El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Alfonso Silva Romo, confió en que el Poder Judicial de la Federación respetará el “derecho constitucional” de los legisladores de Oaxaca para hacer reformas a la Carta Magna local y dejará firme la reforma que el sábado pasado desapareció al Tribunal de Justicia Administrativa y creó el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
Ante las críticas de abogados, analistas, grupos políticos y organizaciones civiles, que han sostenido que el dictamen registra múltiples inconsistencias jurídicas, el diputado de Morena rechazó que el Poder Legislativo haya incurrido en irregularidades; lo anterior, a pesar de que se avaló la extinción del tribunal en menos de nueve minutos.
Sin embargo, refirió que en caso de que se concrete la promoción de algún recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de Oaxaca tendrá que presentar el sustento de sus dichos.
“Estamos dispuestos al diálogo, estamos expuestos a la controversia y también a alguna acción jurisdiccional en materia federal y estaremos respondiendo en tiempo y forma, pero confiamos en que la justicia federal reconocerá las atribuciones constitucionales que tienen diputadas y diputados”, sostuvo.
En entrevista colectiva antes del comienzo de la sesión programada para este miércoles en San Raymundo Jalpan, Silva Romo argumentó que el proceso fue apresurado porque el desaparecido tribunal no estaba cumpliendo con su obligación de garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos.
“Es una atribución constitucional que tienen las diputadas y los diputados, reformar la Constitución y más cuando se trata de algo tan urgente como el derecho a la justicia pronta y expedita”, argumentó.
“No había justicia pronta y expedita; la urgencia era que la ciudadanía (ahora) puede acudir a un tribunal urgentemente porque el tribunal anterior no estaba resolviendo y únicamente parece que resolvía los asuntos que le convenían a algunos personajes; lamentablemente, en detrimento del estado”, agregó.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre el desaseo del procedimiento –no publicar el contenido del dictamen en la Gaceta Parlamentaria, no haber turnado el proyecto a comisiones y aprobarlo sin discusión en menos de nueve minutos– justificó que los magistrados de la instancia desaparecida eran quienes cometían las verdaderas irregularidades, al conocer de tres casos en un mes y evitar pronunciarse en controversias que involucraban temas municipales.
“Consideramos que la mayoría de este Pleno, al que concurrieron todas las fuerzas políticas, excepto una, a pesar de que fue notificada, coincidió con una mayoría calificada llevar a cabo este cambio.
“El documento fue puesto a consideración, fue puesto a debate y, afortunadamente, diputadas y diputados consideraron prudente que se aprobara este cambio constitucional y que posteriormente se ratificaran las propuestas del titular del poder ejecutivo estatal”, abundó.
Ante la insistencia de la prensa, subrayó: “Las irregularidades son que un tribunal no esté funcionando y dando justicia; irregularidades es que una magistrada o magistrado conozcan de uno a tres asuntos por mes.
“¿Cuántos días trabajan a la semana?, pues trabajan diario; (entonces) por qué una magistrada o un magistrado de un tribunal va a trabajar de una a tres veces por mes; irregular es que un tribunal decline competencia a favor del Tribunal Superior de Justicia cuando se trata de dirimir controversias entre agencias y cabeceras municipales; esa es la verdadera irregularidad”, refutó.
Partido Verde cambia de líder
Por otra parte, durante la sesión de este día, también se avaló que la ex perredista Eva Diego ocupara un lugar dentro de la Jucopo, como representante del Partido Verde Ecologista.
Lo anterior, después de que el representante de ese grupo, Samuel Gurrión se hará cargo de coordinar en el estado la precampaña del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien busca obtener la candidatura de Morena a la Presidencia del país.
