En mayo del 2019 tuve la fortuna de realizar una visita académica en Bogotá, Distrito Capital de la República de Colombia. Recorrí a pie la Carrera 8, una de las principales vialidades de esta ciudad, donde se localizan la icónica plaza de Bolívar con sus edificios históricos como el Palacio de Justicia y el Congreso de la República, y la Plaza Bolívar donde se encuentra la Casa de Nariño, residencia oficial y sede de trabajo del presidente de la República de Colombia. Durante el recorrido de poco más de 15 kilómetros noté una singularidad, el tono de voz característico del colombiano estaba opacado por el acento venezolano.
Situación que se repetía en los centros de trabajo, desde tiendas establecidas para la venta de ropa y souvernirs hasta los comercios informales como los andariegos que se dedican a la venta de café utilizando un triciclo, donde el número de trabajadores era, en su mayoría, de origen venezolano. Era claro que Colombia padecía de las consecuencias del éxodo migratorio venezolano; de acuerdo con datos de la Organización Internacional de Migraciones de la ONU, del año 2017 al 2018 se registraban 600,000 migrantes en Colombia, cifra que no contemplaba a los migrantes en situación irregular o en tránsito.
Mapa 1 Número de migrantes venezolanos en sus principales destinos en 2017
Fuente: ONU (2018)
Para el 2020 se estimaba que el número de migrantes registrados en Colombia rondaba los 1,748,716 migrantes, extendiendo su presencia en otras grandes ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena. Los costos ante esta problemática fueron diversos; en materia económica se registró un aumento en el déficit fiscal para el gobierno colombiano, es decir, realizaron recortes en el presupuesto de políticas públicas orientadas para beneficiar a los ciudadanos colombianos, para destinarlos a las medidas de contención migratoria. En materia social se registró un aumento de los índices delictivos cometidos por migrantes venezolanos, principalmente alteración del orden público y microtráfico en un 40% durante el 2022 respecto al 2020.
Sin embargo, la más alarmante consecuencia radica en materia de salud pública; por ejemplo, a partir del 2018 se registró un aumento en el número de casos de malaria, pasando de 449 en 2017 a 858 nuevos casos en 2018; por su parte, los casos de VIH SIDA pasaron de 31 a 169 casos en 2018. Desafortunadamente, ante los altos costos para la atención y tratamiento de este tipo de padecimientos el Estado Colombiano se ha visto rebasado en este aspecto tan sensible.
Actualmente, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca se han comenzado a visualizar los primeros indicadores de alarma en materia de migración. Y si bien es cierto que históricamente el estado de Oaxaca ha sido considerado un destino estratégico como descanso temporal para los migrantes de diversas nacionalidades, resaltando hondureños y salvadoreños, esta dinámica se centraba en ciudades del Istmo de Tehuantepec como Matías Romero e Ixtepec. No obstante, la situación actual es distinta, el número de migrantes apostados, en su mayoría de origen venezolano, en vialidades centrales y parques, andando en las calles céntricas o principales cruceros de la capital va en aumento.
Al respecto, en días recientes Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, informó que del mes de mayo a lo que va del mes de agosto del presente año circularon cerca de 56 mil migrantes por el estado. También agregó que se mantiene un trabajo coordinado con el gobierno Federal para contener el flujo migratorio, desplegando 80 puntos de rescate y atención para migrantes en toda la entidad, para dar acompañamiento o, en su defecto, colaborar en su retorno a su país de origen. No obstante, son medidas paliativas que en poco tiempo serán rebasadas por el aumento inminente del flujo migratorio y por la falta de estrategias integrales por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
Es importante destacar que durante la última década el flujo migrante se ha compuesto principalmente de cubanos, haitianos, nicaragüenses, hondureños y salvadoreños. Sin embargo, en lo que va del presente año es innegable que el número de migrantes venezolanos que se registra es significativo, con una clara tendencia a aumentar de manera desproporcionada en el corto plazo.
Sin duda, el efecto del éxodo que en el 2017 alcanzó a diversas ciudades colombianas ha comenzado a llegar a tierras oaxaqueñas, en especial a la capital del estado. Situación que debe de encender las alarmas de las autoridades correspondientes y no permitir que los efectos negativos de este fenómeno migratorio afecten a la estabilidad social y salud pública de las y los oaxaqueños.
Al respecto, basta con recorrer algunos puntos como la central de abasto y observar que entre los vecinos de la zona existe un claro hermetismo; incluso el propio presidente del municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, reconoce que ya existen inconformidades por la presencia de migrantes en diversos puntos de la ciudad de Oaxaca, dando a conocer que gran parte de los oaxaqueños que radican en la capital no ven con buenos ojos la instalación de estas personas.
Llegados a este punto es importante destacar dos puntos. Por un lado, el tema del diseño de estrategias en materia de migración no es un procedimiento sencillo, es complejo y multifacético, pero es necesario y urgente. Por otra parte, la presente opinión no tiene por objetivo satanizar a los migrantes venezolanos, pues no son los únicos en esta situación de incertidumbre, pero en el actual escenario de la capital oaxaqueña son una mayoría indiscutible y una realidad que no se puede esconder ni minimizar.
La situación no es exclusiva del estado de Oaxaca ni de México, de acuerdo con la agencia de la ONU para los refugiados, la ACNUR, el movimiento migratorio en el continente americano sufrió un aumento sin precedentes del creciente número de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos a mediados del 2022. Situación que a mediados del presente año ya ha generado un caos en diversas ciudades de este país. Por ejemplo, la ciudad de New York, que durante el último año se ha convertido en el destino predilecto para solicitar asilo provocó que a inicios de agosto del presente año la situación se volviera insostenible, en palabras del alcalde de esta ciudad “No hay más espacio”.
Sumado a lo anterior, el aumento de la presión migratoria y las regulaciones heterogéneas entre el gobierno federal de Estados Unidos y sus gobiernos fronterizos como Texas, han provocado la falta de certeza sobre los procedimientos migratorios para obtener un permiso provisional o asilo. En consecuencia, la mayoría de los migrantes que se encuentran en la fronteras sur y norte de México han elegido, por el momento, a no continuar su camino, pero tampoco optan regresar a su país de origen, estableciéndose en el lugar donde se encuentran.
Por tanto, es impostergable que el gobierno del estado en colaboración con autoridades federales diseñe e implementen estrategias para regular la estancia de los migrantes en la capital oaxaqueña, y no permitir que en el corto plazo el número crezca y se pierda el control y la estabilidad social. Y aunque el modelo del estado de Bienestar que implementan todos los gobiernos afines a la cuarta transformación tiene por objetivo ofrecer protección a todas las personas, incluidos los migrantes, que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad, lo cierto es que debe de tenerse claridad en no rebasar los límites establecidos. De lo contrario, la carga fiscal y la inestabilidad urbana podría cobrar facturas muy caras a las y los oaxaqueños. Pero, además, de seguir el crecimiento en el número de migrantes y no contar con algún tipo de intervención por parte las autoridades de los tres niveles de gobierno, es probable que al igual que ha pasado en otras ciudades del mundo, en poco tiempo se comenzarán a dar conflictos entre migrantes y oaxaqueños que pueden terminar en alguna tragedia.
