La protesta partió de la Fuente de las Ocho Regiones y se dirigió al centro de la ciudad.
Los inconformes aseguraron que el nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar pretende desconocer las conquistas sindicales de 7 mil trabajadores contemplados como regularizados y formalizados, y someterlos a nuevas condiciones generales de trabajo.
“Hoy tenemos un panorama incierto al afectar nuestra estabilidad laboral ya que los compañeros regularizados y formalizados serán pasados a IMSS Bienestar como comisionados, implicando con ello estar disponible a donde la autoridad quiera enviarlos”, denunciaron.
En ese sentido, refirieron que la determinación echará “por la borda el proceso escalafonario mediante el cual los compañeros han sido adscritos; es decir, no vale la antigüedad de 10 o 15 años de servicio al estado, además de los logros obtenidos como trabajadores sindicalizados”.
Antes de partir, representantes de los trabajadores sostuvieron que el IMSS Bienestar tiene la misma articulación y objetivos que tuvo el Seguro Popular.
“En el año 2000, se implementó el Seguro Popular en donde se les hizo creer a los usuarios sin derechohabiencia social que tendrían todo lo que necesitarían para su atención médica…
“Fue un programa más, que sólo sirvió para iniciar con la privatización de la salud, ya que nunca resolvió el desabasto de medicamentos e insumos para brindar una atención de calidad y calidez que tanto se pregonaba desde entonces; sin embargo, para lo que sí sirvió fue para afectar a los trabajadores desapareciendo”.
Desde la creación del Seguro Popular y hasta la actualidad, afirmaron, los gobiernos han saqueado en el área público a través de la outsourcing y el cobro de moches.
Con el pretexto de subrogar los servicios de salud, resaltaron, las autoridades desaparecieron los códigos de personal de limpieza y de vigilancia, dando la entrada a las empresas privadas dentro del sector público.
“Comenzaron las empresas privadas farmacéuticas a surtir los medicamentos, material de laboratorio y mantenimiento de los equipos; empresas privadas de lavandería, convirtiendo así a los servicios de salud en la caja chica del gobierno tanto federal como estatal para encubrir todo un saqueo a la salud pública”, subrayaron.
Los únicos beneficiados, acusaron, con esos proyectos fueron los grandes empresarios y los políticos, quienes se enriquecieron “ a través de las ganancias que estas empresas privadas generaban a los representantes gubernamentales y directivos de los servicios de salud”.
Mientras tanto, agregaron que, además de la clase trabajadora, el sector desfavorecido seguirá siendo la población empobrecida “al continuar viendo como un negocio la atención a la población, además de continuar con el abandono y desabasto de los hospitales y centros de salud carentes de todos los insumos y medicamentos, además de no contar con la infraestructura adecuada para poder dar una verdadera atención de calidad y calidez”.
