*Nueve patentes auxiliares tampoco pueden actuar por falta de sellos y firmas, revela consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero
* “Hay deslegitimación de la actuación notarial; existe preocupación por parte del gobierno y de la Consejería de que seamos a nivel nacional noticias por irregularidades en actuaciones notariales”, reveló el funcionario público
Ante las irregularidades halladas en los procesos de otorgamiento, las autoridades estatales reiteraron que seis notarías públicas cuyas patentes fueron entregadas durante las últimas horas del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa permanecen imposibilitadas de realizar cualquier actuación, pues el Estado no ha entregado ni entregará a sus titulares los libros que conforman los protocolos correspondientes.
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo informó que permanece a la espera de la entrega de los resultados de una auditoría efectuada por la Secretaría de Honestidad –antes Contraloría– a la Dirección General de Notarías, pues de ello dependerán las acciones legales que emprenderán contra los poseedores de aquellas seis fiats y 11 más que fueron dadas un mes antes de la conclusión del sexenio pasado.
El consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, confirmó que las personas que fueron beneficiadas con una licencia de fedatario o fedataria, pero que hasta hoy carecen de protocolos son Ramón Velásquez Chagoya, notario público número 78; Sandra Berenice Ramírez Bohórquez, número 88; Tomás Víctor González Illescas, número 140; María Ivonne Hampshire Moncada, número 141; María de la Luz Candelaria Chiñas, número 142, y Carlos Alberto Ramos Aragón, número 143.
También permanecen bajo investigación los nombramientos como notarios auxiliares de Othón Abel Sibaja Suárez, Héctor Horacio Orozco Delgado, Gerardo Díaz Garnica, Andrés Manzano Trovamala Donnay, Gabriela del Carmen Martínez Benítez, Giovani Lira Martínez Gracida, María de Lourdes Jiménez González y Jesús Armando López Mendicuti; éste último, fungió como secretario del exmandatario Murat y terminó el sexenio pasado como director de Notarías.
En el caso de los notarios auxiliares, precisó Vásquez Sagrero, la autoridad estatal no cuenta “con los registros de sus firmas y sellos”, por lo que tampoco están en condiciones de actuar.
El representante jurídico del gobierno sostuvo que el organismo que encabeza busca robustecer los procesos de investigación con el objetivo de echar atrás los fiats otorgados con irregularidades.
“Probabilidades (de que sean canceladas) desde luego que existen. Si hay irregularidad, lo normal es que se cancelen”, advirtió.
“Aquí la cuestión es, en su momento, que tengamos los elementos para que (los procesos jurídicos) aguanten cualquier revisión, que no se piense que es un tema de revancha o de un acto político sino más bien un tema legal, de justicia, de derecho”, sostuvo el funcionario.
Si bien reiteró que los últimos fiats otorgados durante el sexenio pasado son los que permanecen en la “congeladora”, el abogado resaltó que hay otros que también podrían estar sujetas a sanciones.
“Sí, (aquellas seis) son las que nosotros hemos tenido que ver cuál es el trato, por eso no se les han dado libros para actuar ni nada, pero no son las únicas”, abundó en entrevista con Primera Línea MX.
“Luego, eran juez y parte; por ejemplo, el anterior director de Notarías, López Mendicuti, sale con una notaría auxiliar; son de las que están siendo revisadas, (pero) su papá es notario; me parece que tiene una hermana notaria; es decir, son juez y parte y nunca se aplican ellos la normatividad”, resaltó.
Otras 11 fiats otorgadas un mes antes de la conclusión del sexenio pasado, a comienzos de noviembre de 2022, también están siendo indagadas, indicó Vásquez.
Entre aquel grupo de beneficiarios aparecen Jorge Armando Zárate Medina, ex director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), preso desde marzo pasado en el penal de San Francisco Tanivet, Tlacolula, acusado de haber hecho uso indebido de al menos cuatro archivos que tuvo a su alcance para despojar de propiedades a diversas familias.
Zárate Medina es señalado por la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca de haberse confabulado con su padre, José Jorge Enrique Zárate Ramírez, notario público número 84, para manipular documentos desde Catastro y luego falsificar escrituras desde la notaría número 84 con sede en Zaachila, Oaxaca.
Otro beneficiado con la penúltima entrega de fiats del gobierno de Murat fue Gilberto Gamboa Escobar, ex titular del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), que también es investigado por su presunta vinculación con el Cártel del Despojo; un domicilio del exservidor público fue cateado el pasado 25 de mayo.
