Álvaro Morales/Mario Romero
En lo que va de 2024, en Oaxaca han sido asesinados alrededor de 42 defensores de derechos humanos, acusaron este día el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Centro regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”.
Ambas organizaciones afirmaron que en Oaxaca se vive una crisis de violaciones a derechos humanos, ante la ocurrencia de conflictos intercomunitarios, migratorios y por la devastación de los recursos naturales.
“La ambición de actores políticos y grandes empresas que asedian los recursos naturales del estado han provocando confrontaciones en las comunidades indígenas, prometiendo progreso, desarrollo y crecimiento de sus comunidades; engañando mintiendo y callando las voces de quienes no quieren ceder sus tierras y recursos”, señalaron ambas agrupaciones a través de un pronunciamiento.
Las organizaciones agregaron que las comunidades indígenas y sus defensores y defensoras, comunitarios viven bajo el acoso y hostigamiento de grupos criminales “que operan con complicidad e impunidad total dentro y fuera del estado”.
Ante ello, señalaron que “no hay garantías para la protección de los defensoras y defensores, pues los mecanismos de protección estatales y federales actúan con lentitud, los organismo protectores de derechos humanos locales no emiten medidas cautelares inmediatas y las fiscalías integran lentamente las carpetas de investigación”.
Los factores antes de escritos, añadieron, han tenido consecuencias irreparables, “pues se asesina a defensores comunitarios y no hay castigo a los actores intelectuales y materiales, lanzando un mensaje mortal a quienes defienden sus pueblos, sus derechos colectivos e individuales, ríos y tierras”.
Criminalización de activistas
Dentro de las herramientas utilizadas por el Estado para callar las voces críticas, subrayaron, se encuentra la criminalización a líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
“La impunidad alimenta la criminalización de los defensores, lo que a su vez alimenta el miedo en la sociedad civil en general, socavando las aspiraciones generales de derechos humanos y el estado de derecho.
“La situación de las personas defensoras de derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades a través del uso indebido deliberado del derecho penal y la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir las actividades legitimas de las personas defensoras de promover y proteger los derechos humanos”.
Ante ese panorama, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño demandaron respeto al derecho a la vida, y al trabajo de las defensoras y defensores comunitarios.
Asimismo, investigación y castigo a los responsables de los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.
Mensaje a Gobernador
En ese contexto, Maurilio Santiago, fundador de Cedhapi, demandó al titular del Poder Ejecutivo, Salomón Jara, cesar la campaña de persecución contra activistas que se ha desencadenado en el estado y no pasar por desapercibido las agresiones de las que han sido objeto.
Como ejemplo, el activista acusó que el gobierno local pretendía pasar por alto y minimizar el asesinato del defensor de Santiago Amoltepec, Lorenzo Santos Torres, quien fue ultimado hace dos semanas junto a su esposa y su hija.
“Si no hubiéramos alzado la voz, si no hubiéramos denunciado este crimen, hubiera pasado desapercibido como muchos más de defensores comunitarios que son criminalizados, que son asesinados y que son desaparecidos”.
Abundó: “Exigimos a este gobierno de Salomón Jara, que cesen los hostigamientos, que cesen la persecución en contra de los defensores comunitarios porque el solo hecho de callar, no pronunciarse, los está olvidando, haciendo a un lado el reclamo de las y los defensores de derechos humanos”.
