Álvaro Morales/Mario Romero
La aprobación de la reforma judicial que promueven los poderes Legislativo y Ejecutivo, controlados por Morena, causarán un daño grave y muchas veces irreparable al sistema de justicia del país, advirtieron jueces y magistrados adscritos al Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en Oaxaca, tras declararse en “resistencia pacífica”.
Al sumarse de manera oficial al paro de labores convocado por personal del PJF en las 32 entidades del país, los juzgadores afirmaron que la suspensión de actividades es una medida extrema ante la intención de atentar en contra un poder que debe ser garante de imparcialidad y que pretende ser cooptado por un régimen.
“Vemos venir un daño que costará muchas décadas revertir, un daño irreparable para muchas personas”, reclamaron los impartidores de justicia, encabezados por la coordinadora de Jueces de Distrito del Circuito, Laura Esther Cruz Cruz, luego de leer el pronunciamiento oficial emitido a la medianoche en la Ciudad de México, por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
El paro de actividades tiene la intención, agregaron, de que los integrantes del PJF sean escuchados por los legisladores, quienes tienen la intención de aprobar el dictamen tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja del Congreso de la Unión en septiembre próximo.
“No lo queríamos hacer; fue una medida extrema para ser escuchados por los legisladores”, argumentaron en conferencia de prensa, realizada frente a la sede situada en avenida Juárez.
“Queremos hacer un llamado al pensamiento crítico de legisladores”, agregaron los jueces y magistrados, quienes se declararon en resistencia pacífica.
Los inconformes llamaron tanto a los integrantes del Poder legislativo como Ejecutivo a hacer un autoanálisis y delinear esquemas que mejoren el desempeño de sus funciones.
“Hay que comenzar desde el Poder Ejecutivo y Legislativo donde no se sabe de qué manera se manejan de manera sanas las finanzas”.
Luego, rechazaron las acusaciones hechas en su contra por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que los ha calificado como jueces y magistrados corruptos.
“Jamás se ha demostrado esto de la corrupción o de que somos flojos o cobardes”, recriminaron.
Ante diversos representantes de medios de comunicación, reiteraron que la reforma pretende eliminar de tajo la carrera judicial y “con ello la aspiración de cientos de profesionistas que se han preparado día a día para aspirar un cargo de magistrado o de juez de distrito”.
Agregaron: “Lo que se plantea en dicho dictamen es establecer como único camino el terreno político; esto es, el visto bueno de las mayorías oficialistas en la Cámara, sin importar la carrera judicial ni la experiencia ni el buen desempeño del funcionario…
“Se trata de un despido masivo de magistrados y jueces disfrazado de democracia, pues mediante insaculación, una tómbola o rifa, saldrán los nombres de 50 por ciento de los juzgadores para ponerlos a competir con políticos, en una arena política.
“Y en 2027 repetir el proceso para que a partir de entonces quede el campo libre a los políticos para hacer del Poder Judicial una simulación de justicia”, criticaron.
