Mario Romero/Álvaro Morales
El Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) acusó al juez Octavo de Distrito, Rodolfo Sánchez Zepeda, de incurrir en actos de corrupción al mantener encarcelado por consigna desde hace dos años y medio a un indígena triqui que fue imputado por el delito de robo de vehículo por dos efectivos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
En conferencia de prensa, la organización sostuvo que la víctima, Julián Ramírez González, fue detenido en marzo de 2022, acusado de haber robado un vehículo de Telecom, y durante seis meses permaneció preso sin que el juez federal dictara en su contra un auto de vinculación a proceso, en pleno desacato a la Constitución Mexicana y al marco jurídico internacional, que estipulan que la situación jurídica de un detenido debe quedar esclarecida en no más de seis días.
Por si lo anterior fuera poco, la CODEP denunció este día que a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el delito que se le atribuye al indígena no es grave, el juzgador determinó la medida cautelar de prisión preventiva, en otro atentado contra las garantías constitucionales y universales del hombre.
Ante ello, la defensa de Julián Ramírez promovió un proceso de apelación ante un Tribunal Colegiado, que ordenó la reposición del proceso al constatar que habían habido violaciones a las normas federales.
En respuesta a ello, agregó el CODEP, el juez Rodolfo Sánchez programó una nueva audiencia de vinculación para el primero de julio de 2024, donde sin escuchar a la defensa –añade la denuncia—emitió nuevamente auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.
Juez de consigna
Al abundar en el tema, el CODEP resaltó que el proceso judicial contra Julián Ramírez González fue articulado por dos agentes de la desaparecida AFI que hace 10 años atropellaron al hijo de Ramírez en el bulevar Guadalupe Hinojosa de Murat ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán.
La década pasada, Ramírez se dedicó a buscar justicia por las lesiones que sufrió su vástago y demandó de manera reiterada que los dos policías que lo atropellaron fueran a prisión.
Sin embargo, según los representantes de la organización, los efectivos se negaron a hacerse cargo del accidente.
Corrupción de policías
Meses después, los agentes policiacos, en represalia, acusaron a Julián Ramírez de haber perpetrado junto con otras personas el robo de un vehículo adscrito a Telecomunicaciones de México (Telecom).
El robo fue orquestado, de acuerdo con el expediente (87/2013) en la región triqui, de donde el detenido es originario.
Según la acusación, el robo fue perpetrado en 2010 y ante ello el hombre fue detenido en marzo de 2022 y sujeto a un proceso irregular.