrotes, productos de aseo personal y dinero en efectivo para pago de tortillas, tanques de gas y agua embotellada.
Las despensas se repartían no solo para las y los beneficiarios en la capital, sino que también se hacían llegar a las personas “cauteladas” que habían decidido regresar voluntariamente a sus comunidades de origen como Juxtlahuaca, y posteriormente a quienes firmaron convenios para comprar terrenos y reubicarse en Huajuapan de León, Zaachila, Santa Cruz Xoxocotlán, entre otras.
De manera que en el actual sexenio de Alejandro Murat Hinojosa se contabilizaron hasta el 2020, otras 4 mil 800 dotaciones adicionales para este grupo.
A partir de la llegada de Murat y hasta el 2020, se habían asignado mensualmente a través de los líderes apoyos económicos (cheques nominales) por un monto total 12 millones 139 mil 297 pesos para adquirir alimentos e insumos complementarios o adicionales.
Lo anterior ante las quejas, rechazo y hasta la confrontación de los liderazgos con los servidores públicos encargados de entregarlas, pues priorizaban ciertas marcas en vez de los productos, “sino las contenían las rechazaban”. De acuerdo con testimoniales registrados en informes de la época, muchas de las despensas se acumulaban “sin sentido”.
Para las 60 personas y sus familias representadas por Braulio Hernández Hernández se destinaron durante 3 años del gobierno de Gabino Cué, mil 617 despensas. Mientras que, en el actual sexenio, recibieron 8 mil 952 despensas, así como 3 millones 414 mil 546 pesos para la adquisición de alimentos e insumos complementarios, hasta el año 2020.
Al grupo de Reyna Martínez integrado por 24 personas -del 2013 al 2016- se le otorgaron 796 despensas a través del programa de asistencia alimentaria. En el sexenio actual fueron entregadas mil 440 despensas complementarias. Así como 3 millones 661 mil 223 pesos hasta 2019, adicionales para insumos, incluyendo materiales para el taller de carpintería.
LORENA MERINO EXIGE ENTREGA DE 40 LOTES
Del grupo de 7 personas cauteladas y sus familias, esto es unas 40 personas en promedio, representadas por Lorena Martínez Merino o Lorena Merino Martínez, del 2013 al 2016, solamente aceptaron a 231 despensas.
De acuerdo con la documentación que dio seguimiento a las medidas cautelares se informó que de las 41 dotaciones alimenticias que se repartían a través de Merino Martínez únicamente 4 se entregaban en una casa-albergue, tres más para beneficiarios radicados en Juxtlahuaca y el resto se resguardan cada mes, debido a su rechazo sistemático para recibirlas, argumentando que se encuentra en desacuerdo con el contenido. Por ello, del 2017 al 2020 -fecha del reporte- se tenían bajo resguardo mil 920 despensas.
El mismo documento, destacó que Lorena Merino privó de su libertad a dos trabajadoras del gobierno cuando acudieron a realizar la primera entrega de despensas al albergue habitado por el grupo que representa, y aunque fueron liberadas horas después por elementos de la policía estatal, se interpuso la denuncia correspondiente iniciándose la carpeta de investigación 3990/DF/ZC/2017.
En cuanto al apoyo económico para la adquisición de despensas complementarias se ha negado a recibirlo, luego de manifestar que lo hará hasta que se le otorguen 40 lotes de terrenos para “personas que la respaldan” que no son desplazadas ni beneficiarias de las medidas cautelares.
Por lo que “este monto que no recibió Lorena es del cheque complementario para otros insumos además de las despensas (un monto aproximado de 2 millones 276 mil pesos) se encuentran resguardados por el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría General de Gobierno”.
María Juana Santiago, quien era integrante del grupo de Merino, aceptó recibir además de las despensas, el apoyo económico complementario por un monto de un millón 552 mil 872 pesos, del 2017 al 2019, de acuerdo con registros oficiales.
En cuanto a las medidas de alimentación otorgadas al grupo de 12 personas cauteladas representadas por Jesús Martínez Flores, quien se decía presidente del municipio autónomo de San Juan Copala y Fausto Merino Merced, recibieron en el gobierno de Gabino Cué, 396 despensas y durante el sexenio actual 240 despensas y adicionalmente un millón 234 mil 656 pesos para comprar alimentos complementarios e insumos personales.
BARRIL SIN FONDO BOLSILLOS DE LAS Y LOS DIRIGENTES, RECIBEN MÁS DINERO Y PROPIEDADES
Con el ánimo de concluir las demandas adoptadas por la CIDH, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda se realizó una propuesta de construcción de un fraccionamiento para las 42 familias inscritas en un nuevo censo en 2018, en inmediaciones de Santa Cruz Xoxocotlán con una inversión de un millón 123 mil 610 pesos.
El proceso de construcción fue detenido al poco tiempo, por las autoridades municipales y agrarias, luego de cancelar los permisos debido a que los vecinos manifestaron su inconformidad al considerar que “los tiquis” son personas violentas y conflictivas.
Se intentó trasladar el mismo proyecto a otra zona en el mismo municipio, sin embargo, los esfuerzos fracasaron bajo los mismos argumentos.
