El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha revelado datos alarmantes sobre el desplazamiento forzado en varios municipios del estado de Chiapas.
Según los informes, entre 2010 y 2021, se han registrado aproximadamente 14,476 personas desplazadas en la región de Chiapas, siendo Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó los municipios más afectados.
Tan solo para el primer semestre del 2023, la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos contabilizó a unas 3 mil 243 personas desplazadas en esta entidad exclusivamente por el tema de la violencia del crimen organizado.
El fenómeno de la migración de los chiapanecos ha encendido las alarmas de los expertos, quien atribuyen que esto se debe a conflictos religiosos, políticos, territoriales y, de manera significativa, a la violencia vinculada al crimen organizado.
Violencia y desplazamiento por el crimen organizado:
La violencia y el recrudecimiento en Chiapas han alcanzado niveles críticos debido a la presencia de grupos de la delincuencia organizada. Carmen Villa Chávez, directora del Observatorio Ciudadano Chiapas, destaca que, según la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, más de tres mil personas fueron desplazadas en el primer semestre de 2023 debido a la violencia del crimen organizado.
Actualmente, los pobladores se han organizado para mantenerse unidos y así poderse defender de los extorsionadores, por lo que se han montado campamentos en municipios de Comitán, Socoltenango y Tzimol, en donde lugareños les llevaron víveres, agua, cobertores y ropa.
Aunque los delitos de narcomenudeo y trata de personas no han sido formalmente denunciados en 2023, la inseguridad persiste en la zona, afectando especialmente a la población indígena.
Ante esta situación, el llamado del Frayba es urgente, pidiendo a las autoridades federales y estatales, así como al Senado de la República, para abordar la crisis humanitaria en Chiapas y legislar sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI).
Fuente: Debate
