Mario Romero/Álvaro Morales
La abogada Argelia Betanzos y un grupo de ciudadanos y ex presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón acusaron a las autoridades judiciales de Oaxaca de negarse a cerrar los juicios en contra de un grupo de pobladores de aquella demarcación de la región de la Cañada –hoy Sierra de Flores Magón–, a pesar de tener evidencias –según su versión– de que los testimonios que los involucran son falsos.
La defensora de los acusados reiteró sus señalamientos contra la ex secretaria de la Mujer de Oaxaca y próxima diputada local por Morena, Elisa Zepeda, y contra su familia, de haber orquestado una serie de acusaciones sin fundamento, pero en contubernio con autoridades ministeriales y judiciales para mantener presos o bajo proceso a un grupo de indígenas.
En conferencia de prensa, Betanzos resaltó que el único motivo por el que el proceso judicial permanece abierto, es por un señalamiento hecho de manera directa por el ex edil de la población Manuel Zepeda Cortés, padre de Elisa Zepeda, quien es considerado como testigo principal por las autoridades, a pesar de que tanto él como su familia han reconocido que no presenció los hechos, ocurridos el 14 de diciembre de 2014.
Luego, Argelia Betanzos acusó que las personas presas y las que han recobrado su libertad aunque siguen siendo procesadas, han sido acusadas de asesinar al joven Manuel Zepeda, hermano de Elisa Zepeda; sin embargo, afirmó que el hombre de 25 años apareció muerto después de haber sido entregado con vida en Huautla de Jiménez.
“Deberíamos esperar que esa persona contara un testimonio fidedigno, pero no es así. En el caso de los presos de Eloxochitlán no existen testigos que puedan sostener una narrativa que se fabricó”, señalo Betanzos.
La mujer retomó una entrevista publicada por el portal de noticias Aristegui Noticias, en donde Elisa Zepeda admite que su padre no se encontraba en el lugar de los hechos, a pesar de haber firmado una testificación por escrito.
“Cómo es posible que los jueces han sostenido por 10 años una acusación contra indígenas inocentes de un testigo que no existió y que solamente firmó un testimonio fabricado por la procuraduría, por el ex procurador Héctor Joaquín Carrillo, y por el ex gobernador Gabino Cué”, subrayó.
El objetivo de la acusación, abundó, fue desarticular los movimientos sociales que se suscitaban en aquel momento en Eloxochitlán de Flores Magón.
Los imputados fueron 40 representantes comunitarios, incluidas seis mujeres. En total, casi una decena de ciudadanos han recobrado su libertad tras haber sido detenidos y tras promover juicios de amparo.
En junio pasado, tres personas más vinculadas con el caso recuperaron su libertad después de haber pasado una década en prisión y sin sentencia: Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán.
Argelia Betanzos apuntó que para intentar sostener la acusación, la entonces Procuraduría de Oaxaca presentó dos testigos más, quienes firmaron documentos que contenían una versión idéntica a la que presentó el padre de Elisa Zepeda.
Sin embargo, uno de los testigos presentados por las autoridades, en 2018 fue interrogado por los representantes de la defensa de los presos políticos, y ahí reconoció que nunca había acudido ante un Ministerio Público.
*Admitió que él nunca declaró ante el Ministerio Público. Eso demuestra que su declaración es una copia de la falsa declaración de Manuel Zepeda”, dijo Betanzos.
Luego, el supuesto testigo reconoció que firmó el documento porque se lo llevaron a rubricar.
Sobre el lugar donde murió el hermano de Elisa Zepeda, la abogada leyó un informe de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) donde los elementos admiten haberse encontrado con una patrulla municipal de Eloxochitlán, donde el extinto viajaba en calidad de detenido, con lo que se descarta la aseveración de que murió en la explanada municipal de la demarcación, como se ha sostenido.
“Los propios agentes estatales no pudieron ocultar que se entrevistaron con él y por supuesto los compañeros lo entregaron al ministerio público”, indicó la especialista.
A lo anterior, se suman otros hechos presentados por la defensa de los presos políticos como el hecho de que el exedil de Eloxochitlán reconoció haber tenido comunicación directamente con el entonces procurador Carrillo Ruiz y quien fue él que le notificó de manera telefónica la muerte de su hijo un día después del enfrentamiento.
Manuel Zepeda padre fue presidente municipal de aquella demarcación entre 2011 y 2013 y el conflicto ocurrido en diciembre de 2014, se suscitó entre el bando que encabezaba Zepeda y un grupo antagónico