-Brotan diversas formas de contratación sin sustento legal ni presupuestal por el #CártelDePlazas
-Preparan denuncias administrativas y penal, advierte la Consejería Jurídica
-Ningún patrón tiene derecho a retener salarios ya devengados, porque éstos no son moneda de cambio y mucho menos materia de chantaje, señalan abogados
Con la utilización de diversos mecanismos ilegales fueron sembrados contratos para dejar en distintas dependencias del gobierno de Oaxaca a personal de la pasada administración, acto que podría ser denunciado administrativa y penalmente sostuvo el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero luego de señalar que tan solo en dos instituciones: IEBO y Defensoría Pública se han contabilizado 298 plazas sin sustento legal ni presupuestal.
Aunque pueden sumar hasta mil espacios similares en toda la administración estatal, adelantó el funcionario público.
En entrevista con Primera Línea MX, expresó que ante el compromiso de combatir actos de corrupción, se han dado a la tarea de investigar y verificar el estatus de contratos y plazas en toda la administración pública, persona por persona, donde se han detectado contratos colectivos signados de última hora de forma irregular, se aumentó el presupuesto en nóminas, o bien cuando de un día para otro quienes eran directores pasaron a ser sindicalizados de forma inmediata.
Expuso que al revisar junto con la secretaría de administración la situación irregular denunciada por las y los propios trabajadores con la entrega de plazas tan solo en el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), las irregularidades “representarían 17 millones de pesos en el gasto, lo que dejaría inmóvil a esta instancia porque mas de mil plazas quedarían todas basificadas.
El consejero jurídico acusó que en otros casos dejaron personas afines al PRI, que son activistas o que dieron pagos para que les dieran plazas, es decir la compra-venta de las mismas, y luego de hacer un cotejo de nóminas después de que perdieron la elección en junio, se observó que se incrementaron en septiembre en algunas dependencias porque dejaron plazas sembradas, “hasta los sindicatos saben porque tienen la operatividad de las dependencias, conocen quiénes eran jefes y ahora ya son personal basificado”.
Al comentar que con esta revisión puntual a principios del año entrante tendrán un diagnóstico más claro de cada institución, señaló que otra modalidad detectada fue la de hallar contratos por tiempo indeterminado, “se supone que daban contratos por cada 3 meses, de pronto dejaron de darlos y metieron otros sin plazos, por lo que también seguiremos una ruta legal en ese sentido”.
En ese aspecto, explicó que encontraron en una área que todos los nombramientos confianza en puntos neurálgicos son inamovibles: el que compra las cosas, el que las paga y quien contrata a las personas, de manera que tienen el control presupuestal, el de adquisiciones y recursos humanos, así que desde luego vamos a liberar esos espacios porque son de confianza y el titular que llegue debe contar con su propio personal, y no como ahora que dicen que son como basificados porque ya tienen muchos años.
Expuso que ante la serie de irregularidades sostendrá una reunión en breve con las áreas jurídicas y administrativas de los titulares de órganos centralizados y descentralizados para tomar acuerdos respecto a la ruta que se va a seguir para estos casos, “nos quisieron sorprender, eso causa molestia e indignación, porque no tienen palabra los ex funcionarios, no cumplieron el acuerdo que había de no incrementar las plazas, pero también de entregar las renuncias puntualmente tomando en cuenta que llegaría personal de confianza, por ello si hay responsabilidades administrativas y penales es indicación del gobernador Salomón Jara, que se va a proceder porque no vamos a permitir que se burlen del pueblo de Oaxaca”.
Respecto a las quejas de personal de confianza de diferentes dependencias que aseguró le fueron retenidos sus sueldos hasta que presentaran sus renuncias, Vásquez Sagrero sostuvo que no hubo una instrucción de esa naturaleza, sin embargo “sí se está revisando persona por persona, en esta consejería cuando llegamos parecía una oficina fantasma, han llegado personas que estaban en nómina pero que están conociendo la oficina por primera vez”.
