El panorama que enfrentan las juventudes para su desarrollo político, social y económico es alarmante, de acuerdo con los datos de CONEVAL en 2020, 40% de personas jóvenes se encuentra en situación de pobreza y 5.4 millones no tenían la oportunidad de estudiar ni de trabajar, de ellos, el 91.2% son mujeres de acuerdo con la CONAPRED; además de las condiciones de pobreza, marginación y exclusión en la que se encuentran, un problema adicional es la inseguridad y la violencia que ha hecho de la juventud, uno de los sectores más vulnerables frente a la delincuencia, dijo Liz Concha Presidenta de la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios durante su intervención en la tribuna de la Sexagésima Quinta Legislatura de Oaxaca.
Agregó la diputada que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, señaló que en el 2020 de las 73 mil 201 personas desaparecidas en nuestro país, 75% tiene entre 15 y 30 años de edad. Mientras que, el 53% de los homicidios de mujeres ocurrieron en las edades comprendidas entre los 15 y los 34 años de acuerdo con la ONU mujeres.
Lamentó la legisladora que a pesar de que en diciembre del 2020, entró en vigor una reforma constitucional que modificó los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer a las personas jóvenes como sujetos de derecho, se presente una paulatina disminución de recursos públicos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este sector, ya que en el periodo de 2018 a 2023, pasamos de 3.27% a 2.86% del producto interno bruto (PIB). En consecuencia, el gasto público total también se ha visto disminuido al pasar del 26.5% en el 2018 al 18% para 2023; siendo este último, el nivel más bajo en los últimos 6 años.
Reveló que la disminución de asignaciones presupuestales a la niñez y juventud en México, se debe a que los recursos se han concentrado particularmente en educación y salud, en tanto que en desarrollo social prácticamente la mayor parte se ha destinado en becas y al programa de jóvenes construyendo el futuro, programa que ha resultado un referente de corrupción en este gobierno, derivado de las auditorías realizadas a este programa detectando irregularidades por 170 millones de pesos.
Advirtió la oriunda de San Bautista Cuicatlán que los recursos públicos asignados a las personas jovenes tienen un problema adicional; “casi la mitad de ellos son ejercidos por gobiernos estatales y municipales pero no existen criterios homogéneos de aplicación y tampoco programas que tengan recursos etiquetados que impida un ejercicio discrecional de los mismos, lo que deriva en ineficacia, poca transparencia y mínimo impacto para atender los problemas que se pretenden solucionar con los mismos”, por ello, en dicha iniciativa se propone que de manera obligatoria se etiqueten recursos programas o acciones específicas que el gobierno estatal y los municipales establezcan en sus planes de desarrollo.
Liz Concha amplió su argumentación explicando que a través de esta Reforma a la Ley de las Personas Jóvenes del Estado de Oaxaca se busca el reconocimiento del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, puesto que la ley actual tiene ambigüedades que deben subsanarse bajo una perspectiva de derechos humanos.
Por lo tanto, con la adecuación del marco normativo se incentiva y garantiza la participación política de las personas jóvenes, pues a pesar de su relevancia como sector poblacional y lo determinante que puede resultar su participación, toda vez que de acuerdo con datos del INEGI sólo el 17% de las personas jóvenes de entre 18 y 29 años votó en las elecciones presidenciales de 2018.
Detalló que esta iniciativa incluye la participación de las personas jóvenes en los sistemas normativos indígenas, ello por supuesto en el marco del propio sistema, pero también, propiciando desde las autoridades electorales especialmente, una inclusión progresiva en estricto respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Finalmente consideró Liz Concha necesario impulsar desde la legislación, espacios para que expresen sus opiniones, que sean escuchados, de manera que se garantice su participación ciudadana e inclusión en los procesos de toma de decisiones; “pues cuando logremos como autoridades que las personas jóvenes tengan la certeza de que sus voces son escuchadas y sus demandas atendidas, su participación en la vida política, social y comunitaria será mayor”.
La diputada concluyó su participación solicitando el apoyo de sus compañeras y compañeros diputados para impulsar y en su momento aprobar esta reforma que es de suma importancia para reconocer y garantizar los derechos de la juventud oaxaqueña, ya que son la fuerza más activa y vital de la sociedad, los más ansiosos de aprender y contribuir a un futuro mejor para todas y todos.
