– Un informe de SIPINNA del estado de Sinaloa revela que el 64.4% de los jornaleros provienen de Oaxaca y Guerrero; muchos de ellos enganchados por “camioneteros”
El 64.6 por ciento de los jornaleros agrícolas en los campos de Sinaloa provenientes de otras entidades del país, son de Oaxaca y Guerrero, según el “Diagnóstico Inicial de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y en Situación de Movilidad Interna del Estado de Sinaloa”.
De acuerdo con este estudio elaborado por el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Sinaloa y publicado en junio de 2023, se estima que en cada ciclo hortícola son empleados aproximadamente 200 mil jornaleros, de los cuales sólo una cuarta parte son originarios de la región.
Mientras que los 150 mil jornaleros restantes provienen de otras entidades del país. Del total de trabajadores migrantes, el 64.6% provienen de Oaxaca y Guerrero, mientras que el 20.1% son originarios de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Durango y Puebla.
“El lugar de origen y la situación étnica de estos migrantes determinan la conformación del panorama jornalero en la entidad. Ellos provienen de los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Durango y Chihuahua, así como de los municipios de Los Altos de Sinaloa, zonas de extrema marginación, pobreza y de alta concentración de personas indígenas, principalmente mixtecos, zapotecos, triquis, tarahumaras y nahuas”.
El diagnóstico detalla que mientras los jornaleros albergados en los campamentos propiedad de los medianos y grandes agricultores, tienen el amparo de éstos y son apoyados de alguna manera por los programas sociales que ya hay; los trabajadores que traen los “camioneteros” tienen un nivel de desprotección mayor, toda vez que sus capacidades patronales en relación con las de los patrones agroindustriales son muy inferiores. Con los trabajadores libres las cosas se tornan peores ya que a ellos no los protege nadie.
Las condiciones de vida y laborales de las familias jornaleras agrícolas migrantes en los municipios de Escuinapa, Rosario y Mazatlán dedicadas a la recolección de chile y tomate, “son cada día más desafiantes, dado que se enfrentan a inadecuados modelos de contratación e inestabilidad laboral”.
Estos trabajadores agrícolas enfrentan falta de garantías laborales y de seguridad social; deslinde de responsabilidades patronales ya que los agroindustriales utilizan la figura de los “transportistas o enganchadores” como intermediarios en la relación laboral, y la vigencia de un esquema de explotación de mano de obra “barata”.
Así como falta de inversiones y reconocimiento a la capacitación para el trabajo; uso de la mano de obra infantil por su bajo costo; condiciones de traslado de trabajadores al campo, inadecuado, inseguro y sin garantías de protección; campos de cultivo sin agua potable y sin letrinas; evidencia del uso de recipientes de agroquímicos para almacenaje y consumo de agua; jornadas de trabajo que rebasan la jornada legal; presencia de mujeres embarazadas y de niñas y niños en los campos agrícolas; inexistencia de espacios de cuidado y de protección para ellos.
“A lo anterior, se suma que en las zonas agrícolas del Estado existe una fuerte barrera cultural que discrimina a los jornaleros; por sus condiciones étnicas, de migración y pobreza. Los transportistas alojan a las familias migrantes en casas y “cuarterías” propias o rentadas, las cuales se ubican en las comunidades aledañas a los cultivos; cuyas condiciones son precarias, insalubres y de hacinamiento de hasta 40 personas”.
El estudio revela que en la zona sur de Sinaloa, existe un tipo de migración mixta entre familiar y comunitaria, prevaleciendo la presencia de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en donde la cuadrilla completa se traslada a cargo de un mayordomo, que generalmente es un familiar, quien los concentra en casas de renta, cuarterías o espacios propios; dificultando la delimitación entre lo familiar, laboral, y legal.
En las comunidades de atracción de jornaleros migrantes, dice, los pobladores han habilitado cuarterías construidas de lámina de cartón, asbesto, retazos de madera y materiales de desecho, en algunos casos de ladrillo y cemento, con carencia o insuficiencia de servicios básicos; por los que les cobran entre 800 y mil pesos mensuales a los jornaleros.
“Siendo esta una actividad económica recurrente, generadora de espacios donde prevalece el hacinamiento, la promiscuidad y las malas prácticas de las personas, que pone en riesgo la integridad de las niñas, niños y adolescentes migrantes día a día”.
