Autoridades de Oaxaca “desacataron” sentencia
Organizaciones a favor de los derechos humanos, representantes legales y familiares de los integrantes de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, denunciaron la falta de interés y voluntad política por parte de autoridades federales y estatales para cumplir la sentencia 51/2020 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la desaparición forzada.
Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, expuso que el incumplimiento de esta resolución, “evidencia el nulo respeto que existe por los ordenamientos judiciales que son emitidos por la que se supone es la máxima instancia de procuración de justicia en el país, y que se emitió el pasado 5 de noviembre, cuando se cumplió el plazo de 30 días establecido en la sentencia”.
Señaló que prevalece “la impunidad que pesa sobre los cuerpos castrenses en casos de desaparición forzada como en muchos otros crímenes es casi absoluta, y eso se debe a que de facto en el país existe un manto de protección transexenal para aquellos que valiéndose de su cargo han detenido y desaparecidos a miles de personas sin que sean investigados y sancionados”.
Consideró que como muestra está el caso de los 43 normalistas detenidos desaparecidos por el ejército y el caso concreto de familiares de Gabriel y Edmundo, que en la sentencia ordenada por la Suprema Corte ha señalado la participación del Ejército en su detención desaparición y que hoy, a pesar de la sentencia, sigue siendo la instancia más renuente a ser investigada y a cumplir lo establecido en este mandato judicial.
Ante este desacato en el que han incurrido las autoridades federales y del estado de Oaxaca, hasta el día de hoy 16 de noviembre, “queremos informar que como familiares, y representantes legales, hemos interpuesto un escrito por incumplimiento de la sentencia ante el Juzgado Cuarto de Distrito para que haga lo pertinente a fin de establecer la responsabilidad de las autoridades que a más de 3 meses de haber sido emitida y al haberse cumplido el plazo ordenado por la SCJN no han acatado dicha sentencia”, precisó.
Enunció que hasta el día de hoy el Secretario de la Defensa Nacional no ha cumplido con la medida consistente en publicar por una sola ocasión un extracto de la sentencia en un diario de circulación nacional, derivado de la violación grave a los derechos humanos de ambas víctimas de desaparición forzada.
Además explicó que no se ha podido realizar la toma de declaración, por parte de la agente del Ministerio Público de la Federación, de los mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en el estado de Oaxaca, cuando se registró la desaparición.
Lo anterior -manifestó- porque el Secretario de la Defensa Nacional no ha cumplido con su obligación de colaborar con la Fiscalía General de la República a fin de proporcionar la información respecto a las personas que ocupaban dichos cargos, y su estatus en dicha corporación, a fin de que comparezcan dentro de la averiguación previa.
Enfatizó que también incurrió en incumplimiento la agencia del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República.
“Solamente ha publicado en la página principal de internet de la Fiscalía General de la República, 6 de 45 tomos de la investigación de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M26/210/2016, las cuales deberán ser actualizadas semanalmente, a fin de que la autoridad pueda testar los nombres de los servidores públicos que participaron en los hechos con motivo de los cuales desaparecieron los quejosos hasta en tanto no haya sentencia ejecutada en la que se declare su responsabilidad penal”.
Así en lo referente a las autoridades del estado de Oaxaca que incumplieron se encuentra el Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal General, así como el Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del Municipio de Oaxaca de Juárez, luego de que la sentencia de amparo ordenó publicar por una sola ocasión en un periódico de circulación estatal en el Estado un extracto de la resolución del amparo.
“Para esto las autoridades responsables deberán allegar el original o copia certificada del periódico en que se haya publicado el extracto de la determinación. Asimismo, deberá comunicarse lo anterior al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, así como al Gobernador del Estado. Lo cual no han hecho hasta el momento”.
En cuanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que ha incumplido con la medida de satisfacción, consistente en la inscripción de los dos quejosos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en el Registro Nacional de Víctimas.
Así como tampoco se ha cumplido con la medida de satisfacción referente a brindar la atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada a las víctimas indirectas Nadin Reyes Maldonado y Eduwigis Margarita Cruz Sánchez.
Subrayó que a más de un mes de haber sido notificadas las diversas autoridades y de haberse cumplido el plazo estipulado en la sentencia sólo se ha podido concretar y cumplir la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda, “sin embargo aún no existe el plan integral de búsqueda para el caso, por lo que este se deberá concretar a la brevedad”.
Por ello, exigió una vez más a la Sedena y a las diversas autoridades señaladas que cumplan con lo ordenado a fin de agilizar el proceso de búsqueda e investigación del caso, y al Juzgado Cuarto establecer las medidas de apremio que sean necesarias para hacer cumplir con lo ordenado.
Por último, convocó a una marcha que se realizará este viernes 18 de noviembre que partirá a las 11:00 am del Ángel de la Independencia al Zócalo, a fin de exigir justicia y la aparición de Gabriel y Edmundo.
