La nueva integración de la Cámara de Diputados, con mayoría calificada de la Cuarta Transformación (4T), desacató la orden judicial que impedía arrancar el proceso legislativo de la reforma judicial y amagó con promover juicios políticos contra los juzgadores que dictaron las suspensiones provisionales.
Los juzgados Quinto y Tercero de Morelos y Chiapas, respectivamente, concedieron suspensiones provisionales, con diferentes alcances, pero que ordenaban frenar la discusión de los cambios constitucionales, que incluyen la elección de juzgadores por voto popular.
El pasado sábado, Martha Magaña, jueza federal de Morelos, dictó la resolución para que el “dictamen de reforma Constitucional en materia judicial aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales no sea sujeto de discusión ni votación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ni mucho menos, de ser el caso, se turne al Ejecutivo para ser sancionado (momento en que podrá hacer uso del derecho de veto) y promulgado”.
Sin embargo, Morena y aliados arrancaron ayer su proceso deliberativo y amagaron con un juicio político, denuncia penal y queja ante la Judicatura contra los juzgadores que emitieron las suspensiones provisionales y actuaron bajo protesta, ya que se mantienen en paro de labores.
La Cámara de Diputados dio ayer publicidad a la reforma judicial y anunció que el próximo martes el dictamen se subirá al Pleno, con lo que se desacató el ordenamiento judicial que señala que se tenían 24 horas para informar de las acciones para que el dictamen ya no sea discutido, plazo que se venció ayer.
Al tiempo que vencía el plazo para que los legisladores informarán al Poder Judicial que acatarían la resolución, una fracción de diputados de la Cuarta Transformación anunció que buscarían juicio político y denuncia penal contra Martha Magaña y Felipe Consuelo Soto, quienes dictaron las suspensiones.
José Perdomo, experto de la Facultad de Derecho de La Salle, señaló a 24 HORAS que la Cámara de Diputados está obligada a acatar el ordenamiento judicial y que un desacato impactaría en el Estado de Derecho y causaría un desbarajuste en el sistema político mexicano.
En contraposición, Eduardo Andrade, exabogado general de la UNAM, escribió en su cuenta de X que existe una improcedencia de amparo en contra reformas constitucionales y calificó de una “monstruosidad jurídica” la suspensión provisional dictada por dos juzgadores.
Contraataque
Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, que junto al PVEM y PT estrenó ayer la mayoría calificada dijo que el miércoles quedaría aprobada la reforma judicial, lo cual coincidirá con la audiencia incidental para verificar si se aprueba la suspensión definitiva contra esos cambios.
El diputado detalló, luego de sostener la primera reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que la coalición oficialista considera que las acciones de los juzgadores es una franca intromisión, es una violación a la Constitución y no tienen ninguna competencia al respecto.
“Incluso se planteó iniciar acciones. Tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo, se planteó juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la Judicatura.
“Eso lo planteó, lo voy a decir con toda honestidad Sergio Gutiérrez Luna, quien fue invitado por nosotros a la Junta de Coordinación Política. Esto no se acordó, yo pedí que se retirará para analizar con mayor profundidad las tres acciones, pero están en el aire en el grupo mayoritario, aunque no se acordó, evidentemente y al no acordarse, tampoco se votó”, indicó.
Otros diputados emitieron una postura más conservadora sobre el tema: “Es darles mucha importancia, yo lo que estoy pidiendo hoy, en un punto de acuerdo es que se les haga un extrañamiento para que se ajusten al respeto de la Ley de Amparo”, declaró la morenista Dolores Padierna.
El también diputado de Morena, Pedro Haces, consideró necesario esperar “el abecedario empieza en la A y termina en la Z entonces hay que ir despacio”.
En tanto, la coordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna calificó como una “barbaridad que estamos en un momento en México donde ejercer la ley significa peligro”, postura a la que se sumó el senador panista Ricardo Anaya, quien dijo que iniciar un juicio político en contra de los juzgadores era “un despropósito”.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció al entregar el Sexto Informe de Gobierno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hará uso de su facultad de enviar “iniciativas preferentes” al arranque del primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura.
En un discurso más en tono partidista que institucional como representante del Poder Ejecutivo, Alcalde explicó que esa facultad fue rechazada por el mandatario porque “como ustedes saben, este recinto cuenta ya con las iniciativas de reforma a la Constitución que fueron aprobadas”.
“Les toca a ustedes tomar la última palabra y decidir qué sucederá, ustedes seguirán haciendo historia”. /Jorge X. López
Fuente: 24 Horas
