Un grupo de autoridades de San Miguel Panixtlahuaca, ubicado en el distrito de Juquila, pidieron a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca validar la determinación tomada por su asamblea comunitaria, el pasado tres de diciembre, entorno a la destitución del presidente municipal Antonio García García.
En conferencia de prensa, los inconformes acusaron al edil de incurrir en el desvío de 33 millones de pesos procedentes de los Ramos 33 y 28, además de cometer actos de abuso de poder.
Encabezados por el síndico municipal, regidoras y regidores de Hacienda, Obras, Seguridad, Cultura y Salud, además del tesorero, el grupo sostuvo que la población determinó revocar del cargo al edil, debido a que se negó a responder a las exigencias de transparencia promovidas por la población.
En un pronunciamiento, los concejales reiteraron que sobre el presidente municipal recaen “ graves acusaciones de malversación de fondos públicos, prepotencia, faltas a las sesiones de cabildo, toda vez que desde el inicio de la administración siempre se encontraba en estado de ebriedad, haciendo escándalos en las vías públicas.
“En los últimos meses, contrató pistoleros sin consentimiento del Cabildo municipal, hostigando, amenazando a los miembros de su gabinete (y) usurpando funciones…”.
Justificaron que la revocación del cargo fue realizada en apego al artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, “sobre las causa graves para la revocación de mandato de algún miembro del ayuntamiento ya que es un mecanismo mediante el cual las y los ciudadanos deciden que un servidor público de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes por lo tanto son decisiones irrevocables el pueblo pone y el pueblo quita”.
