– El Centro de Estudios de Económicos y Finanzas Públicas del Congreso local advierte que la propuesta tendría un impacto de 5.7 millones de pesos anuales a las finanzas del estado.
La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca mantiene en estudio una iniciativa de Ley de Protección y Seguridad a la Actividad Periodística del Estado, la cual incluye entre sus propuestas, la creación de un fondo para la protección y beneficios a los periodistas.
Esta propuesta de ley fue presentada por la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Luisa Matus Fuentes, desde el año 2022.
Una opinión técnica del Centro de Estudios Económicos y Finanzas Públicas del Congreso del Estado, sin embargo, advierte que la iniciativa tendría un impacto a las finanzas del estado de cinco millones 773 mil 200 pesos anuales, ya que la legisladora propone que cada año el gobierno de Oaxaca asigne 60 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para la creación de ese fondo.
Los recursos del fondo, según la iniciativa, serán administrados y operados de acuerdo con el reglamento que emita una Junta de Gobierno.
El 10 por ciento de esos recursos se destinarán para los programas de capacitación a periodistas en el estado, dirigidos a mejorar el ejercicio de la libertad de expresión.
Un 30% para préstamos personales para adquirir equipo, material e insumos, así como para el desarrollo y profesionalización de elaboración de páginas de internet, acervo bibliográfico y cultural, de técnicas de información y comunicación, producción virtual y de acceso y desarrollo de tecnologías y los demás instrumentos o herramientas de trabajo que sean necesarios para que los periodistas puedan acceder a ellos y ejercer sus actividades y labores con total libertad.
El 40% para atender y dar cumplimiento a los mecanismos de protección otorgados a los beneficiarios del Sistema Protector. “El Comité de Administración determinará el ejercicio de recursos a que se refiere esta fracción cuando los entes públicos que participen en el Sistema Protector no cuenten con los medios necesarios para otorgar completa y eficazmente los mecanismos de protección”, precisa la propuesta.
Otro 10% se destinará para gastos funerarios: se destinará para los familiares de periodistas que fallezcan por motivos de enfermedades crónicas degenerativas, respiratorias o por muerte natural y que se encuentren en condiciones de pobreza visible, del cual la junta de gobierno emitirá la resolución respectiva; y para el caso de homicidios en contra de periodistas la otra parte será destinada para los familiares directos, la cual será determinada por la junta de gobierno.
De igual forma prevé que otro 10% se destine para pagar un seguro de vida para los periodistas inscritos en el padrón estatal de periodistas aprobado por el consejo consultivo y autorizado por la junta de gobierno.
