Pese a que existió una alternancia política a nivel federal y estatal entre el PRI y Morena, en Oaxaca se han profundizado las violaciones a los derechos humanos, aunado a que persisten retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción y falta de autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca entregaron el Informe Ciudadano intitulado “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación” donde refieren que “la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para enfrentar la grave situación por la que atraviesa el estado. La ‘paz’ es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación”.
El Informe Ciudadano 2018-2023 “Entre el PRI y Morena: Retrocesos, impunidad y simulación” tiene como objetivo reflejar la situación de los derechos humanos en Oaxaca en el marco de la cuarta evaluación del Estado Mexicano por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU).
Durante la presentación del Informe Ciudadano realizado este miércoles 6 de diciembre en el Centro Cultural San Pablo, organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro de Apoyo para le Educación y Creatividad Calpulli, Servicios para una Educación Alternativa y la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI Capítulo-Oaxaca), concluyeron que persiste la “continuidad entre las administraciones priistas y morenistas”.
Sintetizaron que en “este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara Cruz a la Gubernatura, sin embargo y pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”.
Nadir Hernández Quiroz dio la bienvenida e hizo la presentación de participantes: Marcos Leyva Madrid, de Educa; Yesica Sánchez Maya, de Consorcio-Oaxaca; Flora Gutiérrez de la red de Abogadas Indígenas, Soledad Jarquín Edgar, periodista feminista; Diana Leticia Pérez López del Centro Calpulli; Mario Hurtado del Colectivo EPUMx y Ximena Ramos de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Educa dio lectura al pronunciamiento; Consorcio Oaxaca, RAI y Calpulli hicieron la presentación de contenidos del informe; Mario Hurtado del Colectivo EPUMx y Ximena Ramos de ONU-DH realizaron comentarios sobre el proceso del EPU y el informe de Oaxaca.
Durante la presentación dieron a conocer también el mensaje emitido por la Relatora sobre la Situación de Personas Defensoras Mary Lawlor en el que expresa su preocupación por el alto riesgo en el que se encuentran personas defensoras en Oaxaca e instó a la liberación inmediata del defensor detenido arbitrariamente desde 2010 Pablo López Alavez.
En el documento se resalta que existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria, ya que “encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género”.
Hicieron hincapié que “desde hace 15 años advertimos a la ONU que la situación en materia de derechos humanos se agudizaría debido a problemas estructurales: la política de militarización, la legislación neoliberal, el machismo que permea las estructuras del Estado, la falta de reconocimiento de derechos hacia pueblos indígenas, mujeres e infancias, la impunidad, las violencias en contra de quienes defienden derechos humanos y libertad de expresión y la falta de voluntad política han conducido a una crisis sistemática en materia de derechos humanos”.
Es en ese contexto que, organizaciones y colectivos de Oaxaca presentaron por cuarta ocasión un informe sobre la situación en el estado por sus características específicas en términos de desigualdad, pobreza, impactos y situaciones diferenciadas de violencia para población indígena, mujeres y personas defensoras entre otras.
Denunciaron que “la violencia machista permea todos los niveles de Gobierno, diversos personajes señalados y denunciados por violencia de género fungen como funcionarios de alto nivel en el Gobierno del Estado, como lo es Donato Vargas Jiménez denunciado por violencia familiar y señalado por participar en Redes Sociales, RS, de carácter pornográfico en perjuicio de mujeres indígenas”.
También se profundiza la militarización en particular en zonas donde pueblos indígenas luchan contra la imposición de megaproyectos, además de dotar de presupuestos históricos para la militarización de la seguridad pública. Este despliegue de las fuerzas armadas en Oaxaca ha ido acompañado por un creciente el número de quejas en su contra, en particular contra la Guardia Nacional.
Muestra de ello es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició 77 quejas contra la Guardia Nacional (19 quejas en 2020, 25 en 2021 y 33 en 2022).
De igual forma, la violencia feminicida sigue en aumento, ya que se registró en el periodo de 2018 a 2022 un incremento del 126% en feminicidios y de 131.7% en desapariciones de niñas y mujeres tan solo en el 2021.
El marco jurídico existente a nivel federal y estatal agudiza la imposición de proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, y la consecuente violación del derecho a la libre determinación. Tan solo en el caso de proyectos extractivos, hasta 2020, se otorgaron 294 concesiones mineras en el estado de Oaxaca: 45 proyectos mineros.
En este contexto, se agravó de manera alarmante las agresiones contra personas defensoras, documentándose 47 asesinatos (2018-2023), ubicando a Oaxaca como el más letal para la defensa de derechos humanos.
Es importante destacar que la mayoría de personas defensoras asesinadas pertenecía a un pueblo indígena y defendía la tierra y el territorio, además de los asesinatos se encuentra la privación ilegal de la libertad como una práctica para disuadir procesos de defensa tal es el caso del defensor Pablo López Alavez, defensor zapoteco privado de su libertad injustamente.
