Tres organizaciones políticas tomaron las instalaciones del Palacio de Gobierno durante la mañana y mediodía de este martes, en una jornada convulsa que también involucró al sindicato de burócratas que protestó en diversas sedes de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Las manifestaciones comenzaron alrededor de las 9:00 horas cuando el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas impidió el paso en el acceso principal de la sede del Poder Ejecutivo.
El contingente arribo a la zona para pronunciarse en favor de dos exconcesionarios del servicio de cafetería al interior del Colegio de Bachilleres 01 (Cobao) de Pueblo Nuevo, a quienes les fueron cancelados los permisos tras una serie de acusaciones hechas por alumnas por presuntos casos de acoso sexual.
Los inconformes demandaron una mesa de diálogo con la directora del Cobao, Verónica Hernández, a efecto de que sea escuchada la versión de los exconcesionarios y se les permita volver a vender sus productos en el plantel.
De lo contrario, la organización amagó con plantarse en los accesod del Palacio de Gobierno.
Prácticamente a la misma hora, militantes de la Unión Democrática de Pueblos y Comunidades Indígena (Undeci) se manifestaron en otro de los accesos del inmueble para demandar la implementación de una mesa de negociación con el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López
Los inconformes sostuvieron que tras una serie de encuentros con el funcionario, su pliego de demandas ha permanecido sin avances.
La Undeci amagó con realizar una serie de bloqueos carreteros en caso de que la Sego continúe incumpliendo con los acuerdos
Finalmente, miembros de Antorcha Campesina también arribaron a la sede del Poder Ejecutivo para exigir atención a decenas de comunidades que viven en condiciones de rezago.
Los representantes de la organización acusaron que el plan de atención del gobierno estatal y federal, que se niega a dialogar con intermediarios, violenta el derecho de diversos grupos de ciudadanos que en la actualidad por una u otra razón permanecen confrontados con sus autoridades municipales, por lo que han sido excluidos de programas sociales.
Ante ello, Antorcha Campesina demandó la implementación de mecanismos de atención que le permitan a toda la población ser escuchada por el gobierno y tener respuesta a sus necesidades, sin ser presas de chantajes de ediles, regidores o delegados.
