* Al menos 25 por ciento de la zona de reserva ecológica denominada “Cerro de El Fortín, Cruz Blanca y Cerro del Crestón” ha sido devastada por la mancha urbana, en un fenómeno que se ha intensificado durante los últimos 13 años, alertó la asociación civil Colmillo Blanco
* De manera irregular, se han construido casas, se han lotificado predios, además de que hay zonas donde de manera recurrente son provocados incendios que impiden el desarrollo de la flora y fauna, denunció la ONG
*Mientras tanto, el consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez, admitió que inmobiliarias han adquirido grandes extensiones de terrenos en zona natural protegida y que hoy presionan para que les sea concedido el cambio de uso de suelo.
Al menos el 25 por ciento de la zona de reserva ecológica denominada “Cerro de El Fortín, Cruz Blanca y Cerro del Crestón” ha sido devastada por la mancha urbana, en un fenómeno que se ha intensificado durante los últimos 13 años, alertó el presidente de la asociación civil Colmillo Blanco, Carlos Alberto Morales Martínez.
Según estimaciones del activista, la invasión del área natural protegida –incluida una porción del Parque Benito Juárez– equivale a alrededor de 700 hectáreas, en las que de manera irregular se han construido casas, se han lotificado predios y zonas donde de manera recurrente son provocados incendios que impiden el desarrollo de la flora y fauna; esto último, en los cerros de El Fortín y Crestón.
Las prácticas anteriores, explicó Morales, han sido emprendidas por personas vinculadas con grupos políticos o empresariales, que han gozado de la protección de autoridades de diversas administraciones estatales y municipales, principalmente a partir de 2010.
Ante ello, el defensor del medio ambiente urgió al actual gobierno estatal a instaurar las acciones de delimitación correspondientes, a efecto de que el área natural no siga siendo devastada y, además, ante la existencia de un decreto municipal que en noviembre de 2021 suspendió el otorgamiento de permisos de cambio de uso de suelo y licencias para construir en las áreas afectadas.
Depredación total
Consultado por este medio, Morales Martínez sostuvo que la invasión maquinada durante los últimos años ha llegado al grado de que parajes emblemáticos como la Cruz Blanca, en el cerro de El Crestón, hoy ostenten dueños.
De hecho, en 2020, tanto Colmillo Blanco como vecinos inconformes con la devastación, estimaron que el 100 por ciento del cerro había sido lotificado de manera irregular.
Tráfico de influencias
Debido a sus labores de activismo, las cuales se intensificaron durante los últimos tres años, el presidente de Colmillo Blanco sostuvo que tanto los ciudadanos como los activistas han documentado dos casos flagrantes de tráfico de influencias.
El primero se suscitó hace tres años, cuando dentro de sus labores de defensa, intentaron sembrar semillas en un terreno localizado en zona de reserva del cerro del Crestón.
Sin embargo, en el momento en que efectuaban sus labores, fueron corridos del lugar, con aspavientos y palabras altisonantes, por una persona que se identificó como abogado de la “doctora Acevedo Cruz”, a la que identificó como propietaria de aquel predio de aproximadamente ocho hectáreas.
Los activistas, encabezados por Morales, le pidieron al supuesto representante jurídico que los comunicara con la mujer que se ostenta como dueña, por lo que ésta, al teléfono, les aseguró que ella había comprado el terreno, que contaba con permisos de construcción y que estaba en negociaciones para venderle el inmueble a Samuel Gurrión, quien durante el sexenio pasado se desempeñó como secretario del Medio Ambiente.
“Ahí nos insultó un abogado, que se puso agresivo cuando estábamos sembrando, y nos dijo que ese terreno pertenecía a una persona… que era la propietaria de la familia Acevedo Cruz.
“En ese momento yo le dije: ‘pásame a la dueña, quiero hablar con la dueña’… ella dijo que ese terreno era de ella, que tenía los documentos y que tenía inclusive ya en trámite los permisos para construcción, (que) inclusive lo tenía arreglado para vendérselo a Gurrión”, narró el defensor.
