*Junta de Gobierno sigue sesionando y la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, no ha entregado los resultados de las auditorías que le fueron encomendadas.
*Ninguna dependencia del Poder Ejecutivo ha presentado denuncias formales en contra de los responsables de idear y ejecutar aquel fallido sistema de transporte al que envuelve un manto de impunidad
A tres meses de que el Gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, anunció la cancelación del Citybus, ninguna dependencia del Poder Ejecutivo ha presentado denuncias formales en contra de los responsables de idear y ejecutar aquel fallido sistema de transporte, en el que, durante los últimos ocho años, en las administraciones de Gabino Cué y Alejandro Murat, fueron invertidos entre mil y 860 millones de pesos.
Y no sólo eso, sino que a pesar de que el titular del Poder Ejecutivo sostuvo el pasado nueve de enero que el proyecto sería suspendido porque no tenía “ni pies ni cabeza” y que su construcción había sido “un capricho” de los dos últimos mandatarios, la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, no ha entregado los resultados de las auditorías que le fueron encomendadas.
Y por ende no ha comenzado procesos legales por la maquinación de aquel quebranto al erario, al tiempo que la Fiscalía Anticorrupción mantiene sin avances por falta de peritajes una indagatoria que se inició al respecto desde 2018.
“No tiene ni pies ni cabeza; esto no tiene nada, estamos viendo y estudiando qué vamos a hacer con las paradas de lo que fue una inversión muy alta para el pueblo de Oaxaca; este modelo Citybus no tiene viabilidad como lo diseñaron, fue un capricho de la administración”, admitió el mandatario en su conferencia matutina del nueve de enero de 2023.
“Nosotros estamos estudiando esto con Semovi y lo estamos revisando; ya en breve daremos a conocer cómo va a quedar, en qué podríamos finalmente ocuparlos”, abundó.
Además de la Secretaría de Movilidad (Semovi), el mandatario sostuvo que la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), a cargo de Netzahualcóyotl Salvatierra, estaría involucrada en las labores de replanteamiento y reutilización de la estructura que pudiera ser rescatada; sin embargo, al consultar a ambas dependencias sobre los avances en los procesos de denuncia por las irregularidades halladas, su personal remitió a la Secretaría de Honestidad, encabezada por Leticia Elsa Reyes López, con la justificación de que aquel organismo era el que se estaba haciendo cargo de tal seguimiento.
“Es un tema que lo está llevando (la Secretaría de) Honestidad; continúan las investigaciones”, justificó el titular de la Consejería Jurídica, Geovany Vásquez Sagrero, consultado sobre los procesos que se siguen en contra de lo que en su momento fue denominado Sistema Integrado de Transporte (SIT), impulsado por Alberto Vargas Varela, secretario de Administración durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo y legitimado por el gobierno priista pasado.
El funcionario sostuvo que, una vez concluidos los procesos de auditoría, la Secretaría de Honestidad debe solicitar la coadyuvancia de los abogados del estado para interponer los procesos judiciales que sean competentes; sin embargo, hasta el 15 de abril, ningún informe había sido remitido.
“La investigación está en curso”, se reiteró.
En la oficina de Leticia Elsa Reyes López se comprometieron a entablar comunicación con Primera Línea MX en el transcurso de la tarde del pasado viernes para responder a una consulta de información sobre el caso Citybus; no obstante, ésta nunca se dio.
El sábado por la tarde, ante la insistencia, el personal de la dependencia sostuvo que buscaría pactar una entrevista con la titular, pero que ésta podría realizarse hasta el miércoles próximo debido a la saturación de su agenda.
Los trabajadores, sin embargo, confirmaron que las revisiones sobre el tema continuaban su curso y que era inviable que la titular pudiera informar sobre datos muy precisos, pues podría violarse el debido proceso y poner “sobre aviso” a alguno de los responsables.
ESTRUCTURAS DEL CITYBÚS SIGUEN FUNCIONANDO
A pesar de que el Gobernador informó sobre la suspensión del sistema durante enero, el 24 de febrero de 2023, un mes y medio después de la postura del mandatario, en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi) fue instalada la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca.
En la instalación estuvieron la titular de la dependencia, Claudina de Gyves Mendoza; la titular de la Secretaría de Honestidad, Leticia Elsa Reyes, y el director de la Policial Vial, Toribio López Sánchez, entre otros funcionarios.
