El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito con sede en Oaxaca ordenó al Registro Civil del Estado restituir “de manera permanente” los “registros y actas de nacimiento” de los hermanos Caleb, Herbé y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, quienes en 2020 denunciaron el robo de su identidad y la intención de ser despojados de sus propiedades.
Al resolver el amparo en revisión 440/2023, los integrantes de aquel organismo concluyeron que existen pruebas suficientes para determinar que los registros de los ciudadanos oaxaqueños fueron borrados “inconstitucionalmente” de las bases de datos y archivos del estado, por lo que, además, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los posibles delitos cometidos por servidores públicos de Oaxaca.
Con la resolución, el Segundo Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento del mismo asunto que en 2023 decretó el Juez Segundo de Distrito, que se negó a proteger a los quejosos al considerar que no existían violaciones a sus derechos humanos.
Ahora, el amparo otorgado tiene el objetivo de que “las autoridades responsables realicen las enmiendas respectivas y restituyan de manera permanente a los quejosos sus registros y actas de nacimiento”.
Los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado resolvieron que las pruebas analizadas demostraron que en la Dirección del Registro Civil existían los registros de nacimiento con los nombres de los quejosos.
“Por alguna razón que se desconoce, fueron suprimidos o alterados en las actas de nacimiento, en los libros físicos de registros de nacimiento y en las bases de datos del Registro Civil tanto del estado de Oaxaca como nacional”, se indicó en la sentencia.
“Más, aún, porque no obra prueba que justifique que ello (la eliminación del registro de las víctimas) hubiera obedecido a una resolución o sentencia emitida por autoridad judicial del orden común en algún juicio o procedimiento en el que, además, tuvieran intervención los quejosos”, agregó.
Los actos realizados en el Registro Civil de Oaxaca, subrayó, vulneraron el derecho fundamental sobre que toda persona debe tener seguridad jurídica, en relación al nombre, su filiación, identidad y personalidad jurídica y la certeza de que los registros que aparecen en las instituciones deben ser inmodificables salvo cuando dicha modificación provenga de alguna orden judicial”.
Los hermanos Gómez Conzatti denunciaron en 2020 que sus registros de nacimiento habían sido borrados de los archivos del Registro Civil y que funcionarios del entonces gobierno de Oaxaca habían confabulado para despojarlos de dos propiedades.
A partir de entonces, la familia comenzó una batalla legal con el objetivo, primero, de demostrar que había sido víctima de delitos orquestados desde la función pública y, después, recuperar su identidad y demandar castigo a los responsables.
Las denuncias de los hermanos Gómez Conzatti y las investigaciones comenzadas al respecto confirmaron la existencia en Oaxaca de una red de conformada por ex servidores públicos, abogados y notarios que a la postre fue denominada como “Cártel del Despojo”.