Al cuestionar si pueden existir casos de personas “inocentes”, que hayan sido engañadas en los procesos de contratación, como es la compra de plazas, el consejero jurídico explicó que: “Para que se den este tipo de irregularidades se necesitan dos, corruptos y corruptibles, en la compra y venta de plazas se comete un delito, lamentamos que vayan a perder su dinero, pero en el pecado llevarán la penitencia sí se prestaron a un tema de corrupción habrá responsabilidad administrativa o penal”.
“El personal que está en este conflicto argumenta que sacaron adelante el trabajo en la pandemia, otros que llevan 12 años en los mismos puestos de confianza, pero como titular de un área no pueden encargar la dirección administrativa o el recurso a una persona que no conozco, es por lógica, además tenemos un equipo que estuvo en la campaña y representa al partido, al gobernador, que buscan un espacio para servir, como decían los que ya tuvieron oportunidad pues hay que recordarles eso de que quien ya bailó que se siente”.
Agregó que hay mecanismos legales para notificar o rescindir la relación laboral, sin causas imputables para el gobierno, “no nos amedrenta que haya quien quiera demandar por ello, están en su derecho, pero eso no va a paralizar al elefante obeso de la administración, y donde se ha detectado plenamente que hubo contrataciones ilegales, no se les va a pagar e incluso les vamos a denunciar y podemos solicitar a contraloría ejercer acciones en esos casos de corrupción, con contratos que son documentos ilegales con los que quieren dañar el erario público”.
Denuncian despidos injustificados en la actual administración
Empleados de gobierno del Estado, hicieron llegar a este medio, denuncias anónimas por temor a represalias, por la retención de sueldos y aguinaldos para obligarlos a firmar sus renuncias. Argumentaron que por la forma en la que se realizaron estos actos se considera un despido injustificado y estarían en condiciones de presentar denuncias para lograr su permanencia.
Acusaron que la dirección administrativa, consideró a los empleados de confianza como aviadores, “nos dieron a entender que no nos conocían, sin embargo pueden verificar la presencia de cada uno con un informe de asistencias, y aun cuando señalan que hay contratos que terminan el 31 de diciembre, sabemos que con más de un año de trabajo tenemos derechos y hay quienes tienen mas de 12 años”.
“Soy contador, desconozco cual sea la intención de mandarme a traer, ya adquirí derechos, insistieron que querían que firmara mi carta de renuncia, muchos compañeros dicen que los engañaron porque después de firmar los daban por enterados y aceptaron la notificación de su renuncia, pero ya hay claras violaciones a la Ley Orgánica, como son los artículos 15, donde establece que el cambio de funcionarios de los Poderes del Estado no afectará en ningún caso a los empleados, o el artículo 29 que dice que en ningún caso deberán hacerse retenciones o deducciones a los empleados”, añadieron.
Adicionalmente especificaron el caso de una intendente a quien obligaron a firmar su renuncia, “es una persona humilde que necesitaba el empleo, y no le explicaron lo que firmaba”.
Al respecto, Juan José Meixueiro Orozco, presidente de la Barra Nacional de Abogados (Capítulo Oaxaca), consideró encomiable el compromiso que hay para lograr el combate a la corrupción expresado por la actual administración, “la ciudadanía está harta de la impunidad y queremos sanciones para acabar con los vicios derivados de la corrupción y de la impunidad, pero esperamos que no pretendan tapar el asunto con gente inocente o con chivos expiatorios, esperamos que el Estado no defienda a los grandes capos de la función pública que han causado tanto daño al erario”.
En relación a las denuncias, consideró que ese tipo de procedimientos se tornan ilegales y violatorios de los derechos humanos, incluso pueden tipificarse en un hecho delictivo, como es el abuso de autoridad, o bien el indebido ejercicio de la función pública e incluso en la vertiente de acoso laboral porque ningún patrón tiene la facultad para retener salarios ya devengados, los salarios no son moneda de cambio y menos pueden ser materia de chantaje para efecto de que se consiga o no una renuncia que no es voluntaria.
“Por ello, hacemos un llamado a la consejería jurídica, porque todo procedimiento administrativo tiene principios y reglas del derecho penal, es decir sin violar los derechos humanos, ni el debido proceso, brindar la garantía de audiencia y si existen irregularidades en la contratación o en la asignación de plazas se debe sustanciar pero no efectuar de manera unilateral la retención de salarios”.
