El escenario actual de la encrucijada del magisterio Oaxaqueño ante el asedio del gobierno estatal de Salomón Jara, y la cooperación, de manera tácita, del actual Comité Ejecutivo Seccional (CES), es muestra de una implosión que ya inició en las entrañas de la Sección 22. Cuya magnitud de las consecuencias dependerá de la participación y espíritu de lucha de las bases con un objetivo en común, no tirar a la basura los principios y valores por los cuales nació el movimiento, y lograr reivindicarse como un sindicato democrático y vigente.
Aunque lograr dicho objetivo es más una urgencia que una solución al conflicto actual. Ya que lo cierto es que existen elementos suficientes para deducir la correlación y amaño de este proceso en favor de una inestabilidad interna, del divide y vencerás y del todos contra todos. Mientras que la parte más interesada se encuentra viendo desde lejos y desde fuera como se destruyen entre sí con el daño que han logrado hacer hasta el día de hoy.
La clave de esta estrategia política se encuentra en el contenido de la conferencia semanal, también conocida como “la semanera”, un refrito mal hecho de la mañanera del presidente López Obrador, del 22 de mayo del 2023 por parte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
En esta conferencia, el mandatario estatal aseguró tener pruebas sobre acciones indebidas que los exlíderes de la Sección 22, Eloy López Hernández, Genaro Martínez Morales e Irán Santiago realizaron en contubernio con la administración de Alejandro Murat. Como, por ejemplo, conseguir para ellos y sus cercanos, dos diputaciones federales y candidaturas a presidencias municipales, a cambio, según lo dicho por el propio mandatario estatal, de negociar en lo oscurito la gobernabilidad en el estado durante la gestión anterior.
Sin embargo, lo más grave de las acciones indebidas de los exlíderes, fue ocultar 11.5 millones de pesos mensuales por concepto de recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Siendo un esquema que se trabajó, según Salomón Jara, con una persona moral, sin consulta de las bases, llamada Consulta Actuarios A.C., con la idea de optimizar la base tributaria de los trabajadores, mediante la revisión de las exenciones previstas en el artículo 93 de la ley de impuestos sobre la renta.
Bajo este argumento, dicho concepto del ISR se descontaba de los salarios de los profesores y trabajadores adheridos a la Sección 22. De acuerdo con Jara, dicho recurso por ese concepto, para la fecha de dicha conferencia, sumaban cinco quincenas del ejercicio 2022 y 9 quincenas transcurridas del ejercicio 23, alcanzando una suma de 73 millones de pesos.
Monto que, en palabras del gobernador, querían ocultar, pero al ser un movimiento federalizado, no fue posible. Por tal motivo, el tridente de exdirigentes, pretendían confundir y desinformar a la población y a las bases para recuperar sus privilegios sin importar la educación estatal, con el objetivo de pactar a través del chantaje.
Meses más tarde, en la mañanera del 10 de junio de 2024, envalentonado desde su púlpito y arropado por la cacería de brujas que ya había iniciado como consecuencia de las denuncias por supuestas irregularidades cometidas por la gestión del CES de los años 2017 al 2022, el mandatario estatal volvió a criticar la estrategia de lucha magisterial. Intentando iniciar una confrontación entre padres de familia y profesores teniendo como justificación de su embestida, el paro que abarcó del 15 de mayo al 8 de junio del presente año.
Puntualizando que era algo muy lamentable ya que los principales afectados eran las y los estudiantes oaxaqueños, y por lo cual los mentores deberían de disculparse con los padres de familia. Acción que sin duda era una señal de su intención de inmiscuirse en la vida interna del sindicato magisterial, a pesar de que se autoproclama como aliado del magisterio. Aún y cuando no votó en favor de la reforma educativa del 2019, misma que beneficiaba directamente al magisterio Oaxaqueño.
En este juego perverso, indudablemente se ve involucrada la actual secretaria general de la sección 22, Yenny Pérez, así como todos los miembros del actual CES. Principalmente, porque tomando en cuenta todas las evidencias y acciones recientes en contra de 118 exintegrantes de la estructura sindical encabezada por Eloy López, se puede deducir que la actual dirigencia no cuenta con los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones. O, que simplemente se confirma que están en contubernio con el gobierno del estado.
