*Destierro de la menor y su familia no es la solución
En representación de la Red de Abogadas Indígenas, Flora Gutiérrez lamentó la grave omisión del Estado para garantizar el derecho de una menor de San José Manialtepec, Villa Tututepec a la educación, solo por usar pantalones en su centro escolar, condenando a ella y a su familia al destierro.
La abogada consideró muy lamentable que las instituciones del gobierno estatal, como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la secretaría de las mujeres y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos entre otras instancias, no hagan nada para garantizar el respeto a los derechos humanos de la adolescente.
Señaló que se están violando los artículos Tercero y Cuarto Constitucionales, que destacan el interés fundaméntal y consagrado en los convenios de la niñez que el Estado Mexicano ha suscrito y que está obligado a respetar, incluyendo municpios y comunidades.
“La solución no es mandar a otra a escuela a la adolescente y a su familia porque esto implica el desplazamiento, solo por el ejercicio de un derecho, esto demuestra que le faltó capacidad al Estado y hacerle ver a la comunidad y al persona docente, incluyendo al comité de padres de familia, que estaban discriminando bajo estereotipos de género”.
Sostuvo que la menor no atenta contra la libre determinación de los pueblos, si lleva pantalón del uniforme, porque con ello no va a dejar de ser quién.
Subrayó la responsabilidad del personal del IEEPO, que también violenta el derecho a la educación libre de estereotipos , por lo que el juzgado de distrito debe aplicar los supuestos de la ley de amparo que señalan cuando una autoridad no acata la suspensión provisional o definitiva por la violación a un derecho humano procede la destitución, inhabilitación, multa y cárcel para quienes no la cumplan.
Cuestionó de qué sirve que la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, hayan emitido medidas cautelares si al final del día, esas medidas no se cumplen por autoridades responsables, “es evidente que si quiero lo cumplo o no, no tengo voluntad”.
Recordó que ejercer los derechos humanos no tienen porque poner en riesgo la vida, ni la integridad que el Estado debe garantizar, “no es posible que algunas comunidades sigan usando los usos y costumbres o el Sistema Normativo Indígena, para violar garantías, pues estas normas internas se aplican siempre y cuando no violen derechos humanos ni la dignidad de las personas”.
Señaló que no puede prevalecer los derechos de unos cuantos sobre los principios de igualdad y no discriminación de las personas, “el Estado debe hacer lo que le toca y garantizar su derecho y la de su familia, no es posible el destierro y la expulsión, esto sólo refleja incapacidad del gobierno que tenemos”.
