Las autoridades estatales y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron ayer instaurar una nueva ley educativa en la entidad, que integrará hasta el 70 por ciento del Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO), que ha promovido desde 2015 el magisterio disidente, confirmó el consejero Jurídico del gobierno del estado, Giovanni Vásquez Sagrero.
Además, el servidor público, que encabezó la mesa de diálogo de este jueves ocho y encabezará las pláticas de este viernes nueve de junio con los representantes de los maestros, detalló que se iniciará una evaluación para determinar la viabilidad de derogar el decreto de 2015 que refundó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y, que, con ello, canceló diversas canonjías que había obtenido la Sección 22 a través de la presión y negociación política.
En la reunión pactada a partir de las 9:00 horas de hoy en el Congreso de Oaxaca, se definirán las fechas para llevar a cabo los procesos jurídicos y legislativos necesarios.
En lo que se refiere a la abrogación del decreto de 2015, Vásquez Sagrero sostuvo que es necesario un estudio a fondo, pues si la nueva ley educativa contempla dentro de sus lineamientos un nuevo reglamento para el IEEPO, ello, por sí mismo, cancelería cualquier norma.
En entrevista, el Consejero Jurídico señaló que en el diálogo previsto para este viernes nueve de junio, se tiene contemplado definir las fechas del comienzo de los trabajos técnicos para promover la nueva ley de educación y definir si se concreta o no la abrogación del decreto.
“No estamos cerrados a que se pueda llegar a una abrogación, pero debe ser analizado conjuntamente”, dijo.
Al ser cuestionado sobre si la creación de una nueva legislación en materia de enseñanza o la creación de un nuevo reglamento del IEEPO se traduciría en devolverle la rectoría de aquel sector a la Sección 22, afirmó que en ninguna ley estatal, ni vigente ni derogada, se contempla o se contemplaba que el magisterio tuviera control de direcciones y jefaturas al interior del Instituto, pues ello lo ganó el sindicato a través de la presión y acuerdos políticos.
“El decreto en sí, de 2015, lo único que refiere es una estructura del IEEPO; el de 1992, también. No hay ningún decreto que diga: ‘la Sección 22 va a poner a tal… o la Sección 22 va a proponer a…’; ninguno.
“El decreto de 2015 tampoco te dice: ‘El estado va a proponer a…’. Hace referencia a una estructura nada más”, explicó.
“¿Cómo fueron adquiriendo esos espacios? A través de minutas”, señaló.
“Minutaban y decían: ‘la Sección 22 propondrá quién va a ser; se levanta el paro y se firma’, y en el siguiente otra minuta y otra minuta. Así fue como fueron estableciendo esas posiciones, pero no se encuentran en ningún decreto”.
Vásquez Sagrero aclaró que el decreto de 2015, en uno de sus puntos transitorios, sí menciona que todos los acuerdos o minutas firmados años atrás quedarían sin validez.
En lo que respecta a la ley de educación, indicó que las propuestas del Poder Ejecutivo registran hasta un 70 por ciento de similitud con los planteamientos de los docentes, por lo que es factible que todos esos conceptos sean instituidos como ley.
Como ejemplo, apuntó que existen programas de trabajo que enseñan a través de acontecimientos ordinarios de la vida citadina, cuando esos contextos son desconocidos para los niños de las comunidades indígenas.
Vásquez indicó que el 30 por ciento restante son conceptos que atentan contra la Ley General de Educación y que, de incluirlo, podría propiciar que la Suprema Corte de Justicia ordene la cancelación de la normativa.
Continúan movilizaciones
Mientras tanto, la Sección 22 arrancó esta mañana su tercera jornada de movilizaciones, con la toma tanto de la terminal de autobuses ADO, sobre la calzada Niños Héroes de Chapultepec, como de su encierro, a efecto de impedir la salida de las corridas.
Asimismo, los docentes acordaron bloquear el crucero de la carretera federal 175, a la altura del crucero del Aeropuerto, a la espera de las respuestas que las autoridades den a su pliego de demandas, que se discute tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.
En caso de que los educadores reciban respuestas no satisfactorias, amagaron con radicalizar sus acciones y tomar, incluso, las instalaciones del aeropuerto.
