Trabajadores despedidos de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tomaron este día las instalaciones de aquel organismo autónomo en la capital del estado, para exigir la liquidación que le corresponde conforme a derecho a alrededor de 23 personas que fueron separadas de sus funciones en junio pasado.
Los inconformes desalojaron a trabajadores y usuarios alrededor del mediodía para luego tomar el edificio, ubicado a un costado del parque de beisbol “Eduardo Vasconcelos”.
Los manifestantes denunciaron que el martes pasado llegaron a su fin las pláticas conciliatorias entre ellos y los representantes legales de la DDHPO ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, donde el abogado de la institución dijo tener la instrucción de manifestar que su representada no contaba con recursos y que tardaría en conseguirlos, por lo que no hizo ningún ofrecimiento ni planteamiento ni otras alternativas de solución.
Los trabajadores, en promedio, sostienen haber laborado para la institución garante de derechos humanos siete años, por lo que piden que se cumplan los montos de liquidación que establece la Ley Federal del Trabajo.
En conferencia de prensa indicaron que el monto conjunto de su liquidación es de 670 mil pesos.
En ese sentido, indicaron que la defensora, Elizabeth Lara Rodríguez, justificó la no renovación de su contrato con el argumento de que el organismo carece de recursos, cuando su presupuesto anual es de 41 millones 600 mil pesos.
A ello, abundaron, se suma el hecho de que han sido notificados de que la institución continúa contratando personal al cual le han ofrecido mejores prestaciones salariales.
“Existe información de que están contratando nuevo personal ofreciéndoles mejores salarios, también están adquiriendo bienes materiales y tecnologicos y otorgando viáticos para comisiones que diariamente realizan sus mandos superiores”, acusaron.
Los empleados manifestaron que han hecho propuestas para que la DDHPO pueda hallar recursos para cumplir con su obligación patronal, como es ‘la venta del vehiculo de lujo en el cual se traslada la titular y que utiliza para su uso personal, asi como la venta de otros bienes o de los mismos viáticos”.
Ante ello, los empleados demandaron al Congreso de Oaxaca que comience un proceso de investigación por la violación de la titular al Titulo Séptimo de las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipales, Particulares vinculados con Faltas Administrativas o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
