En reunión con el Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, representantes del movimiento de mujeres contra deudores alimentarios pidieron la revisión de las carpetas de cada uno de los casos vinculados.
Las mujeres demandaron proceder a la judicialización de los casos en los que “padres irresponsables han incumplido con su obligación de pensión alimenticia”.
En la reunión, que contó con la presencia de alrededor de 15 madres, se abordaron los procesos civiles que ya han sido completados y se discutió la necesidad de aplicar la ley penal en aquellos casos en los que los progenitores deciden no seguir cumpliendo con su responsabilidad.
Según el Código Penal de Oaxaca, la pena por no pagar pensión alimenticia puede llegar hasta los 8 años de prisión.
Las madres del colectivo presentaron las respectivas denuncias ante el Ministerio Público para dar inicio al proceso de judicialización contra los deudores alimentarios y se comprometieron a seguir trabajando de manera conjunta para avanzar en las carpetas.
Anunciaron que en una próxima reunión, se espera que se den avances significativos en los procesos de sanción.
La encargada de la defensoría de los Derechos Humanos, presente en la reunión, Amalia Rueda Alonso, recibió a las madres para abordar sus casos y comprometerse a dar seguimiento a los procesos.
Con esta iniciativa, se busca hacer justicia y proteger los derechos de los menores que han sido afectados por la irresponsabilidad de algunos padres.