Desde el 24 de febrero, aquel órgano de gobierno ha sostenido dos sesiones extraordinarias; la última, la semana pasada, donde han mantenido comunicación enfática con personal de la Policía Vial y han tomado decisiones de manera colegiada, de las cuales no se ha informado nada a la sociedad.
¿Y LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN?
A la dilación en las acciones de la Secretaría de Honestidad, se suman las de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, que desde diciembre de 2018 informó sobre la apertura de una carpeta de investigación por peculado y faltas administrativas ante las irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto del Citybus.
Hasta septiembre de 2022, seis años después del comienzo del gobierno de Alejandro Murat y cuatro años después de la apertura de los expedientes ministeriales, la fiscalía especializada justificó que todavía no se habían culminado los peritajes “especializados” que establecerían qué tipo de irregularidades administrativas se habían cometido durante la ejecución de aquel esquema de obra pública.
Jorge Emilio Iruegas Álvarez, titular del organismo, argumentó que ante la amplitud de la investigación “el proceso, es tardado”, aunque las irregularidades eran más que evidentes e incluso fueron ventiladas con anticipación por otras dependencias.
La denuncia comenzada por la Fiscalía Anticorrupción alude a un mal ejercicio por más de 500 millones de pesos, en una serie de irregularidades que hasta 2018 incluían tramos sin concluir y sin iniciar.
Además, se establece que la ejecución de la obra debía ponerse en marcha en enero de 2015 y concluir a mediados de 2016, antes del término del sexenio de Gabino Cué.
“No existe ninguna determinación y cualquier persona, titulares de secretarías, directivos, supervisores de obras, o empresas involucradas, son susceptibles a juicio”, puntualizó, aunque, hasta hoy, no hay ni un servidor o exservidor público aprehendido.
SIEMPRE FUE INOPERABLE
En octubre de 2018, el entonces subsecretario de Planeación y Normatividad de la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) hoy Secretaría de Movilidad (Semovi), Alejandro Villanueva, sostuvo que el proyecto Citybus era inoperable, a pesar de que en él habían sido invertidos 600 millones de pesos.
Sin embargo, aun con ello, el funcionario anunció que el gobierno del estado, encabezado ya por el priista Alejandro Murat se había negado a cancelar el proyecto y que había planeado un “rescate” para echarlo a andar a más tardar en 2019”, algo que nunca sucedió.
Villanueva indicó que las obras “tal y como las programó el gobierno de Gabino Cué”, fueron concluidas totalmente en 2017 a un costo promedio de 70 millones de pesos por cada uno de los 8.5 kilómetros que la integraban; sin embargo, la obra registró un sinfín de problemas que hicieron imposible su funcionamiento.
Los más graves errores radicaban en la pavimentación con concreto hidráulico de una parte del carril confinado que utilizaría el nuevo transporte, pues esa adecuación, a pesar de ser una de las más costosas al ser valuada en 300 millones de pesos, nunca fue necesaria, pues los camiones no representaban ningún peso extra.
Otra irregularidad, fue la adquisición de 42 camiones tipo Dina –por 120 millones de pesos– antes de que la infraestructura completa del nuevo transporte fuera concluida, además de que los carriles a contraflujo que fueron construidos y que atravesaban sectores como el Jardín Madero, la Central de Abasto y el Parque del Amor.
“Se hizo un diagnóstico y se determinó que el contraflujo era peligroso, y se tuvo que eliminar. Todos los contras flujos de México tienen una forma de proteger al peatón; aquí no la hay. Mientras no hagas eso, es peligroso y no queremos comprometer ninguna vida”, dijo.
La dependencia reconoció en aquel entonces que el Citybus careció, desde el principio, de una planeación eficaz, pues, a pesar de la inversión multimillonaria que recibió, que se compara con la de proyectos como los de Pachuca o, incluso, la Ciudad de México, la propuesta jamás fue socializada ni con la población ni con los concesionarios de transporte.
Para aquel entonces, decenas de paradores habían sido literalmente arrancados de los puntos en los que fueron colocados; otros, habían sido grafiteados y estaban convertidos en tiraderos de basura; además, las boyas metálicas y divisores de carril sintéticos que fueron instalados a ras de piso para que los automovilistas no invadieran lo que en teoría era el carril confinado -sobre todo en los dos kilómetros comprendidos entre las estaciones de parque Madero y parque del Amor-, tampoco existían, por lo que, todo ello, tuvo que ser repuesto por el gobierno de Alejandro Murat.
