Gladys Cruz Méndez, hoy ex trabajadora del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO) que en agosto de 2021 denunció públicamente que los entonces encargados del área jurídica de la dependencia le ordenaron a tres empleados, incluida ella, mentir y acusar al personal de la Fiscalía de Oaxaca de la desaparición de los expedientes de las propiedades de los hermanos Gómez Conzatti, acusó ahora que funcionarios del actual gobierno estatal, de Salomón Jara, han montado una campaña de protección para los integrantes del denominado Cártel del Despojo.
Hace dos años, Cruz Méndez divulgó en redes sociales una serie de videos donde se escucha a los entonces representantes legales del ICEO, Josefina Francisca García Aparicio y José Antonio Lara Rodríguez, pedirle a ella y a dos de sus compañeros que acusen a terceras personas de la sustracción ilegal de los expedientes del caso Gómez Conzatti –que mantienen abiertos procesos penales por robo de identidad y despojo– , con el objetivo de deslindar del hecho al entonces director de la instancia gubernamental, Jorge Armando Zárate Medina.
Tras negarse, en octubre de 2021, Gladys Cruz fue despedida de la dependencia y a pesar de contar con evidencia sobre las acciones irregulares cometidas en su contra, su caso permaneció congelado durante un año en la Junta de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.
En entrevista, la mujer indicó que, a fines de 2022, tras demandar la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), su expediente avanzó durante algunos meses; sin embargo, con el comienzo de la actual administración, que encabeza Salomón Jara, su caso no solamente se ha detenido nuevamente, sino que ha continuado a recibir amenazas de muerte y múltiples arremetidas administrativas con el objetivo de que desista.
Denuncias con documentos falsos
Dentro de la campaña comenzada en su contra por el gobierno estatal, agregó, resalta el hecho de que las actuales secretarías de Finanzas y la de Administración han intentado desconocerla como trabajadora, al afirmar que nunca ha sido empleada del gobierno del estado, al tiempo que el ICEO presentó una carta de renuncia falsa, con una firma que no le pertenece a ella, y que ha pretendido ser tomada como válida por todas las instancias gubernamentales.
A pesar de todo lo anterior, subrayó, la autoridad también se ha negado a proporcionarle un defensor de oficio hizo meter a un peritaje la renuncia falsa.
Implica a titular de DDHPO en conflicto de interés
La ex trabajadora del gobierno del estado refirió que las irregularidades en su contra volvieron a agudizarse a partir de marzo de 2023, cuando Elizabeth Lara Rodríguez fue nombrada como Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
De hecho, indicó que entre 2022 y principios de 2023, fue la DDHPO la que prácticamente obligó al Poder Ejecutivo a permitirle tener acceso a su expediente y que gracias a ello se enteró de la existencia de papeles falsificados.
Sin embargo, al arribar al cargo Lara Rodríguez, el organismo recibió indicaciones de la Secretaría de Finanzas de no intervenir más en el pleito laboral que se lleva a cabo, a pesar de que la víctima ha denunciado constantemente abusos y actos inconstitucionales de la autoridad.
A ello, denunció la ex trabajadora, se suma que ha recibido información acerca de que José Antonio Lara Rodríguez, el ex representante jurídico del ICEO y quien fue quien la presionó para hacer acusaciones falsas, es hermano de Elizabeth Lara Rodríguez.
Fiscalía Anticorrupción y Consejería Jurídica le niegan respaldo
Por la situación anterior, refirió la mujer, levantó denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, que encabeza Jorge Emilio Iruegas Álvarez, pero el organismo no le ha notificado si ya comenzó las investigaciones o en qué proceso permanece la carpeta de investigación, cuyo número también desconoce.
Cruz Méndez abundó que también recurrió a la Consejería Jurídica del gobierno del estado, que encabeza Geovany Vásquez Sagrero; no obstante, aquella instancia también se negó a brindarle respaldo.
Por todo lo anterior, la servidora pública decidió denunciar los hechos pues teme que su integridad esté en riesgo debido a que durante los últimos dos años ha recibido múltiples amenazas.