Las mujeres defensoras enfrentan a su vez un riesgo particularmente alto con ataques con componente especifico de género e impactos diferenciados.
La misma situación acontece con periodistas, Oaxaca es la quinta entidad con más asesinatos de periodistas (2018-2022).
Entre los casos emblemáticos se encuentran los asesinatos de los periodistas Heber López Osorio y Agustín Silva Vásquez, y de los defensores del Río Verde. Fidel Heras Cruz, Jaime Jiménez Ruiz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Filogonio Martínez Merino, defensores del río Verde.
La impunidad es el mayor agravio del Estado. El sistema de justicia se caracteriza, en este periodo, por falta de independencia, dilación, corrupción, negligencia y falta de personal especializado.
Asimismo, es importante señalar el dramático incremento de la violencia contra menores de edad, durante este periodo se documentaron altos niveles de crueldad en feminicidios e incremento de la violencia contra niñas: el 40 % de casos de violencia feminicida registrados de diciembre de 2022 a abril de 2023 fueron contra menores de edad.
Otra situación especialmente preocupante es la contaminación del agua y del aire. La contaminación de los ríos pone en riesgo los mantos freáticos. En Valles Centrales, periódicamente, se anuncian políticas de rescate y saneamiento de los ríos, sin que hasta la fecha hayan logrado mejoras. De ahí que la contaminación ambiental se agrava frente a la falta de propuestas viables para la gestión de residuos. Las únicas y endebles propuestas promovidas por el gobierno del estado vulneran además el derecho a la consulta y consentimiento de comunidades como en el caso del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos.
Lo preocupante es que los órganos autónomos claves para la política de derechos humanos y procuración de justicia están supeditados al poder oficial, como se ilustra en los procesos de elección de los últimos dos fiscales y del titular del órgano descentralizado, Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAV).
En el evento, Yesica Sánchez Maya, remarcó que los partidos van y vienen, las fuerzas políticas se acomodan, sin embargo, se mantiene un continuo debilitamiento de instituciones.
Respecto a la ley 3 de 3 cuestionó la complicidad que persiste porque “hay políticos que tienen resoluciones en su contra y no se les destituye como es el caso de la subsecretaria de prevención y violencia de género de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Yolanda Adelaida Santos Montaño; el caso de Donato Vargas o el hermano de Adelfo Regino, que tienen señalamientos en contra, pero no pasa nada. Esta ley quedó grande o como letra muerta”.
En cuanto a la violencia feminicida detalló que, en este tiempo, solo hay sentencias en solo el 5% de los feminicidios registrados por la sociedad civil. Es decir, se han dictado 29 sentencias de 2018 a marzo de 2023 de 602 feminicidios registrados.
Otro tema que preocupa es la imparable desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Oaxaca, se tiene el registro de mil 943 desaparecidas de 2018 al 2022 en el periodo del priista Alejandro Murat y 254 en el primer semestre del morenista Salomón Jara.
Diana Leticia Pérez López cuestionó a la 65 legislatura local por el retroceso que marcó en materia de derechos de niñeces y adolescencias violando el principio de progresividad a los derechos que ya había ganado como lo era el derecho a una alimentación sana y nutritiva.
Flora Gutiérrez cuestionó la militarización que está solo para cuidar intereses del gobierno y de empresas transnacionales atentando contra el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos, mientras que la inseguridad va en aumento.
Soledad Jarquín Edgar enfatizó que desde el sexenio de José Murat Casab pensó que no habría peores gobernadores, pero vino Ulises Ruiz, Gabino Cué, Alejandro Murat y ahora Salomón Jara y cada vez son peores.
Mario Hurtado de EPUmx, reconoció que más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, presentaron 18 informes temáticos derivados de la grave crisis que vive México en materia de derechos humanos como desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, migración, femicidios, entre otros.
Hizo hincapié en el tema de la militarización que cada vez se ha agudizado, pero lo que preocupa es que no hay un plan gradual de retiro, es decir que llegaron casi para quedarse.
Otra cosa que preocupa es el debilitamiento del Estado de derecho. Nos preocupa la falta de aplicación de leyes, incapacidades institucionales; el debilitamiento del espacio cívico y el tema de la impunidad.
Preocupa que 11 estados continúan sin una armonización de la ley general de desaparición forzada, es un pendiente de este sexenio, aunado que las comisiones de búsqueda no cuentan con el personal suficiente. En este sexenio hay alrededor de 40 mil personas han sido desaparecidas para un cúmulo total de 110 mil desaparecidas.
A su vez, Ximena Ramos de ONU-DH, reconoció que México recibió 264 recomendaciones de las cuales aceptó 262 en el último periodo del EPU.
Finalmente, las organizaciones de Oaxaca instaron a la ONU a generar un mecanismo de seguimiento con rendición de cuenta anual respecto al cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en todos los ciclos del EPU, ya que a 15 años de evaluación del Estado Mexicano no han existido avances respecto a los ejes fundamentales de derechos humanos descritos anteriormente.
