– Un grupo armado impidió que funcionarios de la Proapeo clausurara un banco en el que se extrae de manera ilegal material pétreo.
Edgar Martín Regalado, defensor ambiental de la comunidad ambiental, fue agredido y amenazado de muerte cuando acompañaba a funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), para clausurar la extracción ilegal de material pétreo en el paraje conocido como El Barrancón.
El activista fue agredido y amenazado por un grupo armado que encabeza Gustavo Manzano, miembro de la comunidad de Unión Hidalgo y quien se asume como propietario del predio en el que se extrae este recurso natural, pese a que se trata de tierras de propiedad comunal.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de agosto, y durante la agresión, amenazaron con matarlo y enterrarlo.
En Unión Hidalgo se rehabilita un tramo de 26 kilómetros de la vía férrea conocida como línea K, como parte del tren transístmico. La comunidad tomó la decisión de no oponerse a la rehabilitación de las vías del ferrocarril, pero acordó también proteger su medio ambiente y no permitir la afectación de sus cerros.
De esta manera, en octubre de 2023 descubren junto con funcionarios de la Propaeo, que en uno de los cerros estaban extrayendo material pétreo de manera ilegal, sin el permiso de la autoridades agrarias y municipales, y sin manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, los inspectores de la Propaeo no clausuraron este banco de materiales ilegal.
En diciembre de 2023 Edgar Martín acudió a la Procuraduría para exigir la clausura, y se comprometieron a realizarlo a más tardar el 15 de enero de 2024; pero tampoco lo hicieron. Además, la excusa fue que, con el cambio de administración de Salomón Jara Cruz, hubo una serie de despidos y nuevas contrataciones que retrasaron las operaciones e inspecciones de esta dependencia.
Por esta razón es que deciden promover un juicio de amparo por la extracción del material pétreo sin una manifestación de impacto ambiental. Ganan el juicio y una jueza federal otorga la suspensión definitiva con la que se ordena la prohibición para seguir explotando este material.
“La Jueza nos otorgó la otorgó, la suspensión definitiva y efectivamente eso fue en marzo efectivamente en abril ya a principios de abril, ya no había ninguna máquina ahí”, relata.
Pero a principios de este mes, agosto de 2024, realizaron un recorrido sobre la zona en la que extraían material pétreo con el fin de seguir cuidando el cerro, y entonces, descubrieron que nuevamente habían ingresado maquinaria y camiones de volteo para la extracción del material pétreo, aún y con la suspensión definitiva decretada por una jueza.
Edgar Martín explica que hicieron de nueva cuenta la denuncia ante la Propaeo y la solicitud de que clausuraran ese banco de materiales. El 15 de agosto pasado fue llamado por dos inspectores para informarle que estaban ahí para realizar la clausura.
“Me llamaron dos inspectores y me dijeron que ya habían ido al banco y que no habían encontrado nada, o sea, en mi máquina y evidencias de extracción reciente, pero que yo los acompañara y, y les dije pues vamos porque el banco es grande yo supuse que no habían encontrado las máquinas, entonces ya llegamos y les dimos la vuelta a la loma y ya el pues encontré las máquinas, entonces les dije pues ya clausura, ahí están las máquinas”.
Tanto él como los dos inspectores fueron abordados por un grupo de personas armadas, encabezados por Gustavo Manzano, – quienes les dijeron que pertenecían a un grupo del crimen organizado -; posteriormente llegaron otros hombres armados a bordo de una camioneta negra.
Edgar Martín es un defensor ambiental que está incorporado al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas; y cuenta con un botón de pánico, en caso de encontrarse en una situación de riesgo.
“Yo esperaba el momento en que los inspectores dijeran que nos fuéramos porque no había condiciones, pero ellos siguieron explicando que como si no pasara nada, entonces ellos dijeron que podían enterrarnos en el camino donde ya había una cruz. Entonces yo llevaba mi botón de pánico y me comuniqué el mecanismo para decir que estábamos en un lugar donde había resistencia a la autoridad y que era urgente que llegara a la Guardia Nacional pues ya me pidieron que compartiera en tiempo real mi ubicación”, cuenta.
Poco después Gustavo Manzano agredió a Edgar Martín tomándolo por el cuello, y después se le unieron otros dos de sus acompañantes. Cuando las amenazas de muerte continuaban, el trató de alejarse caminando y después los funcionarios de la Propaeo se retiraron del lugar, pidiéndole que se fuera con ellos. El activista, sin embargo, decidió quedarse.
La situación bajó de tensión, pretendieron sobornarlo para que dejara que continuaran con la extracción del material pétreo; lo obligaron a subir a la camioneta, a borrar mensajes que había enviado y bajo amenazas, lo dejaron a la entrada de la comunidad de Unión Hidalgo.
Edgar Martín decidió interponer una denuncia penal contra sus agresores, quienes además lo amenazaron; también los acusa del delito de secuestro.
Ante el incremento de la inseguridad hacia su persona, el activista decidió permanecer en su comunidad, pero por el momento dejará de hacer trabajo de campo con el objetivo de no poner en riesgo su integridad.
