El Juzgado Noveno de Distrito con sede en esta entidad concedió una suspensión de amparo a alrededor de 50 trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) en contra del decreto que los transfiere y pone a disposición del régimen IMSS-Bienestar, confirmó el abogado Julio César Velázquez García, representante del personal de salud.
Los inconformes, adscritos a la Sección 96 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), solicitaron la protección de la justicia federal debido a que el Gobierno de México y el IMSS-Bienestar se niegan a reconocer los derechos colectivos y las condiciones generales de trabajo que las y los empleados negociaron y acumularon desde la creación del HRAEO.
Velázquez García explicó que el IMSS-Bienestar pretende crear nuevas condiciones de trabajo; es decir, suprimir las conquistas de todos los años anteriores.
Tras admitir el recurso, el representante del Poder Judicial otorgó la suspensión provisional al grupo de empleados, a efecto de que las autoridades continúen con el proceso de fusión, pero sin modificar ninguna prestación laboral.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se apliquen los decretos combatidos por cuanto hace a los quejosos, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.
“Lo anterior, con la finalidad de evitar la posible afectación a los derechos labores de índole colectiva, derivada de la fusión de su fuente de trabajo con el IMSS-Bienestar, con la probable alteración operativa y presupuestaria que ello implica”, refiere la resolución judicial.
Los trabajadores de Oaxaca se sumaron a los de Yucatán como los únicos que han logrado ampararse, hasta el momento, en contra del proceso.
El auto fue emitido el 10 de enero de 2024 y publicado el 11 de enero.
Entre las personas demandadas, figura en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el director del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer.
*Desconocen conquistas laborales*
El especialista en Derecho explicó que la demanda de amparo ataca dos ejes: el primero, relacionado con actos de desigualdad o discriminación en contra de los trabajadores oaxaqueños, ya que el IMSS-Bienestar sí reconoce el contrato colectivo de los empleados del régimen denominado IMSS-Insabi y que también fue transferido.
Julio César Velázquez García señaló que el IMSS-Bienestar no reconoce los derechos ganados de los trabajadores de los siete hospitales de especialidades del país y tampoco de los Servicios de Salud de los estados.
Sin embargo, resaltó que el Poder Judicial de la Federación solamente protegió a los alrededor de 50 trabajadores de Oaxaca que firmaron el amparo promovido hace unos días.
En segundo término, también atacaron que los artículos transitorios de un decreto, como el del IMSS-Bienestar, no pueden modificar ningún tipo de derechos laborales, pues para ello existen leyes e instancias.
En la actualidad, el gobierno federal ha emitido tres decretos para echar a andar el nuevo programa de salud.
“Esos tres decretos señalan una constante: dicen que, en lo que respecta a los trabajadores del IMSS Insabi, sus derechos serán protegidos de acuerdo con el contrato colectivo que les apliquen a los trabajadores del IMSS (y) por lo que respecta a los trabajadores de los Servicios de Salud de los estados y también de los (hospitales) de Alta Especialidad, serán únicamente reconocidos los derechos individuales de ellos.
“Si seguimos las lógicas de esos artículos transitorios, señalan que se van a crear nuevas condiciones generales de trabajo; si seguimos la lógica de ese mismo Decreto, también nos dice que todas las obligaciones y todos los salarios, todo lo que tiene que pagar la autoridad será de acuerdo a la viabilidad presupuestaria”, dijo el abogado.
“Primero, hay un trato desigual entre los trabajadores de los Servicios de Salud de las entidades federativas respecto de los trabajadores del IMSS- Insabi, que estaban antes de la creación de este programa porque a ellos sí les reconocen el contrato colectivo.
“En lo que respecta a los de las entidades federativas únicamente van a pasar con sus derechos individuales ¿qué quiere decir eso?, que sus condiciones generales de trabajo no van a formar parte de esta transferencia y en sus condiciones generales de trabajo se regula la jornada laboral, el salario, sus tabuladores, el escalafón…”.
En ese sentido, reiteró que “los transitorios decían que iban a generar otras condiciones (que) no traen los mismos derechos que cada trabajador ha logrado en su entidad federativa”, reiteró.
Apuntó que la primera audiencia dentro del juicio de amparo está programada para febrero; sin embargo, por los cargos que ostentan los personajes demandados subrayó que ésta podría demorarse varios meses.
No obstante, señaló que el tiempo de dilación no afecta a los trabajadores, pues ya están protegidos con la suspensión provisional.
