*Plagado de irregularidades y de intereses políticos, el decreto original emitido el 14 de noviembre de 1992 por el gobierno de Heladio Ramírez López, prácticamente 16 días antes de que terminara su administración, el documento nunca fue respetado como Área Natural Protegida.
*Ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que tienen espacios en esas zonas desde hace más de 50 años, acusan que con Oswaldo García Jarquín se agravó el problema con su “acuerdo” que tampoco respetó.
I de II Partes
Del perímetro de 2 mil 300 hectáreas que el 14 de noviembre de 1992 fue decretado Área Natural Protegida por el gobierno del priista Heladio Ramírez López y que contempla los cerros El Fortín, Cruz Blanca y El Crestón, no queda prácticamente nada, pues casi el 90 por ciento de la superficie ha sido absorbida por la mancha urbana.
Las únicas partes de la zona que hasta hoy permanecen sin construcciones –pero que ya están lotificadas—son las cimas de los tres cerros; la de uno de ellos, el Cruz Blanca, donada a la Iglesia Católica, constató Primera Línea MX en un recorrido efectuado por el lugar.
Habitantes de cinco agencias municipales –San Felipe del Agua, Guadalupe Victoria, Viguera, Donají y San Luis Beltrán, cada uno en su lugar de influencia–, así como media centena de colonias, afirman que cuentan con escrituras que los amparan como los legítimos dueños de las tierras, desde hace 80, 60, 50, 40 y, en el menor de los casos, 30 años, por lo que nadie puede ni correrlos ni despojarlos de ellas.
Cinco de aquellas personas exhibieron documentos y dialogaron con este medio para dar una postura y su versión en torno a los hechos que durante los últimos tres años han causado un alto grado de polémica, a partir de la denuncia de activistas sobre la presunta invasión y destrucción del Área Natural Protegida.
Las acusaciones de los ambientalistas derivaron en que el Cabildo capitalino emitiera en noviembre de 2021, cuando era presidente municipal Oswaldo García Jarquín, un acuerdo para frenar la emisión de licencias para construir y permisos de cambio de uso de suelo, algo que, de acuerdo con los inconformes, está a punto de provocar un conflicto social, principalmente en el cerro del Crestón y en el ejido Guadalupe Victoria.
Ese documento emitido por García Jarquín es el responsable de todo, según los entrevistados, un decreto mal estructurado y que nunca fue respetado.
PROCESO IRREGULAR
En teoría, sobre esas tierras donde hoy se ven casas por doquier, al igual que comercios, colegios y hasta hoteles, está prohibido, desde 1992, la construcción de cualquier tipo de obra de vivienda o desarrollo urbano.
Sin embargo, esa orden, de acuerdo con Marcos Reyes García, representante de alrededor de mil pequeños propietarios del Ejido Guadalupe Victoria, nunca pasó por las asambleas ejidales o comunales de las agencias involucradas y, por tanto, nunca fue avalada ni reconocida, por lo que la urbanización nunca se detuvo.
Según el relato de Reyes, las irregularidades en el Decreto promulgado hace 31 años son evidentes: primero, haberlo ejecutado sin la consulta y menos con la anuencia de comuneros y ejidatarios; no haber emitido planos cartográficos del área estipulada en la ordenanza y tampoco haber colocado linderos de manera física, además de que los dueños de los terrenos nunca fueron notificados ni indemnizados por tal decisión.
LIBRAMIENTO NORTE, LA CLAVE DEL DECRETAZO
El decreto fue emitido el 14 de noviembre de 1992, 16 días antes de que Heladio Ramírez López dejara la gubernatura de Oaxaca y después de que un choque con los comisariados de la zona se tradujo en la suspensión de la construcción del Libramiento Norte, un proyecto que intentó impulsar el político oriundo de la región Mixteca.
