Hasta 2020, en Oaxaca permanecían vigentes 294 concesiones mineras de las que habían emanado 45 proyectos de extracción que permanecían en activo o, bien, en proceso de desarrollo o exploración.
Según el documento Proyectos Mineros en el Estado de Oaxaca, publicado por Servicios para una Educación Alternativa (Educa), todas aquellas concesiones tienen el común denominador de que ninguna de las poblaciones afectadas fueron consultadas al momento de otorgar tales licencias, con hasta 100 años de vigencia.
El reporte indica que de los 45 proyectos que permanecen vigentes en la entidad, tres se encuentran en etapa de explotación comercial (San José, Alta Gracia y El Águila), dos se ubican en etapa de desarrollo (Trinidad Norte y Monte Albán I) y cuatro en etapa de postergación (Yolanda, Cobre Grande, Santa María Ecatepec y El Tejón).
Se indicó también que los restantes 36 proyectos se encuentran en etapa de exploración.
“Ningún municipio, ejido o comunidad agraria fue informada por el gobierno federal sobre la expedición de concesiones mineras en sus territorios; es importante señalar que dichos permisos fueron otorgados por un periodo de 50 años, prorrogables por 50 años más”, subrayó Educa.
Asimismo, agregó que además de la violación del derecho al territorio y la libre determinación (permitidas por la ley minera), las concesiones y proyectos mineros en el estado han violentado el derecho humano al agua, “tal es el caso de los derrames de depósitos de jales secos por el proyecto San José en 2018, afectando el cauce del río El Coyote o las denuncias de las comunidades que viven en el cauce del río Grande o Tehuantepec, quienes denuncian la contaminación del agua por el proyecto el Águila”.
La agrupación resaltó que 22 proyectos mineros se encuentran registrados en los Valles Centrales de Oaxaca, con dos proyectos en etapa de expansión “los cuales han operado por una década sin cambiar las condiciones de vida de las poblaciones donde operan: San José (Fortuna Silver Mines) y el Águila (Gold Resource Corp), además de una serie de denuncias por corrupción, contaminación, división comunitaria y agresiones contra defensoras y defensores comunitarios”.