Gilberto Gamboa Escobar es hijo de Gilberto Gamboa Medina, notario público número 66 y también exfuncionario en el sexenio anterior, quien hace unos días fue amonestado públicamente por la Dirección General de Notarías por haber cambiado el domicilio de la oficina que encabeza sin antes avisar a la autoridad competente.
También aparece como beneficiario Carlos Abed Karin Escarlet Vázquez Guerra, hermano de la exdirectora de Notarías y ex diputada priista, Maritza Escarlet Vásquez Guerra; el senador del Partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho Cué; Rafael Avilés Álvarez, hermano del ex líder estatal del PRI y candidato a la gubernatura por aquel instituto político, Alejandro Avilés Álvarez, además del ex candidato al gobierno de Oaxaca y ex líder del Partido Social Demócrata de Oaxaca, Manuel Pérez Morales.
Asimismo, Donovan Rito García, Edna Fernanda Pérez Zárate, Sasha Zamora Martínez y Benjamín Hernández Martínez.
Tras analizar los nombres y los vínculos con el poder de los actuales fedatarios, el titular de la Consejería Jurídica criticó que se trata de una red similar a la que operó en el transporte público de Oaxaca, donde los mismos concesionarios estaban al frente de la dependencia que debía regular el transporte y, por ende, nunca hubo mejoras.
“Los mismos concesionarios eran los secretarios del Transporte e impedían que se hiciera cualquier cosa; (la realidad en las notarías) no está tan lejana porque ellos explotan la fe pública y tienen dividendos, ganan, hacen comercio con la fe pública del estado, lo mismo que con un servicio público como las concesiones; no es congruente el hecho de que sean ellos mismos los que se revisen”.
MÁS INVESTIGACIONES POR OPERACIONES SOSPECHOSAS
Vásquez Sagrero indicó que el actuar de los notarios públicos de Oaxaca no sólo es materia de cuestionamientos en el ámbito local, pues durante los últimos meses autoridades de diversas partes del país se han comunicado con la Consejería Jurídica para constatar que diversos documentos emitidos en esta entidad sean válidos.
Un ejemplo, apuntó, es el del notario público número 106, de Cosolapa, Alejandro Vidaña Luna, sobre quien recaen diversos señalamientos por presuntos actos de corrupción, por lo que existe al menos una carpeta de investigación judicializada en Oaxaca y que, según la Consejería, es sospechoso de haber cometido actuaciones indebidas en otras entidades del país.
“Nos ha pedido la Fiscalía información sobre algunas actuaciones de él; incluso, de la Fiscalía de la Ciudad de México”, resaltó el entrevistado.
Además de Vidaña, el trabajo de otros fedatarios oaxaqueños ha sido cuestionado por las autoridades de otros estados, lo que evidencia la crisis por la que atraviesa ese sector, apuntó.
“Nos ha pedido información la FGR; nos ha solicitado apoyo la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica de Puebla”, agregó, sin precisar más nombres.
La mayoría de las consultas apuntó, tienen que ver con actos traslativos de “inmuebles de alta valía”; es decir, compraventas de inmuebles localizados en otras entidades, pero cuyas transacciones supuestamente se ejecutaron en Oaxaca.
“Como el caso que nos están preguntando ahora, sobre la veracidad o no de actas escrituras que están siendo investigadas al igual que las actuaciones de notarios de Oaxaca en otras entidades; eso sí, con la misma escuela, con el mismo modus operandi, en la mayoría de esos casos”, resaltó.
Explicó: “Es como si quisiera vender una casa acá de Oaxaca y voy a un notario de la Ciudad de México y ahí hago el acto de compraventa: eso hacían, y lo que hay en México son escrituras que se levantaron supuestamente aquí en Oaxaca, donde había compraventas de algún inmueble de la Ciudad de México.
“Entonces, como la escritura estaba hecha aquí en Oaxaca pretendían inscribirla en el Registro Público de la Ciudad de México; cuando pasa eso, nos piden información para saber si son fidedignas las escrituras o no”.
No obstante, el funcionario resaltó que, por presuntos actos de despojo efectuados en Oaxaca, en la actualidad han comenzado a tramitarse demandas en estados del norte y occidente, como Jalisco y Nuevo León.
“Hay deslegitimación de la actuación notarial; hay una preocupación por parte del gobierno y de la Consejería de que seamos a nivel nacional noticias por irregularidades en actuaciones notariales; de eso sí hay una crisis en la fe pública notarial”, criticó.
