El Consejero Jurídico del gobierno del estado, Geovany Vázquez Segrero, señaló que el proceso de renovación del Poder Judicial del Estado está en marcha pese a la resistencia de magistrados y magistradas, que intentan hacer uso de todo tipo de “artimañas” para impedirlo.
Denunció que se tuvo que recurrir a la presencia de un ministerio público y representantes de la Fiscalia Anticorrupción para notificar legalmente a dos magistrados que concluirán sus encargos.
Expuso que anteriormente cuando no se recurría a un proceso de evaluación, integrantes del Tribunal Superior de Justicia omitían dar aviso de la conclusión de sus actividades y “en automático, daban por hecho su renovación por ocho años más al cargo”.
Expresó que actualmente el proceso de evaluación que lleva a cabo el Congreso Local, permite rendir cuentas, dar transparencia y legalidad en esta fase, “de manera que los integrantes del Poder Judicial deben entrar en una evaluación y a la par se les notifica que sus cargos están por concluir”.
Lamentó que existan magistrados que intenten omitir este proceso, “llegaron al grado primero de impedir la notificación, rechazando la firma de los oficios, después se escondieron en los baños de las oficinas y luego pidieron permiso de vacaciones y esas prácticas solo intentan dilatar la legalidad”.
Precisó que, ante estos hechos, los magistrados fueron notificados mediante representantes del ministerio público, un notario público y de la Fiscalía Anticorrupción, para que acudan a su derecho de audiencia a presentar los resultados de su actuación, aunque el proceso dicta que sus encargos culminarán en uno de los casos el 9 de abril y el siguiente el 30 del mismo mes
Dijo que serán ahora las y los legisladores quienes evaluación el desempeño de ambos magistrados y determinarán si tienen lo necesario para ser ratificados en sus cargos o bien se procedería a la renovación con otras personas que cumplan con los requisitos para ocupar esos espacios.
Cabe destacar que el Congreso Estatal aprobó la semana pasada reformas para que exista la jubilación de magistrados y magistradas a los 65 años de edad, de manera que dicha medida busca renovar las estructuras del Poder Judicial Estatal.
