La criminalización, el dolo y la estigmatización con la que atacó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz a esta columnista y al portal de noticias Primera Línea MX por evidenciar la grave ola de inseguridad en Oaxaca, desató la condena de organismos internacionales defensores de periodistas como la FIP y ARTICLE19, así como la solidaridad de medios nacionales y locales, y ciudadanía en redes sociales a quienes desde este espacio enviamos un amplio agradecimiento por su respaldo a todos y todas, sin excluir a nadie.
A pesar de que la columna pasada está sustentada en gráficas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ubica a la entidad oaxaqueña en el tercer sitio en feminicidios y del Grupo de Mujeres Rosario Castellanos que hacen un recuento hemerográfico de los crímenes de mujeres, hoy van 78, con la mujer asesinada ayer, en lo que va del presente sexenio, para Jara Cruz y su encargado de la política interna Jesús Romero López, esas cifras son falsas.
Se atrevieron a dudar de las gráficas oficiales de una instancia nacional, vamos, dependiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su jefe político, entonces, ¿para ellos cuáles son las fuentes confiables?, ¿qué fuentes tendremos que consultar las y los periodistas para nuestras publicaciones sobre la incidencia delictiva?
Es muy grave, pero más aún el ataque a una periodista por poner ante los ojos de la opinión pública lo que vivimos día a día con la escalada de violencia y no haya resultados tangibles, eso es lo que cuestionamos. También exigimos la transparencia de los $242 millones de pesos destinados a seguridad por el gobierno federal, saber dónde están y en qué se aplicaron.
Eso es lo que irritó sobremanera al Gobernador oaxaqueño.
Ante la embestida, queremos informales a ustedes amable audiencia que en estos cuatro días que pasaron nos enfocamos a nuestra legítima defensa, al interponer una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en contra del gobernador Salomón Jara Cruz y el secretario de gobierno José de Jesús Romero López por los ataques en su espacio público del 7 de agosto, cuyo expediente iniciado es DDHPO/1296/(01)/OAX/2023.
La DDHPO dio vista al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en la que se solicitan las acciones necesarias para el otorgamiento de las medidas cautelares al estar en riesgo la integridad física de esta escribiente.
Mi caso ha sido atendido ya por el Mecanismo de Protección, con quienes también hay atención permanente y estamos a la espera de la determinación sobre las medidas cautelares federales para incorporarme al mismo.
Es importante recordarles que esta columnista cuenta con medidas cautelares locales activas otorgadas por la fiscalía general del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la DDHPO en 2020, cuando también fui víctima de amenaza por parte del entonces líder estatal del PRI, Jorge González Ilescas por una denuncia de acoso a alumnas del COBAO, en donde el director era su hijo Rodrigo González.
En ese entonces la amenaza fue vía whatsapp del número celular del exdirigente priista: “Maldita enferma”… “hay que saludarla…bien”. Ahora se suma otra que me ha puesto en grave riesgo y por ello ARTICLE19 lanzó una alerta pública.
Quiero reconocer que ARTICLE19 ha estado en todo momento pendiente de mi caso, nos ha dado el acompañamiento legal y también pidió al Mecanismo realizar las acciones necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad de esta columnista que permitan tener las condiciones adecuadas y seguras para seguir ejerciendo la labor periodística con enfoque de género e interseccionalidad.
Al igual que la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bélgica, que aglutina a 600 mil periodistas en 146 países se pronunciaron con un texto dirigido al gobernador de Oaxaca, así lo que escribieron: “El gobernador Salomón Jara amenazó a la periodista María Nivón Molano en conferencia de prensa luego de que publicara cifras sobre feminicidios. Nos preocupa la escalada de violencia contra periodistas en México. Las autoridades deben garantizarles un entorno seguro”.
Y la FIP en América Latina y el Caribe también publicaron mi caso en su plataforma digital condenando los hechos porque señalar a periodistas individualmente es un riesgo para su seguridad.
Es, por supuesto, condenable la réplica de discursos con uso de calificativos denostativos emitidos ahora en varios estados de la República Mexicana donde gobierna el partido Morena, que se han venido en cascada, emulando lo que hace el presidente López Obrador desde su púlpito “La Mañanera”.
Precisamente ARTICLE19 refiere que dichos adjetivos que usa López Obrador para referirse a las y los periodistas pueden ser interpretados por los mandatarios locales en todo el país como una autorización para referirse con cualquier término a la prensa local.
Ello, por supuesto, detona una espiral nociva de violencia que puede materializarse en violencia física o psicológica contra las y los periodistas. Señalan que la simple persistencia de la hostilidad verbal de funcionarios públicos genera un efecto inhibitorio que obstaculiza el flujo informativo.
En su Informe Anual “Voces contra la Indiferencia”, contemplan que, dentro de la tipología de la violencia contra periodistas y medios de comunicación, las agresiones letales, el acoso judicial, las amenazas y el estigma preocupan sobremanera, precisamente por el efecto cascada que tiene para silenciar al gremio y por el impacto negativo que la censura de quienes informan tiene en el flujo y acceso a la información de la sociedad mexicana.
Refieren la importancia de no perder de vista que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indica que las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica dado el carácter de interés público de las actividades que realizan.
En este sentido, es necesario refrendar que los poderes ejecutivos de todos los niveles de gobierno deben cuidar que sus declaraciones no estigmaticen la labor periodística dado a su alta investidura que el cargo representa y el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía.
Por tanto, es obligación del estado mexicano en todos sus ámbitos el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluida la libertad de expresión.
También resalta el organismo internacional que es importante tomar en cuenta que ser mujer y ser periodista, significa enfrentar los atentados como comunicadoras y el impacto de la violencia estructural que afecta la vida profesional y personal.
Por ello, en el caso de la periodista Ángeles Nivón, señalan, se debe garantizar que se adopten medidas de protección especializadas y diferenciadas para atender la violencia ejercida en su calidad de periodista y mujer víctima de violencia.
Por lo anterior, ARTICLE 19 solicitó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas, rectificando sus declaraciones estigmatizantes efectuadas en la conferencia de prensa del lunes 7 de agosto de 2023 en contra de la periodista Ángeles Nivón.
Hasta ahí parte del pronunciamiento de la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Seguiremos en la ruta legal de nuestra defensa y confiamos en que las autoridades federales actuarán en el marco de sus responsabilidades porque hoy Oaxaca se colocó en los ojos de la alerta internacional y es un escándalo la actuación estigmatizante del gobernador Salomón Jara Cruz.
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