El Estado Mexicano acordó en 2018 a propuesta del grupo mayoritario de beneficiarios de Braulio Hernández (quienes nunca estuvieron en el Palacio de Gobierno y no instalaron puestos de venta) que para resolver de forma duradera y definitiva la situación que dio origen a las medidas cautelares de las y los “desplazados” debía de proporcionar apoyos para la construcción o mejoramiento de viviendas a todos, después de realizar un nuevo censo.
Por ello finalmente se acordó la entrega de 240 mil pesos para cada una de las familias, cantidad destinada para la construcción, ampliación o mejoramiento de una vivienda para cada una de las personas beneficiadas, aportados en partes iguales por los gobiernos federal y estatal.
De esta forma, en diciembre de 2020, se hicieron entrega de los recursos, donde los beneficiarios firmaron el levantamiento de la medida cautelar, aceptando esta última intervención como solución duradera para concluir el proceso de “desplazamiento”.
De hecho, de acuerdo con los principios rectores de la ONU, en materia de desplazamiento, los “cautelados”, dejaron de ser “desplazados” a partir de que recibieron un lugar donde reubicarse: casas y terrenos entregados desde el 2015.
A pesar de las acciones descritas, solamente 12 personas encabezadas por Reyna Martínez, Sergia Cepeda, así como Jesús Martínez y Fausto Merino Merced -quien además de tener una vivienda propia cuenta con una concesión de taxi- rechazaron la entrega de una casa porque prefieren seguir vendiendo en los corredores de Palacio de Gobierno, y de acuerdo con el testimonio de otros cautelados “creen que pueden obtener más apoyos si se quedan”.
Tanto Reyna Martínez como Sergia Cepeda, ahora también han comenzado a “asesorar” a otras organizaciones para “seguir saqueando las arcas públicas”, e intenten la misma ruta del chantaje so pretexto de tener “conflictos”.
Y es que, a los liderazgos de los cuatro grupos, a lo largo de 11 años les hicieron entrega de vehículos para facilitar sus traslados, incluyendo un monto de 16 millones 500 mil pesos por concepto de ayuda humanitaria (150 mil pesos a cada uno de los 110 beneficiarios a través de sus representantes), el pago de servicios funerarios por un monto de un millón 362 mil pesos.
CLAN DE REINA MARTÍNEZ LE DIERON HASTA PARA INVERNADERO Y REGISTRO DE MARCA
A estos gastos se suma la gestión a través de la Secretaría de Turismo para la obtención de un manual de identidad corporativa y el registro de marca “Huipil Rojo” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que cambio de nombre al de Reyna Flores, dirigente del grupo.
A este “clan” de Reyna Martínez también se le brindaron 360 mil pesos para la instalación de un invernadero y un huerto de mil 600 metros cuadrados, que actualmente se encuentra -abandonado- sin producción.
Mientras que a “capricho” de Lorena Martínez, se le realizaron adecuaciones a la casa-albergue a su cargo para instalar el cultivo de mojarra tilapia, y posteriormente el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo (Icapet) brindó cursos para que tuvieran los conocimientos básicos para estos cultivos.
En el rubro de justicia, después de 11 años, se han concluido procesos condenatorios en dos causas penales, se han cumplimentado 3 órdenes de aprehensión para presuntos responsables de asesinatos en San Juan Copala y según registros de autoridades judiciales del sexenio anterior, faltan aún por ejecutarse órdenes de aprehensión contra otros cinco presuntos responsables.
Ambos sexenios enviaron a la Secretaría de Gobernación y a la Cancillería múltiples registros del cumplimiento de las medidas cautelares, donde señalan que no existen incidentes delictivos contra esta población protegida, pero “seis de los beneficiarios si cuentan con un registro en calidad de imputados por diversos delitos.
Alegan ser inmunes a sanciones de carácter administrativo o penal, y que su posible detención o la imposición de alguna sanción en su contra implicaría el incumplimiento de las medidas adoptadas por la CIDH”.
Cabe resaltar que, en un oficio enviado a los líderes cautelados, desde el 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, signado por la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi-Mershed, aclaró que “se decidió no otorgar su solicitud de ampliación del objeto de las medidas cautelares en el sentido de exhortar al Estado mexicano para que se le otorgaran permisos a los beneficiarios para vender sus productos artesanales en el corredor de Palacio de Gobierno de Oaxaca”. Les fue negado, pero venden sus productos.
No obstante, las presidencias municipales de José Antonio Hernández Fraguas y Oswaldo García Jarquín otorgaron un permiso para que 7 personas cauteladas pudieran vender sus mercancías en un mercado público al momento de levantarse las medidas cautelares. Estaría en manos del actual edil municipal, Francisco Martínez Neri ratificar o no esos permisos.
Dos administraciones de gobierno (Gabino Cué y Alejandro Murat) más 50 millones de pesos recibidos en diversos beneficios, sin considerar salarios de personal de todas las áreas de gobierno vinculados a una atención especializada, además de sueldos de elementos de la policía estatal encargados de salvaguardar su integridad, combustibles, atención a la salud, compra de medicamentos, así como dotación de útiles escolares a los menores, parecen insuficientes acciones para levantar las medidas cautelares emitidas a lideres que no solo se han excedido en los beneficios obtenidos sino que pretenden perpetuarse y heredar sus privilegios eternamente.