La orden gubernamental indica lo siguiente: “Se establece como Zona de Reserva Ecológica, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano, como Área Natural Protegida en los términos de la ley Estatal de Equilibrio Ecológico Libre de Asentamientos Humanos, toda la superficie existente entre la mancha urbana actual y el libramiento vial de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en su desarrollo, desde su inicio, en el entronque a la carretera al Istmo (sic), hasta su culminación en su entronque con la carretera a México, sobre el acceso a la agencia municipal de Trinidad de Viguera, en un desarrollo de 18 kilómetros”.
Agrega: “De igual manera, se comprenderá la superficie que comprende del libramiento norte de la Sierra de San Felipe del Agua, conformada por los cerros El Fortín, Cruz Blanca y Crestón y su desarrollo hacia el norte, hasta coincidir con el límite definido por el Plan de Desarrollo Urbano en la forma y términos del anexo gráfico de este decreto”, añade el documento.
A pesar de que el Decreto habla de un “anexo gráfico” para precisar la distribución de la zona, éste apareció en el Periódico Oficial del Estado hasta el 12 de diciembre de 1992, un mes después, de acuerdo con una serie de documentos entregados a este medio.
En aquel entonces, se publicó un croquis con las áreas supuestamente estipuladas en el decreto de Reserva Ecológica, pero sin coordenadas ni delimitaciones exactas de las poligonales, pues únicamente hace referencia a nombres de diversos parajes ubicados entre las agencias de San Luis Beltrán, Donají, Guadalupe Victoria, San Felipe y Viguera.
Para Marcos Reyes fue un acto de venganza contra los pueblos por haberse negado a la construcción del Libramiento Norte.
CASAS, LOCALES, ESCUELAS Y HASTA HOTELES, EN ÁREA DECRETADA
En la actualidad, del lado de Viguera, el extremo poniente del área de reserva ecológica ha desaparecido entre casas habitación, locales comerciales, centros educativos, canchas deportivas y vialidades, el mismo fenómeno atestiguado en Guadalupe Victoria y San Felipe del Agua.
De hecho, sobre el área de reserva ecológica, entre 2014 y 2015, en inmediaciones de la colonia Lomas del Crestón, fue construida la sede Pacífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), a cargo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), luego de que la institución signó un acuerdo con el gobierno del estado, en el que se comprometió a cumplir con una serie de obligaciones para no afectar el área natural.
El CIESAS fue edificado sobre una superficie de 7 mil 752 metros cuadrados, que colinda con un terreno de nueve hectáreas propiedad del gobierno de Oaxaca, también enclavado en el área de reserva decretada por Heladio Ramírez López.
Lo contradictorio es que en los alrededores del CIESAS y del terreno del gobierno estatal se desarrollaron núcleos urbanos de alta densidad, como las colonias Lomas del Crestón –afectada casi al 100 por ciento por el Decreto–, Loma Linda y Mártires de Río Blanco.
De acuerdo con el arquitecto y asesor técnico de las colonias Lomas del Crestón y Río Blanco, Gerardo Aguilar, son al menos 50 grandes colonias que permanecen total o parcialmente adentro de la zona de reserva, entre ellas, además de las mencionadas, la Microondas, Solidaridad, Heladio Ramírez, Sabino Crespo, Lomas Panorámicas, Aurora.
Así como las partes altas de Santa Rosa Panzacola y Pueblo Nuevo, además del 90 por ciento de la agencia de Viguera, el 90 por ciento del Ejido Guadalupe Victoria, el 30 por ciento de San Felipe del Agua, el 25 por ciento de Donají y menos del uno por ciento de San Luis Beltrán.
Todo ello, con el aval de las autoridades municipales y estatales de los últimos 30 años, que no sólo impulsaron el desarrollo de los asentamientos, sino que en cada periodo electoral prometieron obras y ampliación de calles.
Para Gerardo Aguilar, vecino afectado por el Decreto de 1992 y especialista en desarrollo urbano, el 100 por ciento del perímetro contemplado en la zona de reserva de Ramírez López ha sido ya urbanizado, pues sí bien existen aún algunos lotes baldíos, éstos cuentan, como mínimo, con un camino o una vereda para llegar a ellos.
