La defensa de Juan Antonio Vera Carrizal confirmó que su cliente y dos personas más –Ruvicel Hernández y Rubén Loaeza– involucradas en el caso de la agresión de María Elena Ríos, permanecen en el interior del penal varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, luego de que otra juez anuló la sentencia absolutoria que habían recibido a su favor por parte del juez que llevó el caso, –José Gabriel Ramírez Montaño–.
En conferencia de prensa, el abogado Edgar López, representante de Vera, sostuvo que el actuar del Poder Judicial de Oaxaca es anticonstitucional, pues un juez de primera instancia no puede anular una sentencia emitida por un juzgador del mismo nivel, por lo que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para revertir la última acción de las autoridades.
Asimismo, refirió que fue notificado sobre la anulación del proceso anterior y el inicio de uno nuevo a partir del 21 de agosto.
En ese sentido, el abogado refirió que el mensaje enviado por el Poder Judicial de Oaxaca es “peligroso” y “fatal” pues pone “en duda y en el epicentro al estado de Oaxaca en un lugar donde no se respetan los derechos humanos, no se respeta el debido proceso”.
De hecho, el abogado calificó el estatus de su cliente y las otras dos personas como de “retenidos” y “presos políticos”.