Carlos Morales indicó que los integrantes del colectivo intentaron grabar la conversación, pero el abogado puso sobre aviso a la propietaria y ésta cortó la comunicación.
Además de ello, el fundador de Colmillo Blanco sostuvo que, a partir de denuncias recibidas por vecinos y activistas, familiares del ex presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, también cuentan con propiedades en aquel punto de la ciudad.
Antecedentes
Fue en septiembre de 2020, cuando un punto de acuerdo presentado ante el Cabildo de Oaxaca de Juárez justo por el entonces edil, Oswaldo García Jarquín, levantó la inconformidad de diversos sectores sociales de la entidad, después de que el concejal propusiera vender un terreno de 3 mil metros cuadrados localizado en el cerro del Crestón, en 3.9 millones de pesos.
A partir de ese momento, los pobladores comenzaron a denunciar que en aquel punto de la zona metropolitana ya existían diversas construcciones que habían invadido el área natural protegida; de hecho, se acusó que existían trabajos de construcción de fraccionamientos y la colocación de redes de agua potable, promovidas con cargo al erario público.
Las protestas crecieron a tal grado que, en 2021, el Cabildo de Oaxaca de Juárez decidió suspender el otorgamiento de licencias de construcción y permisos de cambio de uso de suelo hasta que el perímetro del área natural protegida quedará debidamente establecido.
Gobierno actual admite procesos irregulares
En ese sentido, el consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, admitió la semana pasada que particulares, pero también inmobiliarias han adquirido grandes extensiones de terrenos en zona natural protegida.
De hecho, el representante del Poder Ejecutivo subrayó que son justamente las empresas inmobiliarias las que presionan actualmente para que aquella suspensión de licencias y de cambio de uso de suelo aprobadas en 2021, sea derogada.
“Hay personas que compraron en esos lugares y que tienen su vivienda en una zona de reserva, que no pagan predial y que tampoco tienen una certeza como tal; sí, en la posesión, pero en el uso de suelo; no tienen, incluso, licencias”, explicó el consejero Jurídico.
“Hemos detectado también que hay empresas desarrolladoras, inmobiliarias, que han comprado grandes extensiones y que ahora empujan para que se cambie el uso de suelo. No es únicamente el hecho de que se intenta, hay un lucro con esa parte, que es un pulmón de la capital”, aseveró el abogado.
Vásquez Sagrero refirió que la administración estatal cuenta, en la actualidad, con una delimitación del territorio que fue declarado área de reserva ecológica en 1992 por decreto del entonces gobernador, Heladio Ramírez López; sin embargo, sostuvo que se debe realizar un trabajo coordinado entre el gobierno de Oaxaca de Juárez, el gobierno estatal y un sector de la población que, en efecto, a pesar de que aparentemente son ejidatarios, fueron afectados por la resolución de hace 31 años.
“Hay personas que son ejidatarios, hay personas que son originarias de esta parte del Crestón, de Lomas del Crestón…
“También sabemos quiénes han estado insistiendo que se quite ese decreto, que se elimine, que se revoque, que se abrogue el decreto, pero estaremos coordinados.
“Si va a haber un desarrollo, tiene que ser armónico, pero, sobre todo, también resolver un problema social real que existe, de gente que ya tiene su vivienda, gente que habita y que nosotros tenemos que solucionar”, dijo.
Buscan levantar veda
En la actualidad, el regidor de Oaxaca de Juárez, Pavel López Gómez, presentó ante el Cabildo una propuesta para que se levante la veda en el otorgamiento de permisos de cambio de uso de suelo y licencias para construcción.
La propuesta fue turnada a comisiones del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, con el objetivo de que un grupo de regidores “analice” y “estudie” la viabilidad de aquella propuesta; sin embargo, existe la sospecha de que tal proceso sea solamente una fachada para legitimar la abrogación de aquel acuerdo.
La suspicacia es, de acuerdo con el activista Carlos Alberto Morales, porque una de las comisiones a las que fue turnada la propuesta fue justamente a la de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, que encabeza Pavel Renato López Gómez, el proponente de tal acuerdo.
