El notario público número 134, Francisco Javier Silva Contreras, ex titular de Catastro y del Registro Civil de Oaxaca durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, interpuso un recurso de amparo ante las indagatorias comenzadas por la actual administración en contra de presuntos actos irregulares cometidos por diversos fedatarios de la entidad.
El consejero Jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, sostuvo, en entrevista, que Silva Contreras es uno de varios notarios públicos que ha recurrido a la protección de la justicia federal ante los procedimientos que actualmente se realizan tanto por las denuncias en torno al Cartel del Despojo como por la presunta entrega irregular de patentes.
“Este gremio, de los notarios, muchas veces han pensado que no pueden ser revisados o que son intocables; nosotros no traemos una política en contra de ellos, son parte de; sin embargo, es necesario que nosotros revisemos de manera muy puntual lo que les entregaron, lo que les dieron”, sostuvo el abogado del Poder Ejecutivo.
La semana pasada, un Juez de Control de Oaxaca dictó auto de vinculación a proceso en contra del extitular de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, por uso irregular de recursos públicos por un monto de 51.6 millones de pesos.
Investigaciones
Vásquez Sagrero refirió que en el transcurso de los próximos días, la instancia a su cargo podría suspender a nuevos notarios públicos por irregularidades en el procedimiento para la expedición de sus patentes o por su presunta colusión con el Cártel del Despojo, tras una serie de investigaciones efectuadas tanto por la Secretaría de Honestidad como por la Dirección General de Notarías y la Consejería Jurídica.
En cuanto al Cártel del Despojo, el representante legal del Poder Ejecutivo estatal se negó a precisar los nombres de las personas involucradas por la secrecía de los procedimientos, pero confirmó que existen pesquisas en contra de todos los fedatarios que de manera pública han sido denunciados por participar en actos de despojo en contra de particulares y de la propia administración pública.
En ese sentido, precisó que tales investigaciones podrían derivar en procesos judiciales que permitan órdenes de aprehensión, aunque para ello existen dos rutas que deben ser respetadas: Por una parte, las denuncias de los particulares que hayan sido afectados por tales hechos y, por otra, los procesos que promuevan la Consejería Jurídica por actos de despojo cometidos contra el propio gobierno.
“Sí, tenemos notarios visualizados que tienen que ver con el Cartel del Despojo y una vez que haya carpetas judicializadas y procedimientos en ese sentido, también, si están involucrados en esos hechos delictuosos, esos son otros tipos de procedimientos que nos da la Ley del Notariado, donde podemos revocar los fiats.
“En los (casos) que son de particulares, los particulares tienen que estar revisando (los procesos correspondientes), pero cuando involucran al Estado como tercero, como el caso de Triplay (o) Catastro, nosotros intervenimos como terceros”, resaltó.
Además de casos de presunto despojo fraguados desde Catastro y otras instancias de gobierno como el Registro Civil o el Instituto de la Función Registral, las autoridades estatales están involucradas en las indagatorias que tienen que ver con temas como la venta de predios en San Raymundo Jalpan.
“En algunos casos hay documentación apócrifa presentada por notarios que sí podría dar pauta a una probable responsabilidad en materia penal…
“Al estar hablando de la existencia del Cártel del Despojo y un servidor decir que hemos podido observar la intervención constante de ciertos fedatarios públicos, en esos casos sí tenemos que actuar como Consejería Jurídica”, resaltó.
En octubre de 2022, una proposición con punto de acuerdo presentada en el Congreso de la Unión pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda atraer las investigaciones por el caso del Cártel del Despojo en Oaxaca.
En aquel documento, la autora, la diputada federal petista Margarita García, citó nombres de notarios públicos locales supuestamente involucrados en diversos actos de despojo, entre ellos el número 133, Rafael Avilés Álvarez, hermano del ex líder del PRI en el estado y ex candidato a gobernador, Alejandro Avilés; el 135, Jorge Merlo; 106, Alejandro José Vidaña Luna; 138, Manuel Pérez Morales; 100, Arturo David Vasquez Urdiales, y 84, José Jorge Enrique Zárate Ramírez.
Por su parte, el abogado Enrique Toro Ferrer, este año, reiteró acusaciones en contra de Merlo Gómez e involucró también al ex Consejero Jurídico del gobierno pasado, José Octavio Tinajero Senil.
“Hay algunas carpetas de investigación que están pendientes; hay otras que están judicializadas, y sí hay varios notarios que están involucrados en el tema del Cártel del Despojo”, señaló Vázquez.
–¿(Notarios) que han sido denunciados públicamente?, consultó el reportero.
–Que han sido públicos… si hay carpetas de investigación en ese sentido, puntualizó.
