¿Qué no son suficientes los elementos constitutivos de prueba presentados legalmente en contra de Donato Vargas Jiménez como para que el gobierno morenista de Oaxaca continué aferrado a su grotesca presencia en el servicio público?
¿Hay alguna complicidad familiar, compañerismo o pago de algún tipo de favores para que, después de las denuncias públicas y formales, el sujeto de marras continué laborando como coordinador de delegados de Paz de este Gobierno?
¿Es acaso tan importante defender la posición de una persona como para que esta administración se ensucie las manos por alguien que está causando más daños que beneficios a su imagen?
El sentido común obligaría a cualquier político a desembarazarse de un elemento nocivo que está causando desprestigio al movimiento de transformación de la vida nacional que tutela el presidente López Obrador. Y que echa por tierra el discurso de haber llegado a moralizar la vida pública oaxaqueña.
Se les olvida que el electorado no va a permanecer fiel para apuntalar un proyecto político que está incumpliendo su palabra para desterrar prácticas y actitudes de los gobiernos anteriores. El enriquecimiento ilícito, la corrupción, los abusos desde el poder y la falta de respeto hacia las mujeres fue el sello de quienes dejaron a Oaxaca, anclada en los últimos lugares del desarrollo. Hoy parecen repetirse dichas actitudes.
Los nuevos gobernantes no han acabado de entender que los tiempos de campaña y de discurso quedaron atrás. Ahora están comprometidos con la gestión y resolución de problemas a fin de que las políticas públicas vayan parejo al desarrollo que Oaxaca demanda. Nadie les pide que terminen, como por arte de magia, la inseguridad, la violencia, las inconformidades sociales o la falta de mejores oportunidades de vida, educación y salud. Pero que por lo menos hagan el intento con los apoyos federales disponibles y fomenten a un cuerpo de servidores públicos eficientes y sin mancha. Honestos, pues, y apegados a su responsabilidad de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Es cierto que muchos del gabinete paritario son personas honradas, pero prevalece el ejercicio patrimonialista del poder y las viejas prácticas del perredismo que colonizó al morenismo gobernante.
El gobernador y el secretario de gobierno, Jesús Romero, aducen que como no hay pruebas robustas nada se puede hacer, pues además de reconocer el trabajo de Donato como eficiente operador político de conflictos y manifestaciones, es “un buen servidor público”.
Las voces oficiales pretenden sugerir que los señalamientos en contra de su defendido son resultado de alguna inquina o mala fe de quienes, en las calles, plazas públicas, medios de comunicación y las organizaciones feministas, no “quieren” al gobierno de la 4T. Se niegan a comprender, en este asunto, que cada decisión que tomen influye en el éxito o fracaso de la gestión de gobierno. Y que las malas decisiones, incluso las tomadas de manera espontánea o con las mejores intenciones, pueden tener consecuencias negativas. Esto no lo digo yo, lo dice el Código de Ética del gobierno federal.
Salvo la queja de oficio iniciada en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y declaraciones banqueteras del fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla en el sentido de que está abierta una carpeta de investigación, hasta este viernes no había cambios en el actuar gubernamental. Como si no supieran que la violencia digital se castiga con ocho años de cárcel.
Lo único novedoso y chusco es que el secretario de gobierno aceptó tener un parentesco político lejano con el aludido, confesión del por qué el otro sigue aferrado al puesto.
La diputada de Morena – Concepción Rueda- ha ventilado el asunto en la tribuna del congreso oaxaqueño, señalando posibles complicidades hasta de algún diputado de esta bancada – Pablo Díaz Jiménez- quien se ha deslindado, aunque acepta ser también familiar del funcionario. El resto de los diputados (hombres), salvo un priista, callan como momias.
Las dos mujeres víctimas y colectivos feministas insistieron esta semana en denunciar violencia digital, física, sexual y familiar por parte del funcionario misógino. Hicieron una relatoría de hechos que parece no impresionar a nadie en palacio de gobierno.
Como colofón a las denuncias, los colectivos de mujeres y las víctimas se hacen esta pregunta: ¿Por qué un gobierno de izquierda y progresista que se ha autodenominado ‘feminista’ protege a agresores sexuales? A romper el pacto patriarcal los han convocado. Proteger cínicamente a Donato Vargas no es digno de una o un oaxaqueño decente.
@ernestoreyes14
