Mario Romero/Álvaro Morales
El abogado y apoderado legal de la Confraternidad Pastores de Oaxaca, Porfirio Flores, llamó al Congreso estatal a legislar de manera urgente sobre la separación de la iglesia católica de la vida cotidiana y cargos civiles de los municipios que se rigen por sistemas internos, pues la falta de una normativa ha fomentado los casos de intolerancia religiosa durante los últimos años y ha atentado contra el Estado Laico que establece la Constitución Mexicana.
A 48 horas de que fuera denunciada la quema de un templo cristiano en la localidad de Cerro Cajón en la agencia municipal de San Isidro Arenal del municipio de San Juan Lalana, Flores agregó que, en la actualidad, en al menos 20 comunidades de la entidad prevalecen conflictos y actos de acoso contra grupos poblacionales que profesan religiones contrarias a la predominante.
Acompañado por otros representantes cristianos, el especialista recordó que el 22 de julio fueron detenidos y encarcelados dos evangélicos en el municipio de Valle Nacional, en la comunidad de Monte Negro.
En ese sentido, el representante jurídico señaló que los conflictos entre grupos mayoritarios y minorías se suscitan porque la vida comunitaria se rige por preceptos católicos, que incluso no se separan de los cargos en el Cabildo.
Ante ello, participar en mayordomías o cooperar y tener la obligación de ser parte de fiestas religiosas, es una problemática que ha agudizado o provocado crisis en las demarcaciones.
En ese mismo sentido, sostuvo que la intolerancia religiosa, muchas veces, es promovida por sacerdotes, catequistas y en menor caso por maestros; lo anterior, a pesar de que según el INEGI, en 2020, el 16 por ciento de la población oaxaqueña se declaró cristiana protestante.
“Donde se presenta con mayor crudeza esta problemática es en las comunidades indígenas. El hecho de quemar un templo cristiano en San Juan Lalana, como sucedió esta semana, es muestra de una problemática que está ahí y ha estado siempre.
“No es la primera vez que se destruye una iglesia cristiana, hace unos cuantos años fue destruido el templo de San Andrés Yaá y expulsado de ese lugar el pastor Imeldo Ayala Gabriel, junto con su familia”, lamentó el profesionista.
Ante esa situación, señaló que en Oaxaca es evidente que existen desplazamientos forzados a raíz de la intolerancia religiosa.
Como ejemplo, recordó otro caso; éste, suscitado en el municipio de San Juan Mazatlán, Mixe, donde fueron expulsadas siete familias cristianas, que huyeron a Guevea de Humboldt
“De manera sorprendente, en los llamados sistemas normativos internos prevalecen cargos que tienen que ver con la iglesia católica; es decir, nombramientos de sacristán o mayordomos”, aseveró.
“En Oaxaca el estado laico tiene excepciones, precisamente en los pueblos indígenas donde no se ha logrado separar cargos civiles de cargos religiosos y mientras esto siga, la problemática se mantendrá por muchos años más”, dijo.
“Nuestro llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y, en particular, al Congreso estatal, es que se hago una revisión de los llamados usos y costumbres y sistemas normativos internos para que se separen los cargos religiosos de los cargos netamente comunitarios”, agregó.
Asimismo, recriminó que en Oaxaca, donde nació Benito Juárez, impulsor de la separación del clero y el Estado, se cometan actos que vulneran derechos humanos.