Esta hipótesis también parte de tres aspectos significativos que para cualquier Comité Ejecutivo Seccional de la sección 22 con el mínimo conocimiento no podía pasar por alto.
En primer lugar, las devoluciones de impuestos no las entrega el gobierno estatal, en todo caso es función de la SHCP, y no puede existir un ocultamiento de información porque ésta llega de forma personal a través del buzón tributario del SAT. Sin dejar de mencionar que los maestros adheridos a la sección 22, por acuerdo de asamblea, no están obligados a hacer su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, ni su declaración de impuestos. Sin lo cual no se puede determinar el saldo a favor para una posible devolución; que, en su caso, el reintegro es directamente a cada profesor contribuyente a la cuenta que éste indique. Pequeño detalle que es del conocimiento de un número importante de profesores cuyos hijos estudiaron contaduría o carrera afín.
En segundo lugar, además de prestarse al juego del gobierno del estado para realizar una convocatoria para recibir presuntas irregularidades de exdirigentes, en lugar de resolver la problemática de manera interna, a Yenny Pérez y su estructura sindical, se le olvidó que cada área tiene funciones diferentes e independientes. De tal modo que existen asuntos que se desconocen entre cada área, dicho esto, ¿quién determinó castigar a todos los integrantes de un CES? Este detalle hace pensar que su intención no es combatir la corrupción de manera eficiente, sino, por el contrario, complicar más lo que ya es muy espinoso para el movimiento magisterial.
En tercer lugar, el CES encabezado por Yenny Pérez olvidó algo muy básico pero trascendente de todo sindicato: su deber es proteger a los trabajadores, no ser ejecutores de un ente patronal.
Estos tres puntos determinan que el contexto sindical actual de la Sección 22 muestra una visible decadencia.
La falta de escuela para la formación de nuevos cuadros ha llevado a la improvisación con la imposición de lo más dóciles, pero no así de los más preparados. Situación que no inició con Yenny, es un problema de por lo menos de hace dos décadas; pero cuya gestión de la actual secretaria general será la encargada de terminar con todo intento de resurgimiento por parte del magisterio Oaxaqueño.
Para muestra, su reciente asamblea estatal del 31 de agosto, no se llevó a cabo ante la falta quorum. Por sí misma la falta de asistencia no es sorpresa, ya que tradicionalmente se sabe que cuando los grupos internos no cuentan con la coordinación suficiente para llegar con acuerdos, no se motiva la asistencia a dicha asamblea. Situación que también sucede cuando la dirigencia o factores externos a las bases así lo desean.
En otras palabras, la reciente cancelación de la asamblea estatal bien pudo estar alimentada por la incertidumbre de la dirigencia y sus asesores, tanto internos como externos, ante la escalada de inconformidad en su contra, y, por ende, de su latente cese. Y a pesar de que, durante la movilización del 4 de septiembre, Yenny se diera un baño de pueblo argumentando que no existe atención a sus demandas educativas y por lo cual efectuarán acciones más radicales, lo cierto es que sus acciones dictan todo lo contrario a lo que de su ronco pecho sale y todo lo que se puede deducir ante las claras evidencias de sus controversiales decisiones.
En manos del propio magisterio se encuentra qué tan profundos serán los daños ocasionados por la actual dirigencia, pero también alimentados por la obsolescencia de sus métodos y falta de un relevo generacional adecuado. Además, todo lo aquí planteado no tiene por objetivo convencer que no se castigue a los que tienen que pagar por las consecuencias de sus actos, por el contrario, se debe de realizar de manera democrática y utilizando los propios métodos magisteriales. Porque a pesar de que la inhabilitación sea temporal, el simple hecho de la inclusión y aplicación del término “inhabilitación” utilizado en las instituciones de gobierno, es muestra del pobre conocimiento político por parte de los actuales líderes sindicales.
