Mario Romero/Álvaro Morales
Un Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Distrito del Poder Judicial de la Federación comenzó un proceso de inejecución de sentencia que podría desembocar en la destitución del presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Christian Baruch Castellanos Rodríguez, y del tesorero de la misma población, Cristino Sánchez Rojas, luego de que ambos funcionarios se han negado a devolver una multa de 27 mil 500 pesos que le fue cobrada a un ciudadano de manera ilegal a través de la Policía Municipal, con el argumento de haberse mal estacionado en la vía pública.
Al determinar que la acción fue inconstitucional, en primera instancia, un Juez Federal ordenó la devolución del monto cobrado al ciudadano en 2023; sin embargo, el edil y el tesorero se negaron a acatar la resolución por lo que el caso escaló a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al cual tampoco se le han respetado sus determinaciones, por lo que se promovió un proceso de inejecución de sentencia, explicó el agraviado, Ángel Reynaldo Cruz Reyes.
Privación ilegal de la libertad
Los hechos ocurrieron una madrugada del año pasado cuando Cruz Reyes a bordo de una camioneta se dirigía a su domicilio en el municipio de San Antonio de la Cal, junto con seis personas más, entre ellas una recién nacida de dos meses y tres adolescentes.
Sin embargo, en el trayecto, el hombre detuvo la marcha de la unidad en jurisdicción de Santa Cruz Amilpas debido a que la recién nacida presentaba vómitos y diversos malestares.
Luego de detenerse, fueron abordados por elementos de la Policía Vial de aquella demarcación, quienes bajo la excusa de que el vehículo se encontraba mal estacionado ordenaron que fuera remolcado al encierro, a pesar de las explicaciones de los ocupantes.
Cerca del lugar, se llevaba a cabo un operativo alcoholímetro.
Fiscalía, notificada; piden que siga investigaciones
Además, la Fiscalía de Oaxaca mantiene abierta una denuncia penal interpuesta por el mismo ciudadano por el delito de privación ilegal de la libertad, pues la Policía Vial de Santa Cruz Amilpas remolcó el vehículo con las siete personas adentro.
Durante cuatro horas, desde las dos de la mañana hasta las 6:00 horas, las personas permanecieron incomunicadas en el interior del vehículo y en el interior del encierro.
Al filo de las 6 de la mañana, los dejaron salir del encierro, pero les exigieron 27 mil 500 pesos para recuperar el vehículo.
“Estamos tramitando un incidente de inejecución de sentencia ante el Segundo Tribunal Colegiado y estamos pidiendo la destitución de estos servidores públicos por estos delitos en los que han incurrido”, indicó el ciudadano.
“Le solicitamos al Fiscal que intervenga ya que su abogado, Jaime Alejandro Velázquez Martínez, desde principios de año turnó todos los documentos con la agente del Ministerio Público, Asunción Jiménez Sánchez, y se le asignó a la agente Estatal de investigaciones, Grecia del Carmen Maldonado Ruiz, y es el momento en que no hay ningún avance en la carpeta de investigación”, crítico el denunciante.
“Nos privaron de la libertad a menores de edad; entonces, sí es una injusticia y queremos que estas autoridades paguen por los delitos que cometieron.
“El juez de Distrito y el Tribunal Colegiado ya les ordenó que hagan la restitución de ese dinero, pero estos delincuentes están desacantando el mandato judicial. No están obedeciendo las órdenes del juez y por eso se está promoviendo el incidente de inejecución de sentencia para que sean destituidos de su cargo”, reiteró el automovilista.
Asimismo, resaltó que no es necesario que en Oaxaca se sigan contabilizando víctimas mortales, como fue el caso del joven Diego Ignacio Paz, quien fue muerto en un operativo alcoholímetro por elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, para que la autoridad estatal intervenga e imparta justicia.
Ante ello, pidió también que se inicie un juicio político en contra del primer concejal y el tesorero de Santa Cruz Amilpas.
“También solicitó al gobernador, Salomón Jara, que intervenga y que se inicie con un juicio político y que le diga al Fiscal que continúe con el proceso de investigación porque no podemos tolerar estos abusos de estas autoridades municipales”, reiteró el agraviado.
