Comuneros y habitantes de Bajos de Coyula, Huatulco, descartaron, al menos hasta el momento, la posibilidad de levantar totalmente el bloqueo que mantienen desde el viernes sobre la carretera costera número 200.
En entrevista con este medio, sostuvieron que la única forma de culminar la protesta es que representantes del gobierno federal cancelen el proyecto que busca declarar como área natural protegida 2 mil 809 hectáreas situadas en su jurisdicción y que, al mismo tiempo, se comprometa a comenzar el proceso de reversión al régimen comunal de 5 mil hectáreas de sus tierras que fueron incluidas en la expropiación promovida por la Federación en 1984 para crear el desarrollo turístico Bahías de Huatulco.
La comunera Irma Salinas reiteró que los habitantes de aquel punto del estado consideran que el gobierno federal pretende cometer un despojo.
Para empezar, dijo, desde 2014 las tierras involucradas en el territorio hoy previsto como zona de reserva, le tuvieron que haber sido devueltas a los comuneros que en 1984 las cedieron al gobierno federal para implementar el desarrollo turístico de Bahías de Huatulco.
*¿Cuál es el fondo del conflicto?*
Salinas explicó que en el decreto expropiatorio firmado en 1984 se estableció que 2 mil comuneros de Santa María Huatulco entregarían 21 mil 900 hectáreas de tierra –que les fueron compradas a 50 centavos por metro cuadrado–, para que se desarrollara aquel centro turístico.
Sin embargo, agregó, la resolución presidencial señala que las tierras que no fueran utilizadas para tal fin en los 30 años siguientes a la emisión del decreto expropiatorio, serían devueltas a sus legítimos dueños, un plazo que culminó en 2014 y que involucra, entre otros, a Bajos de Coyula, San Agustín Huatulco y Bajos del Arenal, sitios donde no se creó ningún desarrollo turístico.
“Una sola parte fue desarrollada con todo lo que implica un desarrollo urbano: con su luz, la cuestión hidráulica y todo…
“Así han pasado 30, 40 años, y la gente ha vivido en la incertidumbre porque nunca el gobierno hizo lo que le tocaba hacer; en este caso, dentro del decreto expropiatorio, hay un convenio en que si no se ocupaban las tierras para lo que fueron expropiadas, tendrían que ser devueltas a sus dueños para que siguieran con su vocación agrícola que tenían”, subrayó la ciudadana.
La comunera refirió que las condiciones en Huatulco se complicaron durante el actual Gobierno federal, pues la administración obradorista le quitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la administración de Bahías de Huatulco, a pesar de que esa instancia es la que se encargó de desarrollar el destino a partir de 1984.
“Lo que queremos es que las tierras le sean devueltas a sus legítimos dueños; no hay para atrás”, agregó.
“Se quedaron polígonos todos abandonados y que creo que ni el gobierno del estado sabe que existen. Realmente ese es el enojo de la gente por eso es que tuvieron ese ese atrevimiento de irse a poner al aeropuerto”, resaltó.
En las protestas que estallaron ayer, dijo, participan alrededor de mil 600 comuneros e hijos de comuneros, que se organizan en tres turnos para llevar a cabo la movilización.
En ese sentido, sostuvo que aquellas personas a las que en su momento les dieron una casa para poder habitar a cambio de sus terrenos, son los que están demandando que éstos les sean devueltos al no ser utilizados.
En otros casos, son familias que crearon casas en tierras de cultivo y que hoy quieren tener la certeza jurídica de sus terrenos y el goce total de ellos.
“La gente tiene su vivienda dentro de su terreno agrícola o sea hay gente que vive adentro de su terreno…ahí siembras, ahí cultivas y ahí tienes toda tu manera de vivir”.
Sobre la postura gubernamental, en el sentido de que lo que pretende la Federación con la declaratoria de área de reserva es brindarle certeza a las personas que habitan en la zona involucrada, afirmó que el gobierno sí pretende permitirle vivir a la gente, pero con la prohibición de disponer de sus terrenos.
“La gente fallece: un papá que ya tenga 90 años (el terreno) se le quedó a los hijos, pero se te va quedando sin un título de propiedad, sin que tú digas esto es mío.
