*El defensor Bernardo Rodríguez Alamilla destacó que la Defensoría ha tenido una intervención directa con los pueblos y comunidades que ha contribuido a la gobernabilidad de Oaxaca
Para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la entidad oaxaqueña enfrenta enormes retos en materia de derechos humanos y grandes pendientes con los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Al participar en el marco del LVI Asamblea Ordinaria y Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos “Pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes”, el defensor Bernardo Rodríguez Alamilla reconoció que prevalece un racismo estructural, que ha sustentado prácticas de discriminación y exclusión.
Expuso que a lo largo de la historia de la entidad se han generado profundas desigualdades “en la que muy pocos tienen mucho y cientos de miles muy poco”.
Reportó que de acuerdo al Coneval 2020, ocho de los 15 municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza están en Oaxaca y se caracterizan por ser indígenas y rurales.
En tanto, agregó, la discriminación ha fomentado la pobreza y rezagos en este sector social: “en el estado, el 70 por ciento de las personas indígenas se encuentran en situación de precariedad económica, mientras que, respecto a la población afromexicana, únicamente el 15% gana más de tres salarios mínimos”.
Puntualizó que otra de las grandes deudas históricas con los pueblos indígenas y afrodescendientes es la falta de acceso a la educación.
“El promedio de escolaridad de las personas indígenas es de cinco años, mientras que el 25 por ciento de la población indígena de 15 años o más es analfabeta, de acuerdo también a cifras oficiales del Coneval”.
El acceso a la salud es otro de los reclamos históricos de las comunidades indígenas y afromexicanas y que “desafortunadamente pocas veces han sido escuchadas”.
En ese marco, consideró que ante la complejidad de Oaxaca, la DDHPO, se ha transformado a partir de una visión distinta que pondera la intervención directa y cercana a los pueblos, comunidades indígenas, así como a sectores sociales de atención prioritaria y a la ciudadanía.
Destacó que entre los resultados más visibles se encuentra la contribución del organismo autónomo en la gobernabilidad del estado.
De tal forma que, en los últimos 3 años y medio, ha intervenido en procesos de liberación de más de 300 personas retenidas, a través del diálogo con las partes inconformes, apuntó.
Expuso que a través de procesos de diálogo y mediación entre comunidades, en los que se han impulsado estrategias de conciliación de acuerdos, así como el reconocimiento de los derechos de ambas partes, se han logrado concretar procesos de paz.
Ejemplificó los casos de San Sebastián La Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla Villa de Guerrero, “donde tras un conflicto agrario de 12 años, la intervención de la DDHPO permitió la realización pacífica del caminamiento y brecheo de la zona limítrofe entre estas localidades”.
Aunado a ello, abundó, la DDHPO ha promovido la gobernabilidad en los procesos electorales, participando como observadores de las jornadas tanto por partidos políticos, como por sistemas normativos internos, e incluso convocando a actores políticos a un pacto por la civilidad de cara a la elección de 2022.
