Militantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que interpondrán un juicio de amparo a efecto de que el Poder Judicial de la Federación obligue a las autoridades estatales a implementar las acciones necesarias para garantizar la integridad física del personal docente de Santiago Amoltepec, que ha resultado afectado durante los últimos meses a causa del incremento de la violencia en aquella zona y cuyo saldo ha sido de cuatro educadores ultimados.
Los representantes de los trabajadores precisaron que el próximo lunes comparecerán ante un juzgado federal para promover aquel recurso legal, que también tiene el objetivo de que el Estado garantice el derecho a la educación de 4 mil 500 estudiantes de la región.
A raíz de los actos violentos suscitados durante los últimos meses, las actividades escolares permanecen suspendidas desde el 17 de abril.
En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sostuvieron que desde el 22 de marzo, cuando se registró el asesinato del docente Omar Torres Jiménez –cuarto maestro ejecutado en lo que va de la actual administración– , han tenido varias mesas de trabajo con funcionarios públicos, incluido el Gobernador; sin embargo, los acuerdos no se han respetado.
“Seguimos en espera de que el gobierno cumpla lo que nos prometió en esas mesas… Queremos que nos garantice la seguridad para poder regresar a Amoltepec.
“Las peticiones se han hecho, los documentos se han firmado, por lo tanto no nos queda otra cosa que seguir en esto e informamos al gobierno que a partir del lunes vamos a poner un amparo para que nos garanticen la seguridad a cada uno de los profesores de los distintos niveles, así como garantizar la educación de los niños”, sentenciaron.
Reiteraron que tanto la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca como la Guardia Nacional son las instancias que deben garantizar la seguridad en la zona y que en las minutas signadas la autoridad se comprometió a mantener la zona bajo una vigilancia permanente, lo que incluye la instalación de una base de operaciones.
Los inconformes subrayaron que el personal afectado asciende a 450 educadores de diversos niveles, desde educación básica hasta bachillerato.
