Por obvia y urgente resolución, las y los legisladores del Congreso Local, aprobaron por unanimidad, el punto de acuerdo por el que exhortaron a la Fiscalía General del Estado para que vigile las denuncias por violencia sexual de las estudiantes de diversos centros educativos para evitar que a los agresores sexuales se les brinden beneficios durante sus respectivos procesos.
El exhorto, propuesto por la diputada Mariana Benitez, establece la necesidad de garantizar celeridad en las investigaciones y en coordinación con las autoridades educativas, se lleven a cabo mecanismos permanentes para incentivar la denuncia.
Además, el pleno del Congreso pidió brindar protección inmediata a las estudiantes agredidas.
La legisladora Benitez recordó que, desde marzo pasado, más de un centenar de alumnas pidieron detener el acoso de agresores sexuales de diversos planteles educativos del Colegio de Bachilleres, especialmente en Pueblo Nuevo, Cuilpám, así como Cbtis 26 y 123 en Santa Lucia del Camino, además del Instituto Tecnológico de Oaxaca y Lasalle.
No obstante, a pesar de las denuncias, dijo que la Fiscalía General dio a conocer que solamente se abrieron 3 carpetas de investigación en 2022 y dos carpetas más en lo que va del 2023.
En contraste, precisó, que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, estimó que en Oaxaca el 22.5% de las mujeres de 15 años y más, han vivido situaciones de violencia física a lo largo de su vida escolar.
La legisladora Mariana Benitez subrayó que el Estado no puede evadir su responsabilidad “alegando que no existen denuncias, sino que, por el contrario el actuar del Estado con perspectiva de género, implica que debe comprender la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las agredidas.
En su planteamiento, denunció que la directora del Cbtis 26, Teresa Zárate García no ha presentado una queja formal ante la institución en contra de algún profesor.
Adicionalmente, dijo que en el Cbtis 26, se presentó una denuncia desde el año pasado, en contra de un profesor por acoso sexual, fue suspendido, pero en los días siguientes fue reinstalado, lo que genera impunidad y tolerancia frente a las víctimas.
Otro caso, denunció fue lo sucedido en el Cobao de Pueblo Nuevo, donde se creó un comité para atender esos hechos y fueron los mismos trabajadores integrantes de esta instancia que pidieron a las alumnas que evitaran colocar el “tendedero” de denuncias.
Por ello, consideró urgente proporcionar protección, pero sobre todo dar seguimiento y evitar brindar beneficios a los agresores sexuales “ante el reducido número de denuncias y sanciones, porque las víctimas sienten que están solas, no encuentran eco en un cuerpo académico y tienen desconfianza en el sistema de justicia.”