GOBIERNO DE MURAT INVIRTIÓ MÁS DE 260 MILLONES DE PESOS MÁS
Lejos de agilizar la detención de los responsables de haber implementado un proyecto fraudulento, el 11 de febrero de 2021, la Secretaría de Movilidad reportó ante el Congreso de Oaxaca que el gobierno estatal al que pertenecía había invertido 263 millones de pesos en el rescate del Citybus.
Sumados a los 600 millones de pesos reportados en 2018, la cantidad de recursos gastado en aquella obra, sumaban hasta entonces 863 millones de pesos.
De acuerdo con la Semovi, aquellos 263 millones de pesos se habían invertido en “tres grandes acciones”: Equipamiento de tecnología en terminales y autobuses, propiedad del Gobierno del Estado; construcción de estaciones intermedias especiales y accesos francos en la zona de la Central.
El recurso tuvo el siguiente origen: 66 millones de pesos gestionados por la Secretaría de Movilidad ante el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin); 48.55 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano, gestionados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) y más de 149.6 millones son inversión pública estatal de la administración.
A pesar de tales inversiones, el Citybus comenzó a circular en septiembre de 2021 en una ruta –Esmeralda-Volcanes–, que nada tenía que ver con el trazo inicial que contemplaba de Trinidad de Viguera a Santa Cruz Xoxocotlán y con ninguna de las obras anunciadas.
El gobierno justificó que el trayecto original no fue utilizado en la etapa “pre- operativa” debido a que la empresa encargada de su rehabilitación no había terminado con los trabajos encomendados.
Las autoridades, no obstante, anunciaron que ese era el comienzo de la operatividad del nuevo sistema de transporte por el que los oaxaqueños habían pagado cientos de millones de pesos durante siete años.
Se informó que ya no sería una sola ruta como se estipuló en el proyecto original, sino que serían 27 rutas y que las 43 unidades marca DINA serían distribuidas entre los concesionarios del transporte público de Oaxaca a efecto de crear una nueva empresa de transporte.
Cuestionadas las autoridades sobre de dónde serían obtenidas el resto de las unidades para completar 27 rutas, sostuvieron que serían los mismos vehículos que poseían los camioneros capitalinos, solo que éstos serían adecuados a la identidad del Citybus; es decir, colores y calcas.
En sentido opuesto, los concesionarios del transporte público mostraron hasta la final reticencia sobre el cambio planteado por el gobierno, pues empresarios como Alejandra Gómez Candiani, de Choferes del Sur, y Erasmo Medina, de Transportes Guelatao, informaron que las rutas debían ser analizadas sobremanera, porque el tamaño de los camiones adquiridos por las autoridades no era apto para las calles de la ciudad de Oaxaca y zona conurbada.
Como ejemplo, narraron los concesionarios, los autobuses Dina no cabían en las vialidades de las colonias, lo que propició que infinidad de veces se quedaran atorados durante los recorridos de prueba.
Asimismo, otra disyuntiva era que se trataba de autobuses con plataforma “muy baja” inviable para caminos sinuosos y plagados de baches y topes como en esta zona metropolitana, además de que el valor de los camiones se había depreciado al menos 70 por ciento a siete años de su adquisición.
Con esos antecedentes, en septiembre de 2022, tres meses antes de asumir el poder, el equipo del nuevo mandatario electo, Salomón Jara Cruz, ordenó sacar de la circulación las unidades pintadas con la identidad del Citybus a fin de someter a una revisión el proyecto.
En diciembre, ya cómo gobernador, Jara informó que pediría a Semovi dar a conocer un reporte detallado sobre la situación que prevalecía en torno a aquel sistema de transporte y, un mes después, oficializó la cancelación del proyecto.
Sin embargo, han pasado siete meses desde que, en septiembre de 2022, el equipo de entrega-recepción del gobierno vigente pidió sacar de la circulación los autobuses y hasta el momento, la Secretaría de Honestidad argumenta no haber terminado las auditorías que den paso a procesos judiciales.
El manto de impunidad parece comenzar a extenderse un sexenio más…
