– La comunidad desistió del amparo con el que había logrado detener los trabajos del polo de desarrollo en San Blas Atempa, y tras las denuncias de “asambleas amañadas” para vender las tierras al CIIT.
David Hernández Salazar, representante de la comunidad de Puente Madera, afirmó que se perdió la lucha por la defensa y conservación de 300 hectáreas de tierras comunales y que éstas se usaran para la construcción de un polo de desarrollo o parque industrial en San Blas Atempa, las cuales fueron vendidas al gobierno federal a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
“En Puente Madera como comunidad indígena nos seguimos reuniendo, seguimos haciendo asambleas, se perdieron 300 hectáreas de tierras de uso común, pero tenemos más tierras que proteger. Esa es la consigna de nosotros como representantes, como asamblea de los pueblos”, dijo el también integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT).
Esto, luego de que la comunidad de Puente Madera desistiera del amparo en el que logró la suspensión de los trabajos del polo de desarrollo en San Blas Atempa, y que, como resultado, se revocara la sentencia de 46 años de prisión, el pago de un millón de pesos de reparación del daño y una multa de 180 mil pesos, que fue impuesta a David Hernández por el delito de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio.
La inconformidad de la comunidad de Puente Madera se remonta al año 2014, cuando protestó por la asamblea general de San Blas Atempa para aprobar la venta al gobierno federal de las tierras conocidas como El Pitayal para ser utilizadas como uno de los polos de desarrollo del CIIT. Según denunciaron, hubo personas acarreadas y trabajadores del ayuntamiento que no debían votar ni estar en la asamblea.
Posteriormente, ese mismo año, se inconformaron por la consulta indígena convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la que se aprobó la instalación del parque industrial. De igual forma, aseguró que se utilizó la misma mecánica de personas acarreadas, firmas falsificadas, incluso de comuneros que ya habían fallecido.
“Empezamos a manifestarnos, a hacer bloqueos carreteros, para denunciar lo que ocurrió en las asambleas. La Procuraduría Agraria de Tehuantepec nos entregó esas actas de asamblea del 14 de marzo y nos dimos cuenta de que habían falsificado las firmas y con esas pruebas iniciamos un juicio ante el Tribunal Agrario. Reunimos muchas pruebas y nos dimos cuenta de que habían falsificado firmas de personas ya fallecidas y logramos conseguir el acta de defunción de esas personas y lo presentamos al Tribunal”.
Sin embargo, el juicio de nulidad promovido ante el Tribunal Agrario no avanzó; después, la asamblea comunitaria de San Blas Atempa también autorizó el cambio de uso de suelo de las 300 hectáreas, y el 24 de julio realizan la compraventa con el gobierno federal.
David Hernández relató que después siguió la criminalización y abrieron dos carpetas de investigación por el delito de ataques a las vías de comunicación y por el delito de daños por incendio; la primera no prosperó, pero en la segunda lo detienen y vinculan a proceso junto con otras 17 personas de la comunidad. A un año de su aprehensión, fue sentenciado a 46 años de prisión.
No obstante, fue liberado y revocada la sentencia contra él, y se dejó sin efecto para las otras 17 personas de la comunidad. Ese mismo día, se informó que habían desistido del amparo que promovieron y con el cual habían logrado la suspensión del polo de desarrollo.
“Hubo división de cinco compañeros que estaban en la lucha, traicionaron el movimiento y se unieron a Antonino Morales Toledo. Esa carpeta de investigación de dalos por incendio fue creada, por hechos de un paisano de la comunidad, él dijo cómo surgieron las cosas y llevaron a 13 personas y dictó una sentencia en mi contra, a pesar de que presentamos dos dictámenes periciales, y que decían como ocurrieron los hechos, y no cómo ellos decían”.
El activista sostuvo que hay una línea del gobierno federal, estatal y municipios, con los representantes agrarios, “de que el territorio lo quieren y van a utilizar la fuerza del Estado para doblegar a las comunidades”.
Durante un foro sobre la criminalización en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, David Hernández afirmó que, pese a que perdieron 300 hectáreas de tierras de uso común, van a continuar organizados y pendientes de lo que pueda ocurrir porque el Comisariado de Bienes Comunales de San Blas Atempa es presidido por el hermano del senador electo Antonino Morales.
“El comisariado de bienes comunales en San Blas siempre ha sido impuesto por los caciques que han estado en el palacio municipal. Antes era un priismo que duró 30 años con Agustina Acevedo, hoy es Morena con Antonino Morales Toledo que ha impuesto a sus comisariados y que en este momento su hermano de él es el comisariado de bienes comunales”.
Ahora, advirtió, la situación es más complicada porque la violencia en la región se incrementó desde el año 2022. Ahora, dijo, hay tres jóvenes asesinados de Puente Madera y una persona desaparecida. Los crímenes, opinó, que probablemente se deban a la delincuencia organizada vinculada con el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Antes no se veía y hoy se está viendo. Hay un desaparecido, pero nosotros somos muy reservados a esos temas. Nosotros somos asamblea en defensa de la tierra y el territorio. Lo que sí se está complicando allá, es precisamente eso, la delincuencia organizada, los migrantes; pero nosotros vamos a seguir por la defensa de tierra y territorio”.
