El pasado 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo entrega al H. Congreso de la Unión el paquete económico 2024. Documento en el cual se proyecta que el crecimiento económico de México se situará entre 2.5% y 3.5%, gracias a un mercado laboral sólido. Además, resalta que durante el año 2024 la recaudación alcanzará un máximo histórico del 14.4% del PIB, sin aumentar ni crear nuevos impuestos. Sin embargo, lo preocupante es que propone un techo de endeudamiento interno récord de casi 2 billones de pesos, generando más deuda y más déficit presupuestario.
Esta situación ha generado una oleada de críticas hacía el presidente López Obrador y su obsesión autodestructiva, y destructiva para las finanzas públicas, para concluir las obras insignia de su gobierno. Situación que genera incertidumbre, pero también plantea el cuestionamiento del por qué no planifica la proyección de la culminación de las obras para el próximo sexenio, ¿su ego es muy grande, o sabe de antemano que la carga fiscal de los 5 años posteriores a su gestión es una amenaza latente que puede impedir la culminación de sus obras?
El escenario de endeudamiento en el último año del actual gobierno trajo recuerdos de las viciadas estrategias utilizadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que incrementaba la deuda durante los 2 últimos años de cada sexenio. En el penúltimo para apalabrar con las cúpulas la designación del candidato y, en el último, para incrementar el presupuesto de los programas sociales que, a la postre, se traduciría en asegurar el voto fuerte del PRI.
Y aunque insista en mencionar lo contrario, el gobierno del presidente López Obrador sí ha aumentado la deuda, en el 2022, por ejemplo, con un monto de 1.26 billones de pesos, era el año con el endeudamiento público más alto en términos reales registrado desde 2008. Durante este año, con un cierre del 49.4% del PIB, menor al 50.8% del 2021, pero superior al 44.9% del cierre del 2018, se superó el endeudamiento programado como porcentaje del PIB según los criterios generales de política económica establecidos por la SHCP.
Lo anterior no es cosa menor, porque se comprueba que no es del todo cierto que durante casi 5 años existió un buen manejo de la deuda. No obstante, lo que el presidente está haciendo en su último año de gobierno es desviarse de la congruencia de su argumento de no adquirir deuda. Situación que nada tiene que ver con intereses ni temas políticos, sino con el latente peligro que representa la deuda pública para la economía mexicana.
Situación que se puede administrar políticamente en las mañaneras, pero, en poco tiempo los números hablarán y tendrán una correlación con la realidad. Además, el argumento de comparar los niveles de deuda de otros países con el argumento de que el de México es de los más bajos, tampoco es válido y sólido, porque los países con los cuales se hace la comparación, recaudan mucho más que nuestro país y tienen más fuentes de ingresos para pagar su deuda.
De acuerdo con las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2023 publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de México fue de 16.7%, estando por debajo del promedio de la región (21.7%). Ubicando a México, junto con República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Panamá, como los cinco países con la menor cantidad de recaudación tributaria.
En este informe se encuentran dos datos que son de llamar la atención. Por un lado, que la mayor parte de los ingresos tributarios de México procedió del impuesto sobre el valor añadido sobre bienes y servicios, y del impuesto sobre la renta de personas físicas. Por otra parte, que el segundo concepto con menor proporción en la recaudación son las cotizaciones a la seguridad social; con esto se contradice el discurso de “primero los pobres”, porque en la realidad se beneficia primero a los empresarios para no cumplir con sus obligaciones impuestas por la ley.
¿Qué tan comprometido se encuentra el presidente para no cobrar con rigor los impuestos acumulados a los empresarios?
Sin duda, y sin importar los argumentos vacíos para su justificación, con lo que se propone para el 2024, simplemente se regresa a los peores niveles de manejo de la deuda del pasado por cuatro principales razones.