A ello se suma que el concejal tiene vínculos directos con el actual secretario de Gobierno del estado, Jesús Romero López, quien es su primo, por lo que podría gozar de “acuerdos políticos” que permitan el respaldo del Cabildo para aquel acuerdo.
En las justificaciones para solicitar que se levante la veda, Pavel Renato López Gómez indica que recibió la petición de 369 habitantes del ejido Guadalupe Victoria que se han visto afectados a raíz de la falta de permisos para construir o llevar a cabo distintos trabajos al interior de sus predios.
“Por todo lo anterior, los vecinos afectados a su vez refieren que el Acuerdo 001/CU/2021, que a su vez fue ratificado por el diverso PM/PA/65/2022, violan sus Derechos Humanos, Derechos Sociales, los Derechos reales que se derivan de la propiedad como lo son el derecho al uso, goce y disposición de sus respectivas propiedades previstos en la Constitución Federal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Tratados Internacionales, vulnerando por ende a los grupos vulnerables afectados por dichos acuerdos ya que no pueden ejercer los derechos inherentes a su propiedad, para construir, delimitar o realizar algún acto inherente al mismo, siendo que también refieren que cumplen en tiempo y forma con el pago de los respectivos impuestos y obligaciones municipales.
“Por lo anteriormente expuesto solicitan y manifiestan que toda vez que somos competentes para resolver la problemática social que se ésta suscitando por los acuerdos anteriormente referidos, que podría derivarse en un conflicto social de mayores escalas, y que conforme a lo dispuesto por el artículo 59 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez que refiere que las y los regidores somos representantes de la comunidad, me solicitaron elevar su petición al Cabildo, es por ello que pido se someta a la consideración de este Honorable Ayuntamiento, dicha petición ciudadana para que s convoque a sesión de Cabildo y se considere acordar el siguiente punto de acuerdo por el que “Se deja sin efecto el acuerdo 001/CU/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021…”.
Plan con maña
Al respecto, Carlos Morales refirió que anular el decreto emitido en 2021 abriría la posibilidad de que no solamente los vecinos afectados puedan llevar a cabo labores de construcción o rehabilitación de sus inmuebles, sino que todos aquellos que han invadido de manera irregular el área protegida durante los últimos 15 años.
El defensor del territorio y la tierra refirió que en 2020 cuando comenzaron una serie de protestas debido a la lotificación de decenas de predios en el cerro del Crestón, fueron enterados de que constructoras que tenían el respaldo de grupos políticos pretendían edificar zonas habitacionales en aquel punto.
Incluso, se estableció que uno de los proyectos era construir una zona residencial de alta plusvalía.
Es decir, resaltó, abrogar el acuerdo que prohíbe la construcción de casas y el cambio de uso de suelo beneficiaría a más de los pobladores que Pavel López argumenta que respaldan su propuesta.
Delimitación, única salida social y legal, sostiene
Carlos Morales, sin embargo, refirió que el acuerdo aprobado en 2021 no prohíbe de manera definitiva la construcción de más casas, sino que suspende el otorgamiento de permisos hasta que el gobierno federal, estatal y municipal cumplan con la delimitación del área que conforma la zona protegida.
Lo anterior para dar certeza tanto a los ciudadanos como a las autoridades.
Morales refirió que, en dado caso, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez puede promover dar celeridad al proceso de delimitación de las áreas protegidas, con el objetivo de establecer en dónde se puede construir y en dónde no.
En ese sentido, el presidente de Colmillo Blanco resaltó que, una vez cumplido con el proceso de delimitación de las zonas, se puede fijar un proceso en el que se respete la propiedad de aquellos ciudadanos que se asentaron en ellas.
El activista indico que, de esa forma, se respetaría la tierra propiedad de ejidatarios que llegaron desde hace decenas de años, pero que no se permitiría la venta de más espacios y menos su modificación con el fin de construir grandes fraccionamientos o zonas residenciales de lujo.
