La Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJE) ordenó reponer el procedimiento penal en contra de la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y tres de sus colaboradores por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, confirmaron esta tarde las hermanas Sara y Elizabeth Uruchurtu.
La familia de la activista se pronunció en contra de la resolución emitida el pasado 13 de diciembre y notificada el 15 de diciembre, al considerar que se trata de un intento del Poder Judicial de Oaxaca por proteger a la ex edil emanada del partido Morena e identificada como persona cercana al actual gobernador, Salomón Jara Cruz, así como al resto de los procesados.
Las hermanas Uruchurtu Cruz recordaron que el 15 de septiembre de 2022 un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 60 años de cárcel a Juan Antonio Hernández Martínez, en su calidad de autor material, mientras que a Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita les impuso una pena de 40 años a cada uno en su calidad de partícipes en la desaparición de Claudia Uruchurtu.
En esa misma ocasión, en un hecho que fue criticado por las víctimas colaterales, le ex edil de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria, fue sentenciada a cuatro años y dos meses de prisión después de que la jueza a cargo de la sentencia, reclasificó el delito que se le imputaba a la exfuncionaria de “autora” a solamente haber obstruido las investigaciones.
Fue justamente la sentencia menor para la ex presidenta municipal lo que hizo que la familia Uruchurtu Cruz apelara la sentencia emitida, en busca de acceso integral a la justicia y una mayor penalidad.
Sin embargo, los magistrados revocaron todo el proceso.
“Al ordenar la reposición de todo el procedimiento desde la audiencia de debate, consideramos que los magistrados nos revictimizan y fallan en realizar una ponderación conforme a los estándares internacionales y en garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, por la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz.
“La Ley prevé la posibilidad de subsanar omisiones y deficiencias y no necesariamente reponer todo el procedimiento, como ahora lo plantean los magistrados. En otras palabras, debe en todo momento privilegiarse no sacrificar la justicia solo por cuestiones de formalidad”, lamentaron las hermanas Uruchurtu a través de un pronunciamiento público.
Si bien la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de Oaxaca abre la posibilidad de que Lizbeth Victoria sea sentenciada como autora o cómplice de la desaparición de Claudia Uruchurtu y no por un delito menor, también podría derivar en la absolución de las cuatro personas.
“No obstante de existir una sentencia condenatoria, decidimos interponer un recurso de apelación porque consideramos que la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento, María Teresa Quevedo Sánchez, no había considerado elementos fundamentales para una justicia integral, incluyendo: la responsabilidad por el delito de desaparición forzada de la expresidenta municipal, el reconocimiento pleno de la calidad de defensora de derechos humanos de Claudia, y la inclusión del enfoque diferenciado y con perspectiva de género, al ser nuestra hermana mujer, hija y madre”, añadieron las víctimas.
Sara y Elizabeth Uruchurtu indicaron que los magistrados oaxaqueños justificaron la reposición en que la jueza tardó más de 24 horas en dar a conocer su veredicto una vez concluido el juicio y porque dos personas, en teoría, no fueron acreditadas como víctimas indirectas.
“Durante el procedimiento penal fuimos todas las victimas indirectas reconocidas plenamente, por así haberlo solicitado. También fuimos representadas por nuestros asesores jurídicos y la Fiscalía General del Estado.
“Por lo tanto, consideramos que la afirmación realizada por los magistrados al respecto de que la sentencia escrita no incluye a la totalidad de quienes somos víctimas indirectas, solo es una excusa para contribuir a la impunidad del delito de desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz”, agregaron.
“Con esta resolución que consideramos ilegal y que fuera emitida en segunda instancia, se deja de lado por completo el principio de la tutela efectiva, la cual se traduce en la posibilidad real de que las víctimas podamos acceder a la justicia, mediante tribunales previamente establecidos, quienes deberán en todo momento asegurar el derecho a la verdad y sancionar conductas que la Ley señale como delitos, evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que permitan la impunidad”.
Asimismo, acusaron que los integrantes de la sala Luis Enrique Cordero Aguilar, Alejandro Magno González Antonio y Arturo Lázaro León de la Vega evitaron durante un año “entrar al estudio de fondo de los agravios expresados por nosotras” y, finalmente, emitieron la sentencia el 13 de diciembre y la notificaron dos días después, durante el último día de actividades antes del periodo vacacional decembrino y en el último día como magistrado presidente de Eduardo Pinacho.
“Les anunciamos que estaremos en próximos días recurriendo a los tribunales federales para impugnar esta resolución de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y les pedimos estar atentos y atentas a lo que siga ocurriendo”, agregaron.
“No avalaremos actuaciones jurisdiccionales que atenten contra los derechos de las victimas de desaparición forzada, no permitiremos que se construya un camino hacia la impunidad, no permitiremos el desprecio jurisdiccional por los derechos humanos, al contrario seguiremos exigiendo justicia por todos los medios posibles hasta encontrar a nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz”, subrayaron.
