*Casos judiciales mediatizados propician opiniones sin sustento
*En la Sala de Justicia Indígena falta mucho por aprender, pero pide a municipios respetar derechos humanos
Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca” (UABJO), el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Eduardo Pinacho Sánchez se pronunció por “romper el techo de cristal” y lograr la paridad en el Poder Judicial pero “gradual y progresiva”.
En representación del Poder Judicial Estatal, Eduardo Pinacho Sánchez, ve la renovación del sistema de justicia como una adaptación a nuevas realidades y no como una crisis:
“No lo vería como una crisis, como cualquier institución tiene que irse adaptando a nuevas realidades y circunstancias de una manera progresiva y llevando a cabo una renovación de los cuadros de la judicatura”
Respecto a la situación de algunas magistradas que no quieren irse del cargo, al haber concluido su encargo por 8 años, Pinacho Sánchez consideró respetable que defiendan su derecho a una ratificación ante los tribunales.
“Me refiero a los jueces, y a nivel de los y las magistradas que han cumplido su ciclo y otros que están ingresando y oxigenando y dando nuevas visiones y enfoques acerca de la administración de justicia “.
Al cuestionar si estaría de acuerdo en “romper el techo de cristal”, en el poder judicial estatal, como lo dijo la ministra Norma Lucía Piña, para alcanzar la paridad, el reconocido jurista manifestó su respaldo.
“Efectivamente creo que se están desarrollando en este tema acciones efectivas con el propósito que se haga realidad un principio de paridad y alternancia en su momento”.
Señaló que hay signos claros y objetivos como es la última convocatoria que se emitió por el gobernador del estado (Salomón Jara Cruz) para la designación de magistrados en relación a dos vacantes que se dieron, dirigidas exclusivamente para mujeres.
La idea -precisó- es que las próximas magistraturas vengan predestinadas para mujeres de una manera gradual y progresiva para que se vaya cristalizando este principio de paridad y sistema de justicia.
Con una importante trayectoria en el servicio público, el magistrado presidente respaldó a las magistradas que defienden su derecho de ser ratificadas en el cargo incluso en tribunales.
“Bueno este tipo de circunstancias, yo creo que no podríamos tampoco cuestionarlas porque están haciendo valer un derecho constitucional y legalmente por ahora disfrutan”.
La Constitución les da la posibilidad de una ratificación, y en un momento dado, es respetable que en un momento se reconozca su derecho en los tribunales, porque es en esos ámbitos jurisdiccionales, donde se dirimen ese tipo de circunstancias, expresó.
En relación a la polémica suscitada por la determinación del juez Teódulo Pacheco de modificar las medidas cautelares del imputado en el caso de la saxofonista María Elena Ríos, el especialista en derecho mencionó que la determinación del juez será revisada a través de un recurso de apelación.
“En ese sentido, la determinación del juez Teódulo Pacheco por supuesto que va a ser materia de revisión porque se interpuso ahí un recurso de apelación que finalmente va a llevar a ese efecto una revisión de la legalidad, de esta determinación decretada por el juez”.
Por otro lado, puntualizó el abogado con maestría en derecho privado, “como consecuencia de una queja interpuesta en contra de su actuación, también se hará el análisis correspondiente y se tomarán las determinaciones que correspondan, pero quien tiene la facultad de juzgar son los tribunales, no son los medios”.
En ese sentido, lamentó que se hayan generado diversas criticas sin fundamento, “y lo digo con mucho respeto, he escuchado pronunciamientos en los cuales ya se juzga, se sentencia, se decreta una responsabilidad”.
Sobre todo, aclaró, cuando en el proceso judicial, aún no se han admitido pruebas, tampoco no se han desahogado, el juez no las ha valorado en una sentencia y no ha decidido en la responsabilidad, o la irresponsabilidad de una persona”.
Sin embargo, enfatizó, en los medios o en las opiniones que se dan ahí de personas ajenas al derecho o a lo jurídico, ya emitieron una decisión y si bien hay que respetar las opiniones también hay que medir sus efectos, alcances y la justificación de una opinión.
Pero son realidades distintas lo jurídico y político, lo social o lo mediático. En el ámbito mediático se carece de la información suficiente, para emitir opiniones debidamente justificadas.
En ese aspecto, pidió a la gente que les permitan a los jueces, las juezas y los órganos competentes sean los que definan esas situaciones.
Si el juez tuvo razón, se decidirá por las instancias correspondientes y si no tuvo razón tomaremos las medidas correspondientes y se impondrán las sanciones correspondientes porque somos nosotros los que tenemos las facultades.
En cuanto a la propuesta del Poder Ejecutivo para reformar al Poder Judicial mediante una iniciativa, donde se renueve y fortalezca entre otros espacios la Sala de Justicia Indígena, manifestó:
“En lo que toca a derecho indígena, Oaxaca es el único en cuanto al Poder Judicial que dispone de una sala en el país y en el mundo”.
“Estamos aprendiendo a convivir con diferentes culturas sobre todo en Oaxaca, estamos en ese proceso de armonización de cultura y de los sistemas normativos que deben coexistir”.
Al margen, las autoridades municipales de usos y costumbres deben respetar los derechos humanos, están aprendiendo ellos y nosotros.
Sobre el caso específico del municipio de Santo Domingo Teojomulco, donde las autoridades municipales dicen que son jueces y mantiene desde hace 8 meses recluida a una mujer con su bebe menor de un año y un ex alcalde que ya cuenta con un amparo de plano y de oficio para su liberación, ¿qué se puede hacer para que se haga justicia y se cumpla un mandato judicial, como es un amparo?
“Considero que la sala de justicia indígena, efectivamente requiere mayor capacitación, capacidad presupuestal, coordinación y coexistencia con los pueblos indígenas, estamos trabajando y estamos empeñando en este tema”.
“Yo creo que aquí en estos casos en lo particular que han llegado a esos niveles descritos, es la aplicación de estrategias políticas al margen de lo jurídico, de concientización, de sensibilización y capacitación”.
“Una estrategia que permita ir generando efectiva coordinación entre la justicia del Estado y la de los pueblos indígenas, es un proceso largo y seguramente viene un largo camino por resolver”.
Y a esas autoridades municipales que se niegan a liberar, que se niegan a respetar un amparo definitivo, ¿qué llamado les haría?
“Por supuesto, estamos a favor de la cultura de respeto a los derechos humanos como se encuentra consagrada constitucionalmente en convenios y tratados internacionales es algo relativamente reciente que nosotros los abogados estamos abrevando, no se diga para nuestros pueblos y comunidades”.
“Haría un exhorto para que se tome en cuenta los derechos humanos y se requiere mucha capacitación, y en ese sentido, el Poder Judicial puede coadyuvar con esos grupos y pueblos, estamos dispuestos, trabajando en ese sentido de acercamiento para la capacitación”.
