Los agentes de la Fiscalía de Chihuahua comisionados en la Ciudad de México para detener al exgobernador Javier Corral Jurado, disponen hasta el 20 de agosto para dar cumplimiento a la orden de aprehensión del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos, por presunto peculado.
Así lo revela un oficio de la Fiscalía General de la Ciudad de México dado a conocer la noche del miércoles por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, luego de que el fiscal capitalino, Ulises Lara, señaló públicamente que no colaborará con la solicitud de su homóloga.
En su cuenta de X, la Fiscalía Anticorrupción aseguró que “ejecutó” la orden de aprehensión en contra del exgobernador “por la probable comisión de un delito de corrupción”, y señaló que la Fiscalía capitalina autorizó “la colaboración necesaria”.
“De forma inusual, se está obstaculizando la misma”, advirtió en su mensaje, en el que adjuntó un oficio fechado el mismo miércoles 14 de agosto, en el que la licenciada Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía CDMX, le informa al licenciado Omar Castañeda, director general de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales, de la solicitud recibida.
En la imagen aparecen testados los nombres del vicefiscal anticorrupción de Chihuahua, así como el del director de Investigación y Procesos Especiales, un secretario particular, un inspector en jefe y dos oficiales. En total, las seis personas comisionadas, que se identificaron con las credenciales 85, 2, AEI-0491, AEI-1386 y AEI-1206, y a quienes su institución les concedió del 14 al 20 de agosto para llevar a cabo la detención de Corral Jurado.
El documento detalla que los elementos iban armados y que llegaron a la Ciudad de México en un avión, además de que se hace referencia a un acuerdo del 9 de agosto por el que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua les ordenó informar a la Dirección de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía capitalina una vez que cumplieran con su labor.
El acuerdo referido señala que las diligencias son responsabilidad del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua y que deben llevarse a cabo por el personal comisionado “bajo su más estricta responsabilidad”, del mismo modo que exhorta a los agentes para que “respeten y hagan respetar los estándares de protección de Derechos Humanos reconocidos en la Ciudad de México”, así como la legislación aplicable en la entidad.
El oficio tiene el sello de recibido por parte de la Dirección General de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales.
Su contenido parece ser el informe de la solicitud recibida por parte de la subdirectora al director general y no una autorización de la Fiscalía capitalina para que agentes de Chihuahua lleven a cabo una orden de aprehensión en territorio de la Ciudad de México, para lo que se requiere de una colaboración expresa, so pena de vulnerar la soberanía de la capital de la República.
La noche del miércoles, elementos de la Fiscalía de Chihuahua se presentaron pasadas las 22:00 horas en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de detener al exgobernador, quien ha denunciado una persecución política de la gobernadora María Eugenia Campos.
En el lugar se presentó el responsable de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, quien afirmó que la institución decidió no colaborar en la captura, por lo que los elementos de Chihuahua no pueden actuar legalmente.
“Decidimos no colaborar, una cosa es recibirla [la notificación] y otra cosa es que ustedes se hayan arriesgado así”, les dijo el fiscal en funciones a los agentes.
“Ustedes nos ingresaron el documento hoy 14 de agosto, nada más lo dimos por recibido, pero no hemos respondido que ustedes puedan actuar en Ciudad de México sin nuestra autorización”, señaló.
Para zanjar el asunto, Lara decidió llevarse a Javier Corral en su camioneta, acompañado de escoltas, elementos tácticos y vehículos blindados. Medios nacionales señalan que fue trasladado hasta las instalaciones centrales de la Fiscalía de la Ciudad de México, en la colonia Doctores.
Corral ha sostenido que este caso es una venganza por los procesos penales contra César Duarte, el exgobernador priista que tenía una “nómina secreta” que supuestamente incluía pagos para María Eugenia Campos.
Ahora, Duarte está en libertad en espera de que se realice su proceso penal, mientras que el gobierno chihuahuense busca procesar a Corral.
Fuente: Aristegui