“Incluso, antes de 1984 la gente tenía su título de propiedad y a veces pagabas tu predial ahí en el municipio. Eran municipales las posesiones que tenías; todo era comunal.
“Ellos, a la hora de la expropiación, pues todo se borró; prácticamente, ya no te dejaron pagar tus prediales ya no pudiste hacer nada y te quedaste cruzado de brazos desde hace 40 años y sigues en lo mismo”.
Señaló que ahora que los comuneros tienen la posibilidad de recuperar sus tierras, la actual administración pretende hacer una nueva declaratoria; ahora como área natural protegida, lo que agudizó la inconformidad social.
“La mayor parte de la gente de Bajos de Coyula, la mayor parte de la gente son los propios comuneros los que tienen su palapita y ahí venden su comida a la orilla de la playa…
“Que hay unos grandes consorcios, gente que ya va a urbanizar y todo eso como le han hecho en otros lados, realmente no porque la gente ha sido cuidadosa.
“ Y ahorita que ellos dicen que va a ser una zona de reserva ecológica todo mundo dice ¡cómo! si nosotros lo estamos cuidando desde hace 200 años y no ha pasado nada, y ‘estos’ nos quieren enseñar ahorita cómo cuidar nuestro territorio.
“Son unos depredadores; ellos ya lo quieren ahorita hacer como de reserva ecológica, pero para que se lo queden ellos, para que lo vendan o no sé para qué realmente”, cuestionó.
Asimismo, Irma Salinas aseguró que nunca fueron convocados a ningún recorrido para identificar el área que pretende ser declarada zona de reserva y dar como comuneros su punto de vista.
*Más de 5 mil hectáreas involucradas en decreto, de Coyula*
En el decreto de 1984 para la creación de Bahías de Huatulco se consideraron en el polígono 5 mil hectáreas de Bajos de Coyula, las cuales ahora están siendo exigidas de vuelta, precisó el agente municipal de la población, Arturo Pérez Santiago.
Pérez Santiago refirió que los habitantes de la localidad demandarán a las autoridades federales; primero, cancelar el proyecto actual para decretar área natural protegida 2 mil 809 hectáreas situadas en su demarcación, pero, también, comenzar el proceso de reversión al régimen comunal de las 5 mil hectáreas estipuladas en el decreto de 1984.
“La misma ley de reversión contempla o contemplaba, en su momento, cinco años de utilidad. Dice la ley que si en cinco años (el gobierno) no utilizaba esas tierras para el fin para el cual fueron expropiadas, tendría que regresarse a sus antiguos dueños; en este caso, nosotros mismos representados, quizá, por nuestros abuelos o nuestros padres en ese momento”, expresó.
A ello, se suma el convenio que versa sobre un plazo más amplio para desarrollar aquel centro turístico, de hasta 30 años.
“Si no se respetó la observancia de la ley para el decreto de expropiación, menos para lo subsecuente; es decir, ya ni siquiera se llevaron a cabo convenios que al momento de establecer este decreto de expropiación se generaron… prácticamente inicia con atropellos y hasta ahorita nos siguen atropellando”.
Abundó: “Cuando se determinó por instrucción del gobierno federal (la expropiación) se dio con mucha alevosía y ventaja; la indemnización, el pago por los bienes diferentes a la tierra fue mínimo.
“ Claramente decía pagos distintos a los bienes de la tierra; entonces, estaban pagando solamente alguna infraestructura que tuvieran sobre la tierra: algún árbol, algún trabajo, pero no propiamente la tierra. Desde ahí viene pues prácticamente la alevosía y ventaja de parte del Gobierno federal en esos momentos”.
El agente municipal reiteró que “nosotros queremos que se dé reversa a ese aviso de decreto y además que iniciemos y que el gobierno se comprometa con nosotros para la reversión de la tierra”.
La intención de las autoridades de Coyula es que además de cancelarse el proyecto actual de área de reserva, también se cancele un decreto emitido en julio del año pasado y que declaró reserva natural otro sector de su demarcación.
“Nosotros queremos también cancelar ese decreto de julio del año pasado, pero también queremos que por fin nos hagan justicia con la reversión de la tierra al régimen comunal”.
