Un total de 36 comunidades de la región de la Sierra Norte exigieron al gobierno de Oaxaca y al Congreso estatal derogar el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca que abre la posibilidad de privatizar, incluso con incentivos, territorios ejidales y comunales.
En una protesta y conferencia de prensa efectuada en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, representantes de aquellos grupos se pronunciaron “firmemente” en contra de la pretensión de incorporar a la propiedad privada los predios de los ejidos y comunidades, “beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios, que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.
En el marco de la inauguración del tren del Corredor Interoceánico, en la región del Istmo de Tehuantepec, las comunidades inconformes acusaron que tal normativa “evidencia una intencionalidad de privatización de nuestros territorios a favor del capital internacional y los megaproyectos extractivistas, partiendo de los 10 municipios considerados Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi), ubicados en el Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”.
La derogación de la Ley de Ingresos, por ende, incluiría la cancelación del Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Segundad y Bienestar del Patrimonio.
“Confiábamos que el hoy Gobernador por su origen serrano y su autoadscripción Bene Xhon manifestado en la campaña, su gobierno tendría más conocimiento. sensibilidad y respeto a los pueblos originarios de Oaxaca y sus comunidades, evitando la tentación neoliberal de desaparecer la propiedad colectiva de los territorios que nos pertenecen históricamente, y estableciendo un diálogo franco alejado del paternalismo, la discriminación y el autoritarismo”, recriminaron.
“Hace exactamente una semana que emitimos un comunicado, manifestando nuestra preocupación por una norma fiscal, que pensamos era producto de la falta de responsabilidad de nuestras diputadas y diputados, al aprobar de manera precipitada y sin entendimiento la Ley de Ingresos del Estado.
Sin embargo, acusaron que la única respuesta que recibieron fue “un fuerte silencio”.
“El afán de quedar bien con el capital a través de la Ley de Ingresos, invadió la competencia federal al tiempo que violentó nuestros derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a nuestra diferencia cultural y, a la consulta con el estándar más alto de consentimiento previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuado y en la práctica, derogó la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, violaciones que a todas luces invalidan la norma por ser contrarias a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad”.
Ante ello, al margen de las acciones jurídicas y sociales que emprenderán para defenderse de “esta intentona de privatización”, le requirieron al Gobernador y al Congreso del Estado, “que restablezcan la regularidad constitucional, por lo que a la mayor brevedad el primero presente una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2024 y, el segundo, en virtud de la obvia y urgente resolución dispense los tramites legislativos y apruebe la iniciativa para derogar el articulo 25 de dicha Ley”.