Primero, la deuda en 2024 va mayoritariamente a gasto social y a proyectos que no tienen suficientes fuentes de ingresos ni son rentables al largo plazo. Segundo, la deuda que se solicita no tiene equivalencia con posibles ingresos a recaudar, y cuenta con riesgos con impactos negativos de manera simultánea. Tercero, en términos reales, el endeudamiento que se plantea se puede considerar que es cercano a un nuevo FOBAPROA, aunque con un propósito distinto pero que se usa mayoritariamente para el gasto corriente convirtiéndolo en una bomba de tiempo fiscal. Y, por último, se avecina un desequilibrio en el mercado americano ante las próximas elecciones, lo cual repercutirá en la proyección de crecimiento económico que, en el mejor de los casos, será del 2%.
En este punto es preciso señalar que a lo largo de la historia, el análisis de la economía en México se ha conformado de estructura social y económica, su Estado y las clases sociales que rigen la dinámica económica de la sociedad mexicana y su dependencia hacía las relaciones de producción con respecto a las fuerzas productivas sociales. Y si bien es cierto que la deuda es una de las manifestaciones de la internacionalización financiera, también es verdad que es parte de una dinámica de modernización del sector económico, político y social, que cambia a distintas velocidades bajo condiciones históricas diversas.
Como, por ejemplo, el constante aumento de las tasas de interés internacionales que impusieron a los tomadores de créditos condiciones más complicadas para la contratación de deuda a largo plazo (sumadas a la incertidumbre vinculada al predominio de las tasas flotantes) sesgando los nuevos créditos al corto plazo y reduciendo los plazos ante el aumento del riesgo asociado a la concesión de líneas de crédito a países, como México, que se encontraban ya muy comprometidas.
Desde la crisis de 1982, el camino para las autoridades mexicanas ha sido la renegociación de la deuda con los bancos internacionales, afectando de manera constante el plazo de los saldos. Por ejemplo, a finales del fatídico año de 1982 el gobierno de México renegoció su deuda de 23 mil millones de dólares, a un plazo de 8 años con 4 de gracia, y al no contar con las condiciones para el pago, en septiembre de 1984, en una nueva ronda de negociación, se reestructuraron 48 mil millones de dólares a 14 años.
En otras palabras, si bien es cierto que la deuda acumulada y el costo por el servicio (intereses) es una problemática que no es exclusiva de la actual administración, si lo es violar el artículo 73 de la Constitución Mexicana, que prohíbe la contratación de deuda que no esté destinada en su mayor porcentaje a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos. De acuerdo con Mariana Campos, directora general de México Evalúa, de los 2 billones de pesos de endeudamiento público que solicitó el Ejecutivo Federal, solo 900 millones se usarán para inversión.
Situación que da paso para que los legisladores promuevan una controversia de acción inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder modificar los montos de endeudamiento -interno y externo- máximos para contraer el año siguiente.
No obstante, aunque la oposición logré aprovechar el actual escenario legislativo para modificar el paquete económico, lo cierto es que es urgente diseñar y ejecutar un cambio real en la estructura de la política fiscal del Sector Público Federal en México. Porque pesar de la fuerte fiscalización del SAT y la supuesta austeridad republicana, posteriormente franciscana, no se ha logrado cambiar la acostumbrada estructura de déficit en las finanzas públicas. Recomendación que la OCDE ha venido recomendado desde hace diez años.
No obstante, en el juego de ajedrez de López Obrador, resulta válido plantear el siguiente cuestionamiento: ¿el endeudamiento propuesto de 2 billones no es un distractor para esconder sus verdaderas intenciones?
De antemano el presidente sabía de todo el ruido mediático y los esfuerzos que se llevarán a cabo para no aprobar del todo su paquete económico, aprovechando la situación para evidenciar una vez más a la oposición, culpándola de obstaculizar el desarrollo, justificando con esto el recorte del presupuesto para programas como becas, pensión de adultos mayores, o para no mejorar las pensiones de los trabajadores al Servicio del Estado, por ejemplo.
Aunque también existe la remota posibilidad de que su verdadera intención es tener la justificación necesaria para cubrir los gastos necesarios sin endeudamiento, pero recortando el abundante presupuesto para el poder judicial y, posiblemente, también el del poder legislativo. Y aunque en la política nada es seguro hasta que suceda, de lo que si se tiene certeza es que no hay forma de evitar una reforma fiscal con aumentos de impuestos considerables pasadas las elecciones en 2024